LA REPUBLICA ofrece a Arbilla publicar las facturas de Antel

LA REPUBLICA se contactó ayer telefónicamente con Danilo Arbilla, tras varios intentos infructuosos. La intención era pedirle que nos entregara las facturas de Antel correspondientes a 14 líneas telefónicas de Montevideo y una de Punta del Este, desde donde la Inteligencia Antinarcóticos afirma que se realizaron tres llamadas el 4 de octubre y el 3 de noviembre del año pasado a la central financiera que tiene el Cártel de Juárez en la región.

Confiábamos en que su exhibición terminaría con la ola de sospechas sobre el director de Búsqueda y su escribano. El encargado de transmitirle el ofrecimiento fue el secretario de redacción, Gabriel Mazzarovich, quien informó que no le fue posible formular la solicitud ya que Arbilla le manifestó, visiblemente molesto, que no quería tener trato alguno con nuestro medio.

De todos modos, LA REPUBLICA mantiene su ofrecimiento y su dirección volvió a reiterar hoy que sigue confiando en que ni él ni su escribano tengan nada que ver con el Cártel de Juárez, pero que la mejor forma de clausurar el caso es colaborando con la Justicia y con la opinión pública como lo hacen todos los ciudadanos inocentes de nuestro país.

LA REPUBLICA, como todos los periodistas del Uruguay, más allá de diferencias, desea que las sospechas sobre el colega y también sobre su amigo el escribano Morassi carezcan de fundamento.

En ningún momento LA REPUBLICA acusó a Arbilla de saber que estaba vendiéndole su casa en U$S 550.000 a los narcotraficantes sino que éstos se la compraron, lo que no es lo mismo. Si sabía o no, o si los llamó dos años después o no, lo tendrá que dilucidar la Justicia.

El pedido de Rivero para reabrir la investigación

Mientras el escribano de Arbilla, Javier Morassi, que fue contratado no sólo por el director de Búsqueda para venderle su casa a los narcos sino que también por el Cártel de Júarez para intervenir como profesional en todas las transacciones del lavado de dinero en Uruguay, niega con claridad haber sabido de quiénes se trataba, fuentes policiales hicieron llegar a LA REPUBLICA una de las páginas del informe del inspector general Rivero al ministro Guillermo Stirling, donde éste menciona la venta de la casa de Arbilla y la actuación del notario.

El documento que ayer se nos informó contiene 18 páginas y está titulado como “Solicitud para continuar con investigación de lavado de activos” informa en su página 15 bajo el capítulo VI subtitulado “Situación actual” sobre algunos aspectos de este polémico caso.

El documento ratifica expresamente que el chalet de Arbilla en Punta del Este lo compraron los “narcolavadores mexicanos” a través de “la organización Di Tullio”.

También se refiere expresamente en los considerandos 6 y 7 a la participación del escribano Javier Mario Morassi Olondriz en todas las operaciones del Cártel de Juárez en Uruguay y su actuación como presta domicilio de las dos sociedades mafiosas.

El pedido firmado por el inspector general, Roberto Rivero, el 17 de abril último, en su calidad de director nacional de Policía, solicitó al ministro Stirling que reabra el caso que el mismo ministro pidió archivar a la Justicia.

El ministro Stirling resolvió de inmediato no hacer lugar al pedido de investigación solicitado por su director nacional de Policía y ex director de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid)

Dice textualmente el capítulo VI de la solicitud del ex director nacional Rivero al ministro Stirling:

Situación actual

A principios de marzo, recibidos los documentos ampliatorios tanto de la Gendarmería argentina como de US Customs Service, y estando en ebullición periodísta el caso en Buenos Aires, la DGRTID, estaba al tanto, por lo menos.

1) Que efectivamente el bien adquirido en Punta del Este lo había sido por la organización Di Tullio, a nombre de los narcolavadores mexicanos.

2) Que por alguna razón no había firmado Di Tullio sino su Vicepresidente en Sasur SA, Mirta Beatriz Llera.

3) Que por alguna razón el Sr. Di Tullio, inmediatamente de comprada la sociedad, había salido del Directorio.

4) Que finalmente Sasur SA había derivado en mano de un principal implicado en la Operación Casablanca, representante supremo de los mexicanos, el Sr. Jaime Martínez Ayon, su actual Director.

5) Que al tenor de los continuos viajes registrados en el mismo vehículo desde Argentina a Uruguay y viceversa una relación unía a Nicolás Di Tullio y a Beatriz Llera, así como de ambos con Raúl Oscar Marinone, Presidente de Idafal SA, compradora de cuatro campos en Uruguay, por cerca de 4.000 hectáreas.

6) Que el Escribano Javier Mario Morassi Olondriz había participado en las operaciones de compra por parte del grupo tanto en Punta del Este como en los campos de Flores. Incluso, se había derivado hacia su estudio la sede de Sasur SA, originalmente residente en Punta del Este.

7) Que cabe preguntarse hasta qué punto el Escribano Morassi no conocía los antecedentes penales de su cliente Sr. Di Tullio, o el papel de testaferros de Beatriz Llera (Sasur SA) o de Raúl Oscar Marinone (Idafal SA). Debe tenerse en cuenta que el gobierno norteamericano había incautado el dinero de las cuentas del Citibank de Nueva York que proporcionaban fondos a Di Tullio en mayo de 1998, y Di Tullio –fondos incautados bajo acusación de narcolavado– hacía inversiones en Uruguay en octubre de 1998, seis meses después. ¿El escribano Morassi no conocía desde diciembre de 1999 –pese a los artículos de la prensa argentina y a las denuncias contra Di Tullio en Argentina y en Estados Unidos– la condición de su cliente y la naturaleza de los fondos?

Que las inversiones realizadas en Uruguay 1997 y 1998 se estaban ahora vendiendo, habiéndose concretado la de uno de los campos en el Departamento de Flores. Las condiciones de venta establecidas por el vendedor en todos los casos son flexibles a la baja en sus precios, hecho policialmente llamativo y de similitud de una típica maniobra de lavado de dinero.

9) Que aparentemente se estaba configurando una conducta similar a la ocurrida en Argentina por parte del mismo grupo –compra de campos y residencias valiosas– y a su vez la misma actitud vendedora de los bienes como causa de la persecución por parte de la Justicia de los adquiridos por el lavado de dinero fruto del narcotráfico”.