Mujica quiere conocer monto que debe pagar el Estado por juicios en su contra

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica remitió ayer 24 pedidos de informes a distintas reparticiones estatales para establecer la cantidad de juicios que enfrenta el Estado en los que se plantean reclamos de dinero, y el monto total de los recursos públicos que debería destinarse al pago de los mismos.

Los pedidos abarcan a todos los ministerios, bancos estatales, entes y servicios descentralizados y también la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el siguiente listado: OSE, AFE Ancap, ANP, Antel, UTE, Sodre, Banco Central, Banco Hipotecario, Banco de Previsión Social, Banco República; Ministerio de Defensa, Ministerio de Deporte y Juventud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Turismo, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación y Suprema Corte de Justicia.

Mujica solicitó información sobre los juicios que se están tramitando en los que se plantean reclamos de dinero (civiles, laborales, contencioso-administrativo, etc.), la sede en la cual se tramita el expediente, número de ficha y denominación de los autos, monto y concepto del reclamo y estado actual de expediente. También preguntó sobre si se han realizado propuestas de conciliación en cada caso y de ser así, carácter y contenido de las mismas. También requirió saber si se han recibido a la fecha reclamaciones del mismo tenor que no se ventilan aún en el ámbito judicial y, en caso afirmativo, que se detalle el estado actual de los mismos.

«La idea es pedir una estimación lo más seria posible de cual es el monto de valor del cual estamos hablando, que podrían ser, en última instancia, débitos del Estado hacia el futuro, es decir, patrimonio público, gastos del pueblo uruguayo, porque a nadie se le escapa que los recursos del Estado no son otra cosa que la contribución que hace el pueblo uruguayo, y por informaciones de acá y de allá que nos llegan, estamos hablando de valores muy importantes», dijo ayer a LA REPUBLICA el legislador del MPP.

Mujica expresó que la iniciativa de los pedidos de informes surgió a partir del juicio contra el Estado interpuesto por particulares en la órbita del Ministerio de Defensa y que podría ocasionar al erario público una pérdida millonaria. Pero la «gota que colmó el vaso», agregó Mujica, fue al enterarse de que en la Embajada de Uruguay en Argentina se tramitan seis juicios por cifras que pueden aproximarse al millón de dólares.

«Estoy hablando de nada más que de seis. Incluye a ciudadanos argentinos y uruguayos. Ahora, ¿qué pasa en el resto de las embajadas, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores?

Hay que tener una sumatoria, es posible llegar a alguna estadística que nos diga, bueno, acá se va a perder tanto, en tanto tiempo. Cuando uno ve los hechos aislados, en el conjunto del Estado pueden tener poca monta, ahora, los quiero ver todos juntos», dijo el legislador del MPP.

«Chicanas»

Por otra parte, Mujica alertó sobre la existencia de una «orden general», no escrita, según la cual, se tratará de «tirar para adelante» las consecuencias jurídicas de los juicios que enfrenta el Estado.

«Nos ha llegado el mensaje que no está escrito en ninguna parte, de que hay una especie de orden general tácita, de que se trata de chicanear, de tirar las decisiones hacia delante, lo que inevitablemente significa aumentar los costos a la larga, de tal manera que quien viene atrás que arregle», afirmó. «Nosotros manejamos que hay una especie de orientación general que se trata de orientar el trabajo de los abogados defensores de los intereses del Estado, que chicaneen, que tiren la pelota con recursos jurídicos hacia delante, que no negocien nada y que el que venga se haga cargo», agregó.

«Entonces, queremos tener una idea de cuál es ese panorama, aparte de las fallas que puede trasuntar el Estado en su funcionamiento, hay un problema económico que lo va a heredar la próxima administración cualquiera sea ella». *