El Poder Ejecutivo no hizo lugar a la recusación presentada por Peri
Fuentes del Poder Ejecutivo consultadas informaron que el gobierno no hizo lugar a la recusación del ministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán, presentado por el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, al presidente Jorge Batlle. Para el gobierno prima facie no hay méritos para que el ministro Guzmán fuera recusado en el procedimiento que se sigue a Peri,
y tampoco hizo lugar a la revocación presentada a Batlle por Peri. Igualmente, la recusación fue enviada al Ministerio de Educación y Cultura, que tiene un plazo de 5 días para responder.
Sin embargo, Raúl Alonso de Marco, abogado de Peri Valdez, dijo que tanto su cliente como él no fueron notificados de respuesta alguna del presidente Jorge Batlle sobre los recursos de avocación y de recusación que le presentaron a Batlle antes que Peri fuera sumariado con separación del cargo.
Uno de los escritos que presentó Peri al presidente Jorge Batlle al que tuvo acceso LA REPUBLICA expresa que «en definitiva: es inminente el riesgo de afectación de la estabilidad funcional y orgánica, con trascendencia a la opinión pública, en tanto existe un ministro que sanciona jerarcas del Ministerio Público sin motivo relevante (lógico ni jurídico), sin debido proceso legal y, en un caso, en forma innominada; que desestima el acceso a expedientes que no han sido declarados confidenciales ni reservados; que se niega a toda coordinación interinstitucional con este fiscal; que reiteradamente incurre en prejuzgamiento; y que carece por completo de imparcialidad para entender y decretar en todo cuanto guarda relación con este fiscal. Todo lo cual cobra particular relevancia al referirse a quien ejerce la jefatura directa del Ministerio Público y Fiscal y a quien incumbe la máxima jerarquía del Instituto». En los recursos de avocación y de recusación del ministro de Educación y Cultura que el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, presentó al presidente Jorge Batlle, acusa a Leonardo Guzmán de: provocar peligro de afectación del bien jurídico administración de justicia, demorar el cumplimiento de un acto esencial para el normal funcionamiento del Ministerio Público y Fiscal, ejercer abusivamente las potestades de la jerarquía, violar el principio de objetividad e imparcialidad, y violar la regla de la coordinación interinstitucional.
El escrito de Peri solicitando la avocación (conocimiento y resolución) del presidente Batlle de las actuaciones sustanciadas en los expedientes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que lo afectan fue presentado el 2 de febrero y fue ampliado el 9 de este mes.
En tanto, la recusación del ministro Guzmán fue entregada el 10 de febrero.
«Se ejerce en forma incoherente y abusiva el poder»
«El señor ministro Guzmán detecta una grave omisión, pero en siete meses no dicta ningún acto para su saneamiento, aun a sabiendas que lo actuado ha de remitirse ulteriormente al Poder Legislativo, para, en su caso, el otorgamiento de venias para magistrados fiscales.
Se ejerce en forma incoherente y abusiva el poder y la jerarquía administrativa, sancionando a funcionarios por aspectos formales de una documentación acompañada, que en el caso carecen de relevancia práctica, al extremo de disponerse su remisión al Poder Ejecutivo, para pedirse su aprobación ‘in totum’ por el Poder Legislativo.
Se observa severamente sin procedimiento administrativo previo, en infracción de todas las garantías del debido proceso legal; y en un caso, innominadamente, difiriendo a una etapa posterior la individualización concreta del titular de la Secretaría Letrada.
Se propicia un modelo de Administración sin capacidad de autocomposición; que renuncia al poder-deber de sanear, que debe regir la actuación administrativa.
Se toman decisiones administrativas de enorme trascendencia para el funcionamiento del servicio una vez vencido largamente el plazo razonable».
Por todo lo anterior, es que Peri considera «se impone que el jerarca se avoque a conocer del expediente 2003/3036 y revise la decisión sancionatoria del 30/12/03, anulándola y, en su lugar, ordene la clausura por falta de mérito o, de entenderse necesario, confiriera la vista previa preceptiva. «Los extremos reseñados son consecuentes con los signos de una gestión absolutamente parcializada que viene desarrollándose desde el Ministerio de Educación y Cultura respecto del firmante», añade Peri.
«Claro prejuzgamiento»
En otro pasaje del escrito, el fiscal de Corte afirma que Guzmán «ha incurrido en claro prejuzgamiento.
En efecto, sin haberse formalizado aún el procedimiento y, consecuentemente, sin conferirse vista previa, se ha emitido anticipadamente calificación negativa de la conducta funcional de este fiscal («irregularidades administrativas»). La concreta calificación jurídica de subsunción que se emite, de manera categórica, antes de la decisión que concluirá el expediente disciplinario a formarse, se ha transformado en una opción sin retorno para el Secretario de Estado».
Para Peri, todo lo sucedido «tiñe de absoluta ilegitimidad» las actuaciones administrativas, «a más de violentar abiertamente todo el sistema de garantías de que goza un justiciable». Esta afectación institucional «viene a comprometer seriamente la autonomía e independencia del Cuerpo, que sabido es constituye uno de los presupuestos esenciales de la vigencia del Estado de Derecho en tanto garantiza la seguridad jurídica de los justiciables, la Sociedad en general, y, consiguientemente, su libertad individual».
En otro pasaje del escrito, Peri hace mención a «la exteriorización frecuente, en algunas ocasiones públicamente, de consideraciones que de antemano juzgan de manera crítica y deshonrosa para el dicente su actuación al frente del Ministerio Público y Fiscal. Como contrapartida de todo ello, se lesiona profundamente el legítimo interés de este titular de que su accionar se considera y se examine imparcialmente, desprovisto de todo pre-concepto y de toda opinión desacreditante». *
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