Se mantiene el abuso en el uso de autos oficiales y contratados

Los intentos de control sobre el uso de autos oficiales por parte de una comisión creada por el gobierno de Jorge Batlle no han logrado desestimular el abuso de algunos jerarcas y funcionarios, que continúan utilizando con fines particulares coches estatales o contratados por la Administración Pública.

La Comisión de Relevamiento de la Flota de Vehículos del Estado, que desde el Edificio Libertad preside Pedro Aramendía, recibe denuncias a través del correo electrónico [email protected] o por el teléfono 150 interno 1719, pero no ha logrado que el Parlamento apruebe una ley sobre el tema.

Aunque las denuncias recibidas en la sede del gobierno han disminuido en los últimos meses, los casos de mal uso de vehículos oficiales se habrían acrecentado durante el verano y a partir del recambio de autoridades en varios organismos públicos.

Una investigación que viene realizando LA REPUBLICA ha permitido confirmar que algunos importantes directores de oficinas públicas mantienen una práctica que el propio gobierno condenó a través de un decreto aprobado el 12 de junio del año 2000.

El presidente de la Comisión, Pedro Aramendía, explicó a LA REPUBLICA que se ha logrado cumplir la meta de reducir en un 50% los vehículos del Estado, y que ante cada denuncia se constituye un expediente y se investiga, al punto que en algunos casos se han impuesto sanciones.

Sin embargo, Aramendía aceptó que la Administración Central no tiene control directo sobre las empresas públicas ni sobre otras dependencias del Estado que, aunque redujeron su flota de automóviles, tienen a su disposición coches contratados que son aun más difíciles de controlar.

Un coche oficial y otro arrendado

La investigación que viene procesando LA REPUBLICA ya ha constatado algunos casos que emulan al del sonado escándalo protagonizado un año atrás por el vicepresidente de OSE, Hugo Granucci, quien por usar un coche oficial recibió una severa amonestación del Poder Ejecutivo.

Uno de los casos constatados implica al miembro de un Directorio público que hace tres meses no utiliza el Renault de matrícula oficial que tenía a su disposición, y pasó a usufructuar un auto particular contratado por la oficina que dirige.

Lo curioso del caso es que en esa dependencia de la Administración Pública se cumplió con la reducción de vehículos ordenada por el Estado, pero paralelamente se hizo un llamado para contratar automóviles particulares, que ahora son utilizados por el referido integrante del Directorio

Llamativamente, el dueño de la empresa ganadora es novio de una altísima funcionaria de la propia oficina estatal y, a su rol de empresario que obtuvo la contratación de dos coches, suma la tarea de chofer particular del director de la dependencia y de su hijo, a quien transporta a diario.

El Volkswagen verde metalizado con matrícula de Punta del Este fue contratado por la Gerencia General de la dependencia donde cumple funciones de confianza una funcionaria del mismo apellido del empresario ganador de la empresa contratada.

Difícil contralor y pocas sanciones

Desde el 1º de junio de 1942, cuando el general Alfredo Baldomir y su ministro de Hacienda, Javier Mendívil, aprobaron el Decreto-Ley Nº 10.183, por el que imponía una severa restricción de gastos, y que incluso suspendía el servicio de autos oficiales (artículo 11), varios han sido los intentos por evitar el abuso personal de los vehículos del Estado por parte del personal burocrático.

El presidente Jorge Batlle realizó su propia propuesta para frenar el abuso a sólo tres meses de asumir la Presidencia, cuando emitió un decreto que recogía otra disposición de marzo de 1999 (Nº 69/999), limitó la renovación del parque automotor y creó una comisión para controlar la flota.

La Comisión de Relevamiento de la Flota de Vehículos del Estado se creó en dependencia directa a la Auditoría Interna de la Nación y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes debían analizar la información que se recogiera en el marco de un censo de los coches a disposición de la Administración Pública.

El artículo 6º de aquel decreto prohíbe expresamente «el uso de locomoción oficial y combustible de cargo del Tesoro Nacional, por parte de cualquier funcionario público, fuera de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de sus responsabilidades públicas oficiales».

La disposición agrega que «en ningún caso el ejercicio de una función pública, en cualquier ámbito del Estado, podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo oficial fuera de los requerimientos del servicio en sentido estricto», pero sólo serían sancionados con una «falta administrativa grave».

Por el propio decreto (artículo 7º) se obliga a las distintas dependencias a presentar el detalle de los autos que se utilizan, los distintos talleres que tienen a cargo la reparación de los automóviles y la nómina de vehículos arrendados para uso oficial.

La ley que no termina de aprobarse

Aunque la meta de reducir un 50% los vehículos fue obtenida, nunca se pudo confirmar cuántos autos con matrícula oficial funcionan en Uruguay, ni constatar cuántos coches de Intendencias, entes autónomos y servicios descentralizados se agregaron a los 7.234 automóviles inicialmente censados.

Hace un año, el 15 de enero de 2003, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el que se crea el Registro de Vehículos Oficiales del Estado y se regula la asignación y uso de los coches del Estado, pero la iniciativa todavía no ha sido aprobada.

En el proyecto se prohíbe la circulación de cualquier vehículo estatal que no lleve chapas oficiales (excepto las custodias, servicios de inteligencia y prevención y represión del contrabando) y hasta los coches arrendados deberán identificar la repartición o servicio al que están afectados.

Los funcionarios públicos «sólo podrán utilizar los vehículos oficiales en actos directos de dicho servicio, dentro de días y horas hábiles o debidamente autorizados», y se considerará uso indebido cuando «los vehículos trasladen personas u objetos ajenos al servicio; cuando circulen en día feriado, o fuera del horario administrativo».

El proyecto, reconocieron voceros gubernamentales a LA REPUBLICA, tendrá dificultades para aprobarse, ya que «las normas que se quieren imponer son tan estrictas, que un auto oficial no podría ni levantar a una persona en una emergencia o parar en un quiosco para comprar cigarrillos… El problema es que, mientras tanto, sigue la joda», se expresó. *