Cancillería reclama a Australia liberar a los marinos uruguayos

La instancia duró casi tres horas, y el legislador García Pintos destacó básicamente la necesidad de reclamar al gobierno de Australia «la repatriación de los once compatriotas» que se encuentran encarcelados en ese país en una cárcel de máxima seguridad.

El legislador indicó que según las normas internacionales, estos pescadores uruguayos, integrantes de una embarcación en presunta pesca ilegal, «no pueden ser privados de la libertad».

A su turno, el ministro Didier Opertti sostuvo que «la existencia de nacionales uruguayos privados de libertad un llamado de atención ineludible».

Luego de realizar un repaso de los sucesos desde la captura del buque el pasado 23 de enero, informó sobre las acciones ante el gobierno de Australia realizadas de parte de las autoridades uruguayas en aquel país, directamente desde nuestro país, y en los próximos contactos con los ministro australianos de Pesca, Relaciones Exteriores, y Justicia, respectivamente.

Señaló que «la empresa armadora debe pagar una fianza por 35 tripulantes, 11 de ellos uruguayos» y ello determinaría la contraparte de la «entrega de pasaportes marineros, y presentarse dos veces por semana a la autoridad australiana».

Actualmente, los once uruguayos «están en una máxima seguridad. separados del resto de los prisioneros, buen estado de salud. Trato, fuera de estas características, es calificado de correcto». También mencionó que la Cancillería se reunió cinco veces con el sindicato del Suntma.

Diligencia

Opertti dijo que la detención de estos ciudadanos «no puede ser abusiva, no puede violar los DDHH, no puede aplicar la pena privativa de libertad».

«Le estamos reclamando a Australia diligencia. Tomar en cuenta que la propia Conmemar ha dicho que en estos casos no procede la privación de libertad», dijo.

Inspección

En tanto, el ministro Aguirrezabala relató las gestiones del MGAP luego de conocerse las denuncias contra el Viarsa I y otros dos buques.

«Se aplicó un control más férreo sobre control de estos buques», y destacó la labor de la Dinara.

Se procedió a «la Inspección de toda la flota» en coordinación con la Prefectura Nacional Naval.

Se les impuso la obligación de «descargar la carga si el buque tenía observador a bordo, el monitoreo satelital en condiciones, precintado correctamente, certificado de PNN y del BPS», y las embarcaciones que no cumplieron con ello al 1º de enero fueron sancionadas hasta con la quita del permiso. *