Peri dispuesto a recurrir al Parlamento si Batlle desestima denuncia contra Guzmán
El tema también tendrá derivaciones parlamentarias, puesto que el senador nacionalista Luis Alberto Heber cursó un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con lo expuesto en la prensa por Guzmán acerca de Peri.
El martes, Guzmán mantuvo un contacto con Batlle del que no trascendió su contenido. Fuentes del Edificio Libertad informaron que el gobierno le bajará el perfil a la polémica entre ambos jerarcas e intentará que los problemas suscitados se resuelvan por vía administrativa.
Consultado por LA REPUBLICA, Guzmán dijo que no va entrar en polémicas con Peri. «Este tema se va a resolver por las vías de derecho constitucional y administrativo que correspondan, que seguramente no ha de pasar del fin de semana para que esté debidamente canalizado», expresó.
Al mismo tiempo, el secretario de Estado añadió escuetamente que entiende «impertinente la polémica mediática que en las últimas horas se buscó instalar».
En tanto, una fuente cercana al fiscal de Corte, informó que Peri Valdez no puso plazos al presidente Batlle para expedirse sobre el informe que le presentó «porque eso sería improcedente». «Peri cree que cumplió con su deber funcional al poner en conocimiento del Presidente hechos que consideraba graves y confía en que Batlle tome una decisión», añadió.
El documento elevado por Peri a Batlle trata de hechos que califica de graves, vinculados a su función y relacionamiento con el ministro de Educación y Cultura y no a cuestiones ajenas a eso.
El escrito de 18 carillas indica que Guzmán persiguió y quebrantó la independencia técnica de Peri.
La fuente afirmó que sólo «vencidos plazos razonables sin que haya una decisión», Peri analizará otras medidas a tomar.
Por otra parte, Peri también recusó en vía administrativa la observación severa que le aplicó el Ministerio de Educación y Cultura, por incurrir en falacia de falsa precisión y de omisión formal en cuatro certificaciones.
Que ayer por unanimidad la Comisión Permanente haya aprobado las designaciones de los titulares de fiscalías departamentales y de la Fiscalía Penal de 10º Turno, va a ser un elemento que Peri utilizará para demostrar lo correcto que entiende fue el proceso de selección de los postulantes. «Si no, no se avalaría algo defectuoso», finalizó diciendo la fuente consultada.
Alonso de Marco no descartó recurrir al Parlamento
El abogado de Peri, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Raúl Alonso de Marco, sostuvo ayer que el fiscal de Corte dará a conocer públicamente más hechos de presión por parte de Guzmán, si Batlle no responde al escrito presentado.
En declaraciones a Tiempo Presente de Concierto FM y radio Independencia, De Marco dijo que si Batlle no interviene en el diferendo, recurrirán al Parlamento para presentar las denuncias.
«Es un peligro para el funcionamiento de las instituciones, principalmente en la administración de la Justicia», dijo De Marco.
De Marco sostuvo que en las últimas horas se registraron otras situaciones consideradas por Peri como presión por parte de Guzmán y adelantó que si bien la situación que vive Peri es «insoportable, no abandonaría la Fiscalía ni un minuto».
Los fiscales designados
La Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó por unanimidad, en régimen de sesión secreta, los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo solicitando venia para designar cargos vacantes de fiscales letrados departamentales.
El Cuerpo aprobó las siguientes designaciones: como fiscal letrado departamental de Treinta y Tres de 2º Turno, a la Dra. María Silvia Pérez Alvarez; fiscal letrado departamental de Young, a la Dra. Ana Gabriela Monteiro Ríos; fiscal letrado departamental de Río Branco, a la Dra. Adriana Fátima Rocha Baldi, y fiscal letrado departamental de Chuy, al Dr. Rodolfo Souto Etchamendi. También hizo lugar el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para designar como fiscal letrado nacional de lo Penal de 10º Turno, a la Dra. Diana Rita Salvo Carbonaro. Salvo ocupará la Fiscalía, cuyo titular era Carlos García Altolaguirre, procesado por coimas y uso indebido de información privilegiada. *
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