Tribunal penal para Blanco debe agregar un miembro por discrepancias entre sus titulares

El Tribunal Penal de 3er. Turno tiene a estudio la apelación presentada por la defensa de Blanco a la imputación de homicidio muy especialmente agravado, delito por el que fue procesado por el juez penal de 1er. Turno Eduardo Cavalli. En esa apelación el doctor Carlos Curbelo Tammaro (abogado de Blanco) pidió la clausura del proceso y la libertad definitiva de su cliente. El tribunal de segunda instancia también tiene a análisis el escrito presentado por la fiscal del caso, Mirtha Guianze, quien solicitó que Blanco regrese a prisión y se mantenga su enjuiciamiento bajo la imputación de homicidio muy especialmente agravado. Sobre ambos temas no hay acuerdo entre los ministros que integran el tribunal  José Bonavota, Ricardo Harriague y Eduardo Borges  y tampoco mayoría de dos a uno, por lo que se deberá integrar la sala nombrando a un ministro de otro tribunal penal.

Existen otros dos tribunales penales también integrados por tres ministros, entre esos seis magistrados se realizará un sorteo para definir quién integrará el tribunal de 3er. Turno y con su voto definirá lo relativo al caso de Blanco.

«Afirmar que el canciller comprometió sus servicios para encubrir la solución final, no es entonces una mera conjetura. Se apoya en todos los indicios anteriores, concomitantes y posteriores que se correlacionan sin fisuras, conforme a las reglas de la sana crítica. Blanco disponía de los medios idóneos para hacer pública la situación y evitar el resultado letal: era un diplomático de carrera, con acceso a foros internacionales. Si internamente no tuviera poder suficiente, le bastaba acudir a la comunidad internacional para poner fin al calvario de la víctima. Solamente su anuencia para encubrir el delito y su intervención positiva en ese sentido, pudo posibilitar que Elena Quinteros fuera eliminada sin dejar rastros», expresó Guianze en el escrito que presentó al tribunal.

Recursos del Ejecutivo

Por otra parte, el Tribunal Penal de 3er. Turno debe resolver sobre los recursos presentados por el Poder Ejecutivo en que reclamó la suspensión de las citaciones a declarar de militares que decretó el juez Alejandro Recarey, que suplió a Cavalli durante alguna semanas de 2003. Según fuentes consultadas, en su acuerdo del 10 de marzo es más que probable que los ministros del tribunal den su fallo sobre estos recursos.

En octubre del año pasado Recarey ordenó la citación a declarar de militares para que informen sobre el enterramiento de cuerpos en el Batallón 13º, inmediatamente salieron figuras de gobierno a decir que la ley de Caducidad no permitía que militares declararan por cuestiones referidas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, lo que fue desestimado por el juez, juristas y políticos de diferentes partidos. Ante la inminencia de la conducción por la Policía de los militares citados, el gobierno presentó recursos ante el Juzgado Penal de 1e. Turno, los que fueron desestimado por Recarey al considerarlos improcedentes y enviados al Tribunal Penal de 3er. Turno. *