Fau prometió respuesta sobre indagatoria en el MDN por el polémico litigio judicial

Durante la sesión de casi cuatro horas, el senador socialista José Korzeniak no dudó en considerar que en este tema existe «acomodo», y no descartó la posibilidad de conformar una comisión investigadora o efectuar una denuncia penal.

El legislador encuentrista Víctor Rossi fue el propiciante de la convocatoria del ministro Fau.

Rossi evaluó que la demanda que enfrenta el Ministerio nació con «resoluciones de concesión de permisos para transmisión de televisión por cable en los años 1992 y 1993, y que en su camino encontró decisiones administrativas de revocación y también de anulación de parte del TCA».

«En 1998 se anularon las revocaciones sin tomar en cuenta las resoluciones de anulación del TCA y a partir de ese momento se habilitó la presentación de la demanda por parte de los empresarios, la que originalmente fue por U$S 68 millones, y por un error de procedimiento de parte del abogado que asumió la defensa del Ministerio (Amondarain) se perdió la instancia de presentación de pruebas», detalló el parlamentario.

Posteriormente, se apeló y se perdió la misma y el Tribunal de Apelaciones resolvió cargar costas y costos al Estado, lo que llevó a que a la fecha la demanda se estime en U$S 240 millones».

Ante tal circunstancia, la secretaría de Estado resolvió contratar un estudio jurídico privado -entre los que se encuentra el doctor Juan Andrés Ramírez- para la defensa de sus intereses, iniciativa que fue autorizada por el Tribunal de Cuentas.

«El Ministerio acordó pagar un porcentaje por los abatimientos que se logren en el resultado de la sentencia final lo que puede ser interpretado como que la cartera ministerial considera perdido el juicio», opinó el legislador.

Rossi señaló que el Estado se enfrenta a un juicio que va perdiendo «por un error procesal inexcusable del abogado defensor ya que la contestación de la demanda que por sentencia del Tribunal de Apelaciones no se tuvo en cuanta cuestiona cosas centrales de la demanda que no hubiera sobrevivido si el trámite del juicio hubiera sido normal».

«Sociedad conyugal»

El ministro Fau estimó que el monto de la demanda es «alejado de la realidad y la racionalidad».

También puntualizó que se trata de una «sociedad conyugal» porque la cliente es la esposa del abogado.

Aclaró que lo decía sin ninguna intención, respetuoso de la «institución matrimonial», ironizó, pero «es una situación de proximidad operativa de la actora y de su patrocinante».

«Acomodo»

A su turno, Korzeniak no descartó iniciar acciones parlamentarias como una Comisión Investigadora frente a lo que calificó de «acomodo».

Involucró en este asunto «al doctor Sofía», de desempeño «durante el período de la dictadura».

«Cometió delitos en un supermercado en Estados Unidos, robó, y lo mandaron para acá. Tiene una vinculación fuerte y conocimiento muy completo y sobre cosas que habían pasado en la dictadura en el Ministerio de Defensa», denunció.

Para Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay) es un «episodio muy grave», y en las contestaciones el ministro Fau «se fue por las ramas».

El nacionalista Luis Leglise se mostró partidario de proceder a una investigación administrativa en el MDN.

Por su parte, el diputado Ricardo Falero del Partido Independiente (PI) dijo que «es necesario investigar, no hay otra posibilidad. El Estado no puede ser responsabilizado por un pago de U$S 240 millones y no buscar si no hubieron comportamientos irregulares que lo comprometieron en tamaña suma».

El ministro Fau sostuvo que no era indiferente a la inquietud de diferentes sectores políticos «en el esclarecimiento de algunos hechos» y prometió brindar una respuesta. *