Polémica por los permisos internacionales de pesca

La Cámara de Representantes aprobó a fines del pasado año la creación de una Comisión Especial, con fines legislativos, con el cometido de estudiar y ampliar la legislación vigente en cuanto al otorgamiento de los permisos de pesca.

El detonante de tal iniciativa fue la controversia internacional que se generó a partir de la persecución y detención, por parte de las autoridades marítimas australianas, del pesquero «Viarsa» que se encontraba pescando merluza negra en aguas no habilitadas para pesca.

Algunos meses después, la discusión parlamentaria volvió a reactivarse debido a un hecho de similares características, esta vez protagonizado por el pesquero «Maya V».

En este marco, los ministros Opertti y Aguirrezabla y el director de la Dinara, Yamandú Flangini, comparecerán el próximo martes ante la Comisión Permanente del Parlamento, para explicar la situación. El llamado a Sala partió del diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada).

No obstante, el Partido Colorado y el Encuentro Progresista Frente Amplio observan la problemática desde ángulos diferentes.

Mientras el partido oficialista enfoca la discusión en una puja de intereses «económicos y comerciales» que deriva de los países ricos del mundo, desde filas de la izquierda se busca solucionar, en lo inmediato, la situación de los marinos uruguayos que se encuentran en prisión en Australia, para luego abordar la legislación de nuestro país en lo referente al otorgamiento de permisos y el control.

Si bien García Pintos señaló que los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dicen que en caso de que se detecten buques mercantes o de pesca en infracción «los responsables serán el capitán, los oficiales o los armadores, pero no la tripulación». De todas maneras, agregó que una importante línea de acción tiene que ver con un tema comercial y económico.

Sostuvo que Uruguay tiene derecho a pescar en mares abiertos, pero en forma responsable.

Según el legislador, nuestro país otorga los permisos de pesca «responsablemente», y descartó que en este caso se trate de un barco pirata, porque por algo se le instalan equipos que permiten ubicar geográficamente al buque y, además, se designa un observador.

En tal sentido, expresó que el observador de la Dinara, Mario Andrés, debió ser liberado antes .

El parlamentario agregó que «si el pesquero cometió irregularidades deberá ser castigado por la autoridad uruguaya».

Sin embargo consideró que cada vez que un barco integrante del Convenio para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos «pesca cerca de Australia, es perseguido y detenido, porque dicen que es una zona económica exclusiva».

En tanto, el diputado Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) subrayó que «no existe información acerca de la ubicación real del barco en alta mar» y añadió que la empresa armadora del pesquero «está sindicada internacionalmente como integrante de la mafia gallega que en Uruguay cometió defraudación tributaria».

Para el legislador existe una cadena de asuntos a analizar, como por ejemplo «el otorgamiento de los permisos y la bandera, los roles del barco y los controles de ubicación, pesca y de aportes a Impositiva».

 

La tripulación

Por su parte, el Sindicato «Unico Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) exige el regreso inmediato a nuestro país del personal subalterno del «Maya V» detenido en Australia –11 de los 35 tripulantes son uruguayos–, en el entendido de que son inocentes.

Asimismo, el sindicato considera que la responsabilidad de supuestos delitos cometidos en aguas territoriales australianas «debe recaer sobre la empresa responsable del buque».

El gremio de los trabajadores del mar también exige al gobierno australiano que «cumpla con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la cual establece que las sanciones establecidas por el Estado ribereño, por violaciones de leyes y reglamentos de pesca en zona económica exclusiva, no podrá incluir penas privativas de libertad».

La situación de los once tripulantes uruguayos generó la preocupación de legisladores de la coalición de izquierda.

El diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes aseguró que se pondrá en contacto con autoridades de Cancillería. Sostuvo que «las representaciones de Uruguay en el exterior, en este caso en Australia, deberían ser más ágiles, porque a veces brillan por su ausencia».

Manifestó preocupación porque se trata de uruguayos que «no estaban de paseo ni haciendo fechorías, aunque la empresa contratante estuviera trabajando en forma ilegal».

Asimismo, consideró que «en los contratos debería introducirse una cláusula de salvaguarda para que la tripulación tenga la certeza de que se pagará su fianza ante este tipo de circunstancias».

También el diputado Carlos Pita (Corriente Popular) e integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, señaló que se pondrá en contacto con funcionarios del consulado para solicitar información sobre los pasos que se darán en el futuro, y aseguró que pretende «una actitud más activa de Cancillería».

 

Apoyo del PIT-CNT

La central obrera se contactó con el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) y con el Centro de Maquinistas Navales para manifestar su apoyo, ante la detención en Australia de los marineros del pesquero.

El PIT-CNT pidió al gobierno que tome cartas en el asunto «porque lo vemos bastante omiso ante la necesidad de que se busquen soluciones a estos trabajadores del mar uruguayos», informó el dirigente Juan Castillo. Por otro lado, lamentó «que los trabajadores se transformen siempre en el último orejón del tarro», y agregó que «cuando el barco está en infracción, en vez de llevar a los responsables, los oficiales o la propia empresa constructora terminan siendo detenidos los tripulantes del barco». «Cómo primera medida, el Estado tiene que proteger a todos sus habitantes más allá de donde se encuentren, esto pasa a ser un problema de gravedad política», señaló el dirigente

El PIT-CNT va a presionar a través de organismos internacionales para que los trabajadores sean liberados y devueltos al país, agregó el dirigente. *