Los cinco errores del ministro Stirling

El ministro Guillermo Stirling se equivocó. No tengo duda alguna de ello.

El pedido a la Justicia el 30 de marzo del archivo de la investigación sobre las adquisiciones del Cártel de Juárez en Uruguay porque éstas implicaban investigar –no condenar– al director del semanario Búsqueda y vicepresidente de la SIP y al escribano de éste y de los narcotraficantes en todas las compras de la mafia en nuestro país es el primer error.

Un error agravado por la amistad declarada del ministro escribano Stirling, con su amigo el escribano de Arbilla.

El arresto por 20 días del jefe de la Delegación Este de la lucha contra el Narcotráfico por pedir a la jueza Fany Canesa que investigue los hechos fue el segundo error.

El arresto por 30 días al ex director nacional de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas por las mismas razones fue el tercer error.

El rechazo a la extensa fundamentación de 18 páginas de su director nacional de Policía pidiéndole el 17 de abril que le permita reabrir la investigación sobre las operaciones realizadas por el Cártel de Juárez en nuestro país es el cuarto error.

La fulminante destitución de quien es uno de los policías más brillantes y honestos que saliera de las filas del Instituto Policial, enemigo declarado del narcotráfico cuando ejercía hasta febrero de este año la Dirección Nacional de la Lucha contra las Drogas y a partir de marzo el titular del cargo más importante de la jerarquía profesional policial, obtenido no a dedo, que lo rechazó, sino por concurso, que lo ganó limpiamente, es el quinto error que corona toda esta serie de desatinos inexplicables. Agravado por sus expresiones públicas sobre la óptima ideoneidad moral y profesional del inspector general cesado.

LA REPUBLICA ha sido el diario crítico que más veces ha aplaudido la gestión del ministro Stirling. El propio ministro lo ha reconocido y él bien sabe que nunca nuestra conducta ha sido guiada por la complacencia o la adulonería. Fue un gran ministro y quizás pueda –en nuestro personal concepto– seguir siéndolo si estos errores se convierten en la excepción que confirma la regla.

Tengo de él el mejor de los conceptos. Y quiero seguir teniéndolo. Pero si callara lo que pienso de esta serie de conductas inexplicables y contrarias al sentido común y a las obligaciones del funcionario público, estaría traicionando la razón de ser de mi vocación de periodista comprometido con la transparencia y la búsqueda de la verdad. Si no lo hiciera sería mejor que renunciara al periodismo y me dedicara –como diría mi admirado amigo Rofolfo Walsh– «a construir bateas para que abreven los chanchos» o si no, acaso, a lavar dinero.

Flaco favor le hizo el ministro Stirling a su amigo el escribano Morassi y a nuestro colega Danilo Arbilla.

Cuando Arbilla se reunió con el ministro y antes o después lo hizo por el mismo motivo con el Presidente de la República y con el vicepresidente Hierro López, el ministro debió haberle aconsejado que las sospechas eran tan absurdas que si en verdad nada tenían que ver con el narcotráfico, la investigación culminaría con la plena inocencia, tanto del vicepresidente de la SIP como del escribano Morassi.

No existe otro instituto en este país que otorgue el más pleno certificado de inocencia que el Poder Judicial.

¿Por qué suspendió la investigación?

¿Por qué cuando su director nacional le dio la oportunidad de rever su decisión en un fundado informe de 18 páginas, el ministro insistió en que no se investigara?

¿Por qué destituyó al investigador?

¿Por qué clausuró la Delegación Este contra el Narcotráfico?

Todos estos procedimientos lo único que provocan es aumentar las sospechas, no disminuirlas.

Si Arbilla y Morassi son inocentes, que por mi parte creo que es lo más probable que así sea, lo mejor que les hubiera ocurrido es que la Justicia de Maldonado, que tiene el caso y los investigadores que llevan a cabo las indagatorias, culminen su gestión.

El fallo de la Justicia y sólo el fallo final terminará con las sospechas construidas sobre las bases de la venta de la casa de Arbilla a los narcotraficantes con un presunto sobreprecio que no está probado, sobre la base de que el escribano de Arbilla fue el escribano que intervino en todas las transacciones del Cártel de Juárez en Uruguay y sobre la base de tres presuntas llamadas que se realizaron recientemente desde las oficinas de Arbilla a la central del narcolavado regional.

Nadie acusó a Arbilla de tener conciencia de que estaba vendiendo un bien a narcotraficantes, sólo se informó que los narcos le compraron su casa.

Nadie probó que la casa de Arbilla valía mucho menos de lo que le pagaron los narcos.

Nadie acusó al escribano de Arbilla, amigo del ministro Stirling, de tener conciencia de que había sido contratado por el Cártel de Juárez para intervenir en todas las transacciones de la mafia en Uruguay.

Y nadie tampoco acusó a Arbilla de haber sido él quien llamó desde sus oficinas a la central del narcolavado regional los días 4 de octubre y 3 de noviembre. En este punto, por otra parte, Arbilla negó todo contacto directo o indirecto con el Cártel de Juárez.

