La Vertiente Artiguista elabora marco legal para garantizar control y seguimiento

Reclaman intervención del Tribunal de Cuentas en empresas mixtas

«El auge de las economías regionales y los bloques comerciales», explicó el senador Enrique Rubio, «determina que muchas empresas públicas deban trascender las fronteras nacionales en asociaciones con entidades públicas y privadas.

En muchos casos, la red de negocios en el exterior de una empresa pública puede llegar a ser mayor que en el interior del país.

Se torna más que conveniente establecer una normativa que asegure la intervención del Tribunal y el Parlamento en los planes de desarrollo de las empresas públicas».

Entrevistado por LA REPUBLICA, el senador vertientista destacó que el marco normativo elaborado por la bancada determinaría que el Tribunal de Cuentas y el Parlamento podrían «hacer un seguimiento», «expedirse sobre la legalidad», y «ejercer un control efectivo» sobre todas las «entidades públicas no estatales», así como ahora lo hacen sobre todas las empresas del Estado en cuanto a licitaciones, asociaciones o balances.

«La realidad avanzó más que la normativa legal y las entidades públicas no estatales florecieron en los últimos años como nadie lo hubiera previsto», indicó Rubio, quien luego afirmó:

«Es necesario y conveniente elaborar un marco jurídico claro que asegure un debido control sobre emprendimientos que comprometen el patrimonio público».

Importante volumen de negocios

Rubio advirtió que el carácter de «entidad pública no estatal» comprende instituciones tan diversas como la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y Pluna SA.

«Otros casos», agregó Rubio, «son empresas públicas como Ancap, UTE y Antel que enfrentan procesos de desregulación y desmonopolización y además están siendo afectadas por cambios tecnológicos que obligan a una asociación con capitales privados para mantener niveles de competitividad».

Rubio señaló que las principales empresas públicas tienen en el exterior un volumen de negocios que en muchos casos es superior a la cantidad de negocios que realizan dentro de las fronteras nacionales.

Destacó además que el nuevo marco normativo se hace más necesario en caso de concretarse asociaciones mixtas como la prevista para el caso del Puerto de Montevideo.

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