Myra Tebot y María Giambruno, investigadas por irregularidades

Giambruno había cobrado un retiro incentivado de 50 mil dólares en 1997. Ocupó la Dirección General de Comercio en 2001 y fue recontratada por el BPS con un sueldo de 89 mil pesos. La ATSS pidió que se le investigue administrativamente ante eventuales implicancias. Tebot y Giambruno, fueron acusadas de interpretar «en forma incorrecta» la Ley de Estabilidad Fiscal y de «cobrar de más» en la aplicación del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), en base a un instructivo en el que, para calcular la franja salarial, incluyó al salario mensual de los trabajadores todo otro ingreso no mensual. Ambas, además, encabezaron el operativo contra el Multimedio