Obviamente lo que la jueza Fany Canesa de Maldonado iba a investigar, si el ministro no retiraba el caso, es si esas llamadas existieron en realidad. Nada más fácil que pedirle a Antel las facturas de los recibos de teléfonos del semanario Búsqueda de octubre y noviembre del año pasado y si las llamadas no existían el caso quedaba cerrado.

En mis cuarenta años de periodismo he aprendido que la mejor defensa ante las sospechas, las calumnias y los complots es no ocultarlos sino hacerlos públicos y recurrir a la Justicia.

Fui acusado de homicidios y hasta de asaltar bancos. No recorrí despachos de ministros o jefes de Estado. Recorrí sólo juzgados. Aporté pruebas, colaboré con la Justicia, difundí la propia calumnia contra mi persona y obtuve el procesamiento y la condena penal de mis difamadores en todas las instancias y quedé libre de toda sospecha.

El camino inverso es un camino empedrado de colas de paja, que no creo ninguno de los protagonistas de estos lamentables episodios deben recorrer.

Pero, por otra parte, cómo es posible que se disuelva la Delegación Este de la Lucha Antidrogas, una de las más sensibles en la introducción del flagelo, cómo es posible que se arreste por veinte días a su jefe por investigar y cómo es posible que se destituya al director nacional de Policía por el mismo tema, cuando cuatro agencias norteamericanas informaron a nuestro país que mediante la «Operación Casablanca» habían descubierto el narcolavado de dólares en Uruguay y pedían se investigara hasta las últimas consecuencias.

¿No estará el señor ministro Stirling con sus decisiones violando además del artículo 46 de la Constitución nacional, el artículo 29 del Decreto 14.294 que estableció las obligaciones de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas que obliga a la colaboración internacional en esa lucha y los artículos de la Ley 17.016 y los que rigen el Tratado de Asistencia Mutua entre Estados Unidos y Uruguay para combatir los narcolavados de los cárteles de la droga?

Porque acá uno de los temas es que quede a salvo la honorabilidad de Arbilla y de su escribano pero no es el único tema.

Cuatro agencias norteamericanas –la DEA, el Departamento del Tesoro, la Policía aduanera y la Dirección de Impuestos Internos– pidieron a nuestro país ayuda para investigar a fondo todas las operaciones ya comprob
adas del narcolavado llevadas a cabo en nuestro territorio por el Cártel de Juárez. Nos dieron todos los datos, nos remitieron los nombres de todas las sociedades detrás de las que se escondieron, nos proporcionaron las identificaciones de los representantes de esas sociedades que viajaban personalmente con dinero para realizar las compras en nuestro país y hasta nos entregaron los datos sobre los vendedores, los escribanos, los montos de las operaciones y finalmente nos dijeron: «ahora les toca a ustedes».

Y nuestra respuesta fue ignorar el Tratado contra los grandes cárteles de la droga signado entre Estados Unidos y Uruguay en 1993, archivar las investigaciones, suprimir la Delegación Este de la Lucha Antidrogas, poner preso al investigador durante 20 días por querer investigar, para culminar luego con el arresto por 30 días al director nacional de Policía por la misma razón y finalmente cesarlo en su cargo.

¿Qué dirán en la central mundial de la lucha antidrogas sobre las actitudes de nuestro país?

Mientras el gobierno argentino, mexicano y norteamericano denuncia penalmente, les incauta los bienes, congela sus fondos e inmoviliza físicamente a las mismas personas –Di Tulio y «Mercado Abierto SA»– que le compraron la casa a Arbilla y cuatro campos en Flores, nuestro gobierno ordena el archivo de la causa.

¿Qué está pasando en nuestro país?

¿Estamos acaso viviendo el mundo al revés?

¿No sabe acaso el señor ministro que los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley 17.016 que nos rige, castiga con penas de 10 años de penitenciaría a los que «realicen cualquier tipo de transacción» cuya contrapartida «sea producto de tales delitos tipificados por la presente ley» (se refiere a la Ley contra el Narcolavado) o al «que oculte» o al «que asista» o al que «le prestare cualquier ayuda, asistencia, o asesoramiento».

¿No correspondía entonces que, por lo menos, para dejar bien claro que se cumplía con el Tratado y con la ley vigente, abrir la causa y preguntarle al vicepresidente de la SIP, Danilo Arbilla, y a su escribano que explicaran todo lo que quisieran preguntarles los investigadores?

Tengo la certeza de que si el ministro Stirling quizás escandalizado por la magnitud de la sospecha no hubiera cerrado por decreto el tema y la jueza Fany Canesa hubiera podido interrogar al periodista y al escribano, el escándalo no hubiera detonado y el buen nombre de ambos profesionales quedaría fuera de toda duda razonable.

Pero como en todas las cosas de la vida, errar es humano, pero también es muy humano rectificar el rumbo equivocado.

Yo le pido al ministro Stirling en aras de la salud pública, de su bien ganado prestigio como servidor de la Nación, de la credibilidad de la ciudadanía en la transparencia y en las instituciones, por el bien de su amigo el escribano Morassi y por el honor de mi colega Danilo Arbilla que permita que la investigación se lleve a cabo.

Se lo agradecerán todos los involucrados.

No se arrepentirá.

Federico Fasano Mertens

Director