Myra Tebot dirigió una empresa implicada en el tráfico de armas

Documentación oficial argentina y uruguaya, corroborada en su autenticidad por calificados informantes de las Fuerzas Armadas de Uruguay, indican que la firma Intefema SA aparece vinculada en diversas indagaciones judiciales por la investigación del cargamento transportado por el buque croata Rijeka Express.

La sociedad anónima estaba integrada por Inversiones Portuarias, Tenanco SA, Ferry Líneas SA y Marítima Buenos Aires SRL, según publicó el rotativo porteño La Nación, en base a las investigaciones del juez Rodolfo Canicoba Corral.

Militares retirados del Ejército y la Armada argentinos formaban parte del grupo de directivos que gestionaba la concesión. Habrían sido partícipes necesarios del investigado tráfico de armas. Tebot, no obstante, nunca llegó a ser citada para esclarecer su relación.

La terminal portuaria que gerenciaba Tebot había iniciado la concesión el 6 de setiembre de 1994, cinco meses antes del último contrabando de armas constatado, que diera lugar a un interminable juicio penal. Otros embarques se registraron antes.

Intefema investigada por la «voladura» de la AMIA

La indagatoria se entrecruzó en cierta instancia con el caso de la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), caso que investigaba el juez federal Juan José Galeano. Se sospechaba que los explosivos del atentado ingresaron por la misma terminal.

En junio de 1995, cuatro meses después del último embarque de armas, Intefema SA pasó a manos de los hermanos Mario y Julio Fracchia, mandatados por el gobierno de Menem para «borrar todo y hacer desaparecer la terminal», según acusó ante el magistrado el ex apoderado de la nueva concesionaria, Adolfo Oscar Merlo.

Canicoba Corral investigaba delitos como «defraudación» y «estafa» que habrían sido cometidos por las firmas accionistas de Intefema SA. El magistrado investigó a su vez a la empresa Platestiba, también sospechada de integrar una red de contrabando de armas.

Una investigación casi simultánea siguió el juez federal Jorge Urso, quien indagó al responsable de Comercio Exterior de la empresa Fabricaciones Militares, por su supuesta vinculación con el tráfico.

Firmas uruguayas involucradas en contrabando que comenzó en 1991

El primer embarque de armas había sido perpetrado por Marítima Buenos Aires, en el quinto espigón, cuando el puerto no estaba privatizado, en 1991, según atestiguó Juan Carlos Cuello, de la Comisión Directiva del Sindicato Unión de Portuarios Argentinos (SUPA).

La firma pasaría luego a ser una de las empresas accionistas de la sociedad anónima Intefema SA.

El buque Rijeka Express, propiedad de la empresa Croatia Lines, realizó el último de los seis embarques investigados que transportaron el cargamento ilegal de armas argentinas.

Poco tiempo después del traspaso a los hermanos Fracchia, en una operación comercial de cuestionada legalidad, la empresa Intefema SA se presentó en quiebra y nunca volvió a actuar.

La terminal fue desmantelada por completo en enero de 1996.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, un total de siete buques croatas habían amarrado en la terminal portuaria concesionada a Intefema entre 1991 y 1995. Habrían partido con seis mil 500 toneladas de armas argentinas de todo calibre.

El tráfico de armas fue posible gracias a la utilización de firmas radicadas en Montevideo: Eltham Trade, Daforel y Hayton Trade, según establecieron las investigaciones judiciales en Argentina.

Bomberos y trajes especiales cuando zarpaban los buques

Testimonios recabados por la Justicia argentina entre trabajadores de la terminal, permitió establecer que cada vez que partía uno de los buques «se caía» el sistema informático de la aduana argentina.

Los embarques se realizaron siempre de noche. Para tales ocasiones, los trabajadores recibían vestimentas especiales y recibían la expresa orden de no fumar cerca de los contenedores. Las operaciones eran supervisadas por equipos de bomberos.

Hernán Corach, hijo del entonces ministro de Interior de Menem, y a su vez presidente de la Juventud Peronista, «venía seguido a la terminal y controlaba documentación; cumplía un papel de asesor jurídico», recordó el sindicalista Juan Carlos Cuello, del SUPA, entrevistado por La Nación. *