El EP-FA no descarta un juicio político a Batlle por el acuerdo de capitalización del Comercial

El Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) no descarta iniciar un juicio político al presidente de la República, Jorge Batlle, por el acuerdo de capitalización del Banco Comercial suscrito en Nueva York entre el Estado uruguayo y los socios extranjeros de la institución financiera. En tanto que, con excepción del Partido Colorado, los partidos Nacional e Independiente y la coalición de izquierda coinciden en que deben remitirse a la Justicia los resultados de la actuación de la Comisión Investigadora sobre el sistema financiero.

En la víspera volvió a reunirse, luego de dos meses de recesión, la Comisión Investigadora con el cometido de que todos los sectores políticos presentarán sus informes finales luego de que los imputados en los preinformes remitieron sus respectivos descargos.

Sin embargo, debido a que algunos legisladores se encuentran en el exterior del país, el grupo de labor parlamentario resolvió que los cuatro informes finales, conjuntamente con los respectivos proyectos de resolución, deberán presentarse como último plazo el próximo 18 de febrero. Asimismo, se acordó convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes para la segunda semana de marzo, a efectos de su consideración.

También fueron designados los respectivos miembros informantes por cada uno de los sectores partidarios. Ellos serán: Silvana Charlone (Espacio 90), Gabriel Pais (Batllismo, Lista 15), Ricardo Berois (Herrerismo) y Pablo Mieres (Partido Independiente). El EPFA considera que a partir de las indagaciones realizadas por la Comisión Investigadora y de las respectivas vistas a los presuntos implicados deberían exigirse responsabilidades jurídicas, políticas y patrimoniales a quienes formaron parte del Poder Ejecutivo en momentos en que se desató la crisis bancaria. Fuentes del sector de izquierda indicaron que en caso de que la decisión final sea «marcar responsabilidades, el único camino constitucional es promover un juicio político al Presidente».

La izquierda señala como responsables de haber cometido presuntas violaciones a la ley y las normas «al presidente Jorge Batlle y al ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión por el acuerdo de capitalización del Banco Comercial; y a los tres ex directores del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle (presidente), Eva Holz (vicepresidenta) y Rosario Medero (directora) por las diversas asistencias monetarias».

Pero también se entiende que existieron «irregularidades» en cuanto a las asistencias que se le brindó a los bancos en situación deficitaria, en el apartamiento de las normas de encaje, en los «maquillajes» de los balances de las instituciones asistidas, y en la «permisividad» con la que se actuó desde el Banco Central del Uruguay con respecto a la oferta de productos no autorizados, como por ejemplo las «off shore» de los bancos Comercial y Montevideo, Trade & Commerce Bank y Commercial Investment, respectivamente. Asimismo, el sector de izquierda no descartaría solicitar responsabilidades patrimoniales, en principio, tanto al Presidente de la República como al entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión.

Por otro lado, propondrán una serie de iniciativas legislativas entre las que se incluye el levantamiento del secreto bancario y la supervisión consolidada de grupos económicos.

En tanto, el Partido Nacional sostiene que «fallaron los controles que debió ejercer el BCU y la Superintendencia y que no se tomaron las medidas acordes. Aunque, «no se puede decir que hubiera existido dolo» En el mismo sentido, el Partido Independiente coincide en remitir todas las actuaciones a la Justicia, sin perjuicio de lo cual subrayarían algunos asuntos, «tienen apariencia de ilícitos y que podrían ser causa de implicancia penal».

Entre ellos se incluye el episodio del expediente perdido, la falla en los controles, la mala administración por demora en lograr la obediencia del Banco Montevideo, la demora en la detección del fraude de los hermanos Röhm en el Banco Comercial y la aceptación del BCU de excepciones en el proceso de venta del Banco Caja Obrera. En el informe del Partido Colorado se detalla que la crisis del sistema financiero de los primeros meses de 2002 «tuvo origen en las medidas económicas que adoptó Argentina y en particular en el corralito financiero». El partido oficialista propondrá al plenario el archivo de las actuaciones de la investigación. *