Sorpresa en la IMM por pedido de procesamiento

Martín sostiene que no es ordenador del gasto

El director Felipe Martín negó competencia en la materia, objeto de la denuncia, sostuvo que no es ordenador del gasto y que su misión está relacionada al tránsito y al transporte en la capital. Martín se mostró sorprendido por otra parte por la filtración de una decisión de un fiscal, violando el carácter de presumario del expediente. Empero, acotó que no existe una sola resolución de su parte ordenando que determinadas tareas se liquiden por una u otra vía. «No soy entendido en la materia, no soy abogado, no liquido haberes, mi misión es trabajar sobre el transporte y optimizar el resultado», dijo Martín a LA REPUBLICA.

Por su parte, el intendente Mariano Arana (foto) dijo ayer estar «sorprendido» por el pedido de procesamiento de Martín. El fiscal Eduardo Fernández Dovat solicitó el encausamiento del jerarca por el delito de defraudación tributaria, al entender que Martín cometió ese delito al pagar con viáticos las horas extra de los inspectores de tránsito, evadiendo así el 50% de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS).

Arana dijo que su municipio actuó como lo ha hecho siempre. «Durante años se ha hecho de esa manera, sin ningún tipo de observación y con los controles del Tribunal de Cuentas, que jamás hizo ninguna observación».

Arana sostuvo que se enteró de la noticia «por la prensa» y recordó que, por este tema, se presentó un recurso ante el BPS. Según las autoridades comunales, el organismo previsional todavía no respondió.

«Realmente es muy extraño (el pedido de procesamiento), pero hemos visto sorpresas varias en estos últimos tiempos, de todo tipo, así que no deberíamos sorprendernos tanto. El tema está a estudio del BPS. Si resuelve que tenemos que pagar esa diferencia, se pagará. Si se fuera a procesar a todos los que discrepan con la forma de liquidación que hace el banco, creo que media administración pública y medio país tendrían que ser procesados por delito», comentó ayer a El Espectador el director de la División Jurídica del municipio, Adolfo Pérez Piera.

Sin embargo, el director del BPS en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, dijo a El Espectador que el organismo ya tomó postura en torno al caso de los viáticos de la Intendencia: «El BPS mantuvo su postura en cuanto a que las contribuciones, para que tengan parte de exoneración, tienen que ser bien definidas y es acotado. En este caso no lo ha considerado así».

Ferrari informó que a la Intendencia de Montevideo, sólo le queda el camino del Tribunal de lo Contencioso Administrativo: «Este acto ya está firme, el BPS ha tomado posición en torno a eso. Queda abierta ahora la instancia a través de lo Contencioso Administrativo, donde cualquier contribuyente puede presentarse cuando no está de acuerdo con el acto firme que definió el BPS».

Fuentes allegadas al organismo previsional dijeron a LA REPUBLICA que el dictamen del BPS fue categórico: se trata del pago de horas extra, no de viáticos y, por tanto, el contribuyente debe aportar por el 100% a la seguridad social.

Empero, hoy esta situación se configura en otros organismos, tanto públicos como privados, agregaron los informantes.

Hoy en el Registro Civil está planteado desde hace meses un conflicto laboral a raíz de una situación similar frente al organismo previsional y la forma de liquidar determinadas partidas.

«No tiene responsabilidad»

Respecto al pedido de procesamiento cursado por Fernández Dovat, Adolfo Pérez Piera subrayó que la Intendencia todavía no ha sido notificada oficialmente. Dijo que «si fuera como informó la prensa durante el fin de semana», sería un error del fiscal porque Martín, en esto, no tiene nada que ver. «El director Felipe Martín simplemente es el que asigna las tareas a los funcionarios. No tiene ninguna responsabilidad. No son pagos que él hace. Están dispuestos por la normativa. Los funcionarios que cumplen tareas extraordinarias perciben un viático. O sea que Felipe Martín no tiene nada que ver. En todo caso quienes aprueban son el intendente y la Junta Departamental. Por eso nos parece realmente extraño que esto pueda derivar en una solicitud de procesamiento», sostuvo.

No obstante Pérez Piera hizo otro tipo de consideraciones a propósito del dictamen fiscal: «Estamos acostumbrados a esto. Cuando hay dictámenes del Tribunal de Cuentas que son en contra nuestra, cuando hay sentencias judiciales, salen primero en la prensa antes de que nos enteremos nosotros. Evidentemente, hay gente interesada en difundir esto y que tiene contactos. No digo que sea el propio denunciante, pero evidentemente hay gente que está interesada en conocer los procedimientos que se supone son reservados, y los hacen trascender en la prensa.

Lamentablemente, creo que en la medida que nos acercamos a las elecciones, los tiempos políticos nos van a deparar varias sorpresas de este tipo». *

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