Ex ministro de Apelaciones y ex asesor del Ministerio del Interior critican a Stirling

Carlos Peláez – Maldonado

La destitución del inspector Roberto Rivero, ex director nacional de Policía, por investigar presuntas conexiones del periodista Danilo Arbilla con el Cártel de Juárez –una de las mayores organizaciones de narcotraficantes del mundo– tomó anoche un giro diferente que apunta directamente a la responsabilidad del ministro del Interior, Guillermo Stirling.

El 29 de marzo pasado Stirling constituyó domicilio legal en la Jefatura de Policía de Maldonado y le solicitó a la jueza de 4º Turno, doctora Fany Canesa, «el archivo de las actuaciones judiciales a que dieran lugar los oficios número 24 del 16 de marzo y el número 8/B/2000 del 24 de marzo, provenientes de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Delegación Este)». El secretario de Estado fundamentó su petición en que «al tomar conocimiento en el día de hoy de los referidos escritos, ha comprobado la total falta de fundamentos probatorios que ameriten la investigación solicitada, por lo que de seguir adelante los mismos afectarán el honor de personas e instituciones mencionadas».

En el mismo documento, Stirling informó que abriría una investigación administrativa, que quedará a cargó del subsecretario Daniel Borrelli «y en caso que lo amerite se efectuarán los sumarios correspondientes y si de ellos surgieran aspectos delictivos se informará de inmediato a la sede». Antes de firmar reiteró «que por todo lo expuesto solicita a usted la medida de archivo».

A cualquier observador llamará poderosamente la atención la presteza que tuvo el ministro para solicitar el archivo de una investigación, que seguramente llevaba varios meses. Según reconoció Arbilla al diario El País, «el 28 de marzo le informé de la situación al presidente Jorge Batlle. Era cerca de la medianoche, se levantó de su silla y a los cinco minutos vuelve. El ministro del Interior no sabía nada. Y ahí nos dice que había despertado al ministro y le pidió que este señor mañana traiga las pruebas de por qué Arbilla es el principal responsable del Cártel de Juárez. Si las tiene se seguirá averiguando y si no las tiene habrá que tomar medidas».

Exactamente al otro día, el propio Rivero presenta ante la jueza la solicitud de Stirling. Todo apunta a indicar que no existían las pruebas reclamadas por el Presidente de la República. Sin embargo, el 17 de abril Rivero presenta un extenso informe, de unas 20 páginas, donde fundamenta la solicitud para continuar investigando. Pero, fuentes cercanas a esa investigación indicaron que «se le denegó el permiso por segunda vez». Ese informe sólo estaba en poder del ministro Stirling y del subsecretario Daniel Borrelli. De acuerdo a lo que Arbilla exhibió el viernes a la colega Sonia Breccia, ese informe también lo tiene él. Sólo que no explicó cómo llegó a sus manos, ya que se trataba de una investigación que lo involucraba.

«El Ministro no tiene potestad para pedir que se detenga una investigación»

El doctor Daniel Pereyra Maneli, ex ministro del Tribunal de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia y el abogado Rafael Barla, ex asesor jurídico del Ministerio del Interior coincidieron al afirmar que «la potestad de continuar la investigación de una causa es de resorte exclusivo del magistrado».

Pereyra Maneli, consultado anoche por LA REPUBLICA sostuvo que «se trata de un señorío del juez, no puede detenerla un miembro del Poder Ejecutivo, ni siquiera podría hacerlo la Suprema Corte de Justicia». El ex magistrado consideró que «en un caso así el juez podría considerar conveniente dar vista al señor fiscal, que como representante de los intereses de la sociedad puede determinar o no la continuación de la investigación o el cierre de una causa».

Por su parte el doctor Rafel Barla, ex asesor jurídico del Ministerio del Interior entre los años1986 y 1990, sostuvo que «es la primera vez que veo a un ministro solicitando el cierre de una investigación. Me atrevería a decir que nunca había pasado antes».

Barla agregó que «el ministro puede pedir una rectificación de lo actuado por sus subordinados y la solicitud que haga al Poder Judicial del archivo de un expediente es una simple petición que no obliga de manera alguna».

Según el profesional «en tal caso el procedimiento debería ser dar traslado al fiscal que es el dueño de la acción. El Ministerio Público es el representante de la sociedad, por lo tanto es quien investiga, o no, un delito cuando ha sido puesto en su conocimiento y sea perseguible de oficio».

Barla agregó que le llamaba la atención que el Ministro del Interior sostuviera que no se le había informado de los oficios presentados a la Justicia. «No es hecho común que se informe al ministro de todas las investigaciones que la Policía realiza.

Por ejemplo, no creo que el ministro de la época estuviera al tanto de las investigaciones que hizo el oficial Gonzalo Cozzolino sobre las actividades del narcotraficante Omar Clavijo en Maldonado».

A su juicio, la continuidad de las investigaciones dependen del Ministerio Público. «Si encuentra una línea de investigación a raíz de informaciones fehacientes de que hay invertido en Uruguay dinero proveniente del narcotráfico y se puede probar que esas personas invirtieron acá, el fiscal debería continuar investigando»