Parlamento reclamó suspender la licitación del puerto de La Paloma

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, compareció en la víspera ante la Comisión Permanente del Parlamento, en régimen de Comisión General, con el cometido de informar sobre el alcance de la licitación pública internacional.

El llamado a Sala del secretario de Estado partió del diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) y contó con el respaldo de todos los sectores políticos.

La licitación internacional fue aprobada en diciembre de 2003, por el Ejecutivo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizó la convocatoria dentro de las pautas establecidas en la Ley de reactivación económica a impulso de la empresa Puerto Graneles S.A., constituida por capitales chilenos, titulares de inversiones forestales en el Uruguay.

Si bien estaba previsto que la licitación se realizara el próximo 16 de febrero, la Comisión Permanente aprobó una moción del EPFA y el Partido Independiente, la cual contó con el respaldo del Partido Nacional, a través de la que se solicita la postergación de la licitación por un mes. Se opusieron los legisladores del Partido Colorado.

Cáceres reivindicó en Sala la iniciativa, aunque en declaraciones públicas dejó abierta la posibilidad de postergar la subasta.

La iniciativa consiste en la construcción de una terminal para carga a granel y procesamiento de chips de madera, pero no se descarta que en el futuro se le utilice para cargamento de otros productos. La propuesta también estriba en la instalación de una cinta transportadora y se habilita la operación de grandes buques.

Impactos negativos

La sesión comenzó a la hora 16:15 con la exposición del diputado Rossi, quien cuestiona la concesión de una «significativa» superficie en un área estratégica, cediendo la casi totalidad del espacio operativo del puerto, por cincuenta años y sin compensación para el Estado.

El legislador entiende que se generan impactos «negativos sobre el turismo y el medio ambiente, se resigna la soberanía al delegar al concesionario la facultad de elegir quién lo sustituya por la vía de transferencia de acciones, y se habilita la posibilidad de un negocio especulativo, nada de lo cual puede ser mejorado en el proceso licitatorio, porque las ventajas establecidas desalientan cualquier competencia».

Asimismo, la coalición de izquierda objetó que la decisión fue tomada por el inversor y el Poder Ejecutivo, desconociendo la opinión de la comunidad.

Rossi indicó que «para el desarrollo del proyecto se otorgan aproximadamente 78 hectáreas marítimas y 27 hectáreas del área terrestre, autorizándose, además, el relleno de parte del cauce de la Bahía Grande».

El área terrestre está compuesta por «más del 70 por ciento del recinto portuario, quedando en poder de la Dirección Nacional de Hidrografía sólo una franja de 100 metros sobre el muelle pesquero».

Resaltó que el MTOP se compromete a «entregar un predio de algo más de 8 hectáreas, propiedad de la Intendencia de Rocha y en caso de que esa cesión no se obtuviera, cedería un área equivalente dentro del recinto portuario».

El legislador cuestionó que la concesión sea por un plazo de cincuenta años, lapso durante el cual «no tiene canon», y agregó que ese plazo «llama la atención, cuando es un proyecto que se está contratando en el último período de un gobierno que ha estado durante diez años buscando una inversión para el puerto de La Paloma».

Añadió que «quizás, por la vía del plazo de cincuenta años, se estaría abriendo la posibilidad de un negocio especulativo».

«Además se establece sin canon, contra un compromiso de inversión de 25 millones de dólares y con una generación de puestos de trabajo, que es uno de los argumentos que se plantean, de una magnitud reducida».

A Rossi le llama la atención el sistema de puntaje establecido para adjudicar la licitación, ya que «sólo se tendrá en cuenta el precio a cobrar por el procesamiento, almacenaje y embarque de una tonelada de chips de madera; la capacidad de carga por hora de la terminal; el tiempo de construcción de la obra, y los antecedentes de los proyectistas, constructores y empresas oferentes».

«Es decir que no está considerado, a los efectos de la puntuación, la posibilidad del pago de un canon, un menor plazo de concesión, menor área ocupada, o la instalación de depósitos en otro lugar. Ninguno de estos elementos que pueda presentar algún otro interesado está contemplado como algo que pueda beneficiar en el puntaje», añadió.

Señaló que algunos términos del pliego afectan la soberanía nacional como por ejemplo, la autorización de transferir acciones «a sola condición de que el comprador sea técnica y económicamente solvente». Rossi señaló que «el Estado no puede a través de una cláusula como ésta resignar una potestad tan importante».

Entre los impactos ambientales que podría tener sobre el paisaje y medio ambiente se encuentra el relleno de la bahía y los parques circundantes y el intenso tránsito de camiones pesados con una frecuencia entre cinco y seis minutos.

El legislador realizó una serie de preguntas al secretario de Estado. Entre otras cosas interrogó: «¿cómo se integra el consocio, por qué se eligió La Paloma, y por qué se exime al concesionario del pago del canon y el plazo de cincuenta años?»

Rossi también interrogó si el Poder Ejecutivo está dispuesto a expropiar, aun contra la voluntad de la población del balneario y del gobierno municipal de Rocha. ¿Por qué no se ha considerado ubicar la planta y el depósito de madera fuera del área portuaria y si puede servir rehabilitar el ramal ferroviario para acceder al puerto?»

Asimismo, el legislador preguntó al secretario de Estado «por qué sólo dos meses de plazo entre la publicación y la apertura, y si se sabe quiénes son los restantes inversores particulares?»

