Peri rechazó acusaciones de APU

El fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, rechazó el contenido del relatorio 2003 de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), donde se pide su destitución por restringir el ejercicio del periodismo y el derecho a la información.

La semana pasada APU presentó su informe sobre las agresiones al derecho a la información y a la libertad de prensa, en el que reclama al gobierno «la destitución de Oscar Peri Valdez del cargo de fiscal de Corte y procurador general de la Nación, por cursar a los fiscales un instructivo con elementos claramente restrictivos del ejercicio del periodismo y el derecho a la información».

En febrero del año pasado se publicó una nota en la que se informaba sobre dichos de Peri Valdez sobre la libertad de expresión. «Como surge de la interpretación contextual de la resolución de que se trata, la misma no contiene ninguna instrucción ni recomendación dirigida a los fiscales, restrictiva del derecho de información», dice Peri. Agrega que los fundamentos de esa resolución se pueden consultar en Internet (www.mpf.gub.uy) o solicitándola al Area de Sistematización de Antecedentes e Información.

Peri reafirma además su «mayor respeto (a) la libertad de expresión y al derecho de información».

Asimismo destaca su absoluto «apego» a todos «los derechos individuales consagrados en la Constitución de la República, y a la independencia técnica en el marco de la cual desarrollan su labor. Ello ha constituido, desde siempre, una garantía de imparcialidad y legalidad para todos los ciudadanos, en la defensa de los intereses generales».

El informe de APU, además de realizar un raconto de los hechos que involucraron a periodistas durante el año que pasó, también realiza una serie de reclamos que pasan por la eliminación de la figura penal de «desacato»; que se elaboren reglamentos claros y objetivos para el otorgamiento de frecuencias a través de mecanismos competitivos; que se apruebe el proyecto de Hábeas Data; la investigación de los delitos de lesiones que sufrieron periodistas; y una «normativa clara que comprometa los bienes patrimoniales de los empresarios que cierran sus medios de comunicación y dejan en total desamparo al personal que, además de perder su empleo se ve impedido de percibir los créditos laborales». *