Es intensa la actividad en los juzgados con varios casos que vuelven al tapete

Luego de la negativa del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno a otorgar la libertad provisional de Jorge Peirano Basso, mañana se dará una instancia decisiva en otro caso de interés público, ya que la jueza penal de 6º Turno Fanny Canessa dará a conocer su resolución sobre el pedido de procesamiento por el delito de violencia privada del fiscal Eduardo Fernández Dovat para el contador Julio Kneit y la precandidata nacionalista Cristina Maeso, quienes representan a un grupo de ahorristas estafados del Banco de Montevideo.

Justamente, son múltiples los expedientes que por la crisis bancaria se abrieron en la Justicia, tanto en juzgados penales, civiles y de concursos, concordatos y quiebras. En el momento, el fiscal penal Rafael Ubiría tiene a estudio el expediente sobre el vaciamiento del Banco Caja Obrera, por el que pueden ser procesados nuevamente integrantes de la familia Peirano. Ese expediente está a cargo del juez penal de 8º Turno Pablo Eguren, quien a su vez indaga si existió responsabilidad de las autoridades del Banco Central en el vaciamiento del Banco de Montevideo y tramita el sumario referido al propio Banco de Montevideo, por el que ya procesó a varios integrantes de la familia Peirano y a otras autoridades de esa institución.

Siguiendo con el tema bancos, el juez penal de 4º Turno José Balcaldi, aguarda que la fiscal penal Cristina González le envíe su vista referida al sumario sobre el vaciamiento del Banco Comercial, por el que hubo siete procesamientos y pedidos de extradición, entre ellos el de los hermanos Carlos y José Röhm a Argentina y Estados Unidos.

Por el vaciamiento del Banco de Montevideo y el Banco Comercial son varias las causas abiertas fuera de la órbita penal, en que ahorristas afectados buscan resarcirse de las pérdidas, y que, en algunos casos incluyen acciones contra el Banco Central por negligencia o fallas en los controles.

Otro expediente relativo a un banco que vuelve a activarse luego de la feria es la demanda de un grupo de ahorristas argentinos contra el Banco de Galicia, puesto que el fiscal Enrique Moller solicitó su desarchivo y la realización de algunas pruebas que estaban pendientes, a lo que hizo lugar el juez penal de 19º Turno Luis Charles.

Un expediente que puede dar que hablar es el radicado en el Juzgado Penal de 13º Turno a cargo del magistrado Homero Da Costa, en el que se intenta dilucidar si dirigentes políticos o de gobierno realizaron retiros bancarios poco antes o durante la crisis financiera que vivió el país. La fiscal interviniente en el expediente, Olga Carballo, pidió testimonios que se cumplirán en las próximas semanas.

Un banco que también está en la mira de la Justicia es el Banco de Seguros del Estado (BSE), ya que AEBU denunció una serie de irregularidades en esa institución estatal, las que serán estudiadas por el juez penal de 16º Turno Alvaro França. También respecto a presuntas irregularidades en el BSE tiene pendiente una serie de investigaciones el juez Eguren, quien condenó al ex gerente general de esa entidad, Jorge Dotta, por un delito de conjunción del interés personal y del público. El Directorio del BSE presidido por Alberto Iglesias destituyó a Dotta, desestimando la sorpresiva recomendación de la Comisión de Disciplina del BSE (que asesora al Directorio y está integrada por jerarquías y representantes del personal del BSE) de no aplicarle sanción.

Derecho Humanos

En otro orden, se reactivan las causas judiciales sobre violaciones a los derechos humanos en la pasada dictadura o relativas a responsables de las mismas. En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno tiene para resolver diferentes recursos sobre el expediente en que se investiga la desaparición de la maestra Elena Quinteros, por el que fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco, acusado de un delito de homicidio muy especialmente agravado. Entre otros recursos, el tribunal de segunda instancia debe decidir sobre la apelación a la excarcelación provisional de Blanco que otorgó el juez penal de 1er. Turno Eduardo Cavalli y los escritos presentados por el Poder Ejecutivo en rechazo de las citaciones a declarar de militares dispuestas por el juez Alejandro Recarey, quien suplió a Cavalli algunas semanas.

En la sede penal de 1er. Turno, actualmente a cargo de la jueza Graciela Barcelona y a la que posiblemente a fin de mes se reintegre Cavalli, se tendrá que resolver sobre un informe entregado por varios peritos, en el que se indica que con una investigación de campo podría saberse sobre posibles enterramientos en el Batallón 13 de Infantería.

En lo relativo a los derecho humanos, la Suprema Corte de Justicia tiene que resolver la contienda de competencia planteada por el juez penal de 7º Turno Pedro Hackenbruch, en el juicio por atentado a la Constitución presentado contra el ex presidente dictatorial Juan María Bordaberry. En tanto, Bordaberry es uno de los investigados por el juez penal de 10º Turno Rolando Vomero, debido al asesinato de militantes comunistas en la Seccional 20 de esa fuerza política, en 1972.

El juez Hackenbruch y el fiscal Ubiría retoman esta semana el expediente abierto a raíz de la denuncia del juez Balcaldi contra el militar retirado Manuel Cordero, uno de los más connotados violadores a los derechos humanos durante la pasada dictadura, y su abogado Alejandro Pfeiff, a quienes acusa del delito de desacato por ofensa.

Uno de los casos en el que habrá novedades este año es la investigación sobre el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurrido en Buenos Aires en 1976 y que está a cargo del juez penal de 11º Turno Roberto Timbal y la fiscal Mirtha Guianze. En Argentina también habrá una reapertura de las investigaciones de estos asesinatos.

Diversos casos

Entre la enorme variedad de expedientes judiciales de relevancia se encuentran el referido al otorgamiento de publicidad oficial, por el que ya hubo ex jerarcas procesados y que continúa ahora bajo la responsabilidad de la jueza penal de 9º Turno Gabriela Merialdo, quien sustituye en ese cargo al magistrado Juan Contarín, actualmente en un juzgado civil.

En estos días el juez penal de 5º Turno Daniel Tapié, está interrogando a todos los policías que participaron de la investigación sobre el asesinato de la ex modelo y funcionaria del Edificio Libertad Susana Manzur, y cuando culmine decidirá los nuevos pasos a seguir en la indagatoria.

También sigue su trámite el expediente en que se investiga si cometió ilícitos durante su gestión Mario Areán, ex secretario personal del intendente de Montevideo Mariano Arana.

En breve, el Juzgado de Concursos, Concordatos y Quiebras a cargo de la magistrada Rossina Rossi, resolverá sobre un incidente presentado por la defensa del Ministerio de Defensa y respecto a los honorarios que solicita Ana Troncoso (esposa de Miguel Sofía, dueño del Grupo del Plata) en un juicio por daños y perjuicios contra la secretaría de Estado en que Troncoso reclama 240 millones de dólares. Para el Ministerio de Defensa los honorarios que debe abonar a la demandante son 500 dólares.

Peri observado

Todo indica que este año también se acentuarán las diferencias entre el ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, y el fiscal de Corte Oscar Peri Valdez, quienes no mantienen una buena relación. Guzmán, superior jerárquico de Peri, le inició una investigación administrativa al fiscal de Corte por supuestas irregularidades en su actuación.

La semana pasada se conoció que el Ministerio de Educación y Cultura observó severamente a Peri al entender que violó las normas que regulan la carrera de los magistrados del Ministerio Públi
co. Peri fue notificado de la resolución ministerial y recurrirá la sanción administrativa, para lo que designó como defensor al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Alonso De Marco. *