Iniciativa privada

Además de Cáceres, concurrieron a Sala el subsecretario de la cartera, Juan Luis Aguerre; el director general de secretaría de la Dirección de Hidrografía, Alberto Peña; el director Nacional de Vialidad, Juan Etcheverz; el gerente de Puertos, Carlos Colón y el asesor jurídico, Naume Golde.

El secretario de Estado reivindicó que la licitación se realice por un plazo de 50 años, destacando el papel que le cabe al mercado. Asimismo, dejó en claro que este emprendimiento es «bajo el régimen de iniciativa privada», y eso determina «rigideces propias de la iniciativa privada».

Luego precisó que esto «no quiere decir que una iniciativa privada no pueda ser motivo de modificaciones entre la elaboración y que el Poder Ejecutivo se pronuncie».

«¿Por qué 50 años? Las manifestaciones que recibíamos en ese sentido es que no hay nada que lo impida, porque como concesionarios aspiramos a tener el mayor plazo posible, porque el mercado es un mercado que tiene muchos altibajos, porque no sabemos cuándo vamos a estar trabajando, si vamos a hacerlo en el momento de la cresta de un mercado, o vamos a estar trabajando en un valle de un mercado», afirmó.

Agregó: «Si nos toca trabajar en el valle de un mercado, resulta que después necesitamos mayor cantidad de años que no solamente vamos a tener que llevar sobre nuestras espaldas el costo de las inversiones iniciales sino además el costo financiero de la inversión no recuperada en los años en donde hubiera una situación de baja de mercado».

El secretario de Estado reivindicó que se incorporara «el concepto sumamente importante de la posibilidad de la rescisión unilateral del Estado por razones de interés público».

También se establece que «la única indemnización que se tendrá derecho es aquella que corresponde a las inversiones realizadas y no amortizadas, con lo cual quedan además a texto implícito eliminadas las posibilidades de lucro cesante u otro tipo de daños que pudiera esgrimir el concesionario en caso de daños y perjuicios».

Sobre las tarifas en el puerto granelero, Cáceres señaló que el gobierno no se ha «apeado del derecho de fijación de precios máximos».

Definió el emprendimiento como «un negocio apretado, ajustado» y que «cada día va a ser más apretado en la medida en que Montevideo genere mejores servicios. Este negocio no debería dilatarse».

Manifestó que la concesión de 27 hectáreas surge de estudios técnicos. En esa zona, propiedad del Estado, hay 80 hectáreas, del MGAP, Intendencia de Rocha, la Armada». Estimó que el servicio a prestar puede estar en el orden de los U$S 9 o U$S 10.

«Los pelotudos fuimos los legisladores»

A su turno, el diputado Walter Vener (Foro Batllista) cuestionó la propuesta de la izquierda de reclamar la postergación por un mes de la licitación

Discrepó con la acusación que se realizó referida a que el ministro «no estuvo feliz» por no presentarse antes con el tema al Parlamento, reclamo que -a su entender- habilitó la moción de prorrogar el plazo.

«Acá los pelotudos fuimos los señores legisladores, con el perdón de la palabra, que somos los que tenemos que traer estos temas al Parlamento», expresó Vener.

En ese momento, el presidente de la Comisión Permanente, Enrique Rubio, solicitó que la expresión del legislador fuera retirada de la versión taquigráfica.

Por su parte, Vener ironizó sobre la situación y acotó que «no esperaba que se procediera de otra manera» ya que no podía quedar hablando de esa forma en el Parlamento, y agradeció a la mesa que se retiraran sus palabras.

Asimismo, añadió que «la culpa» la tienen los legisladores, porque a cuatro días de la apertura de licitación no se puede modificar toda una negociación.

Impacto en la zona

El herrerista Luis Leglise aseguró que no tenía dudas de que la obra «va a impactar en la zona».

«Por cómo me lo está pintando, me surgen serias diferencias», dijo.

El ministro Cáceres evaluó que no tendrá consecuencias negativas en el tránsito de la Ruta 15 «en el extremo, con mayor actividad y con las dos chipeadoras».

Sobre la concreción de la iniciativa, el jerarca sostuvo que «mediará un año más» y aún se requiere la autorización ambiental, y la Dinama propondrá las medidas de mitigación que corresponda.

Leglise se mostró partidario de esta construcción pero «debe ir en consonancia con el polo turístico, acompasando al turismo existente».

«Hoy lo que los conmueve es el temor del nuevo vecino. No lo conozco, tengo miedos, y frente a las dudas, se expresan de esta forma», evaluó Cáceres sobre las resistencias de algunos vecinos y fuerzas sociales a esta obra.

El encuentrista Rossi preguntó si los U$S 100 mil que recibe el Ministerio de Defensa Nacional como resarcimiento de algunos bienes es una cifra suficiente.

Estimó que «es un elemento peligroso porque puede especular que mañana me voy y me devuelven el monto de lo invertido». También dijo estar preocupado por el plazo de los 50 años, porque «hemos hecho una afirmación que nadie negó, con 8 o 10 años, hasta 12 años, la inversión se desquita».

«Estos 50 años, si puedo pedir, pido», dijo.

A su entender, «se afecta lo del puerto de aguas profundas».

Asimismo, Rossi indicó que «en cuanto a las hectáreas ya asignadas, no se necesitan, y mucho menos las 3 hectáreas que prácticamente rompen la bahía de la Paloma».

Según el diputado Iván Posada del Partido Independiente, «es una absoluta desprolijidad que se esté informando este tema ahora cuando ya está corriendo la licitación». *