Plantearán situación de tripulaciones uruguayas detenidas por Australia

En los últimos meses, tres embarcaciones, el «Viarsa I», el «Maya V» y el «Lugalpesca» (ésta última había sido desembanderada por las autoridades uruguayas), fueron capturadas por la marina australiana y sus tripulaciones detenidas, acusadas de pescar en aguas jurisdiccionales. En los pesqueros también viajaban observadores designados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

Al menos 17 barcos con bandera uruguaya o que operan en el puerto de Montevideo están acusados de realizar pesca ilegal de merluza negra, de acuerdo con un informe publicado ayer LA REPUBLICA.

Si bien el diputado no leyó el informe, dijo que «si se hace algo contra le ley y la reglamentación uruguaya, debe haber sanción, que puede ser leve, o puede llegar hasta la pérdida del permiso y el desembanderamiento» de la nave. El legislador colorado dijo que en el Uruguay «hay certeza jurídica, hay debido proceso, no se cobra al grito, si hay una acusación, y si la Justicia o la administración entienden que hay fundamentos para sanciones se sanciona, acá no se hacen juicios sumarios como en Cuba o cualquier otra sociedad totalitaria.

García Pintos señaló que la «preocupación nuestra es, por ejemplo, que el observador de la Dinara en el «Maya V» vuelva, pero además el Poder Ejecutivo quiere que vuelva, pero también queremos saber qué pasa con los pescadores».

El planteo, agregó, se orienta a procurar invitar a las autoridades competentes, «que pueden ser el propio canciller o el subsecretario, o los responsables de la marina mercante». «Queremos que se nos explique qué está haciendo en el tema de estos compatriotas», afirmó.

El diputado insistió con que la bandera uruguaya «es seria, no es pirata como sostienen algunos desinformados, ni de conveniencia» y «cuando se comprueba por parte de las autoridades nacionales que un barco perteneciente a una empresa violó una de nuestras leyes o sus reglamentaciones se les sanciona; eso sí lo sancionamos nosotros, no Australia».

Por otra parte, García Pintos reclamó la defensa del «derecho a pescar en alta mar y nuestra bandera», y dijo que habría que determinar si las embarcaciones capturadas lo hacían en los lugares protegidos o en las áreas permitidas. El legislador sostuvo además que cuando la administración uruguaya concede un permiso de pesca «no es para que se vaya a pescar en aguas jurisdiccionales de otro país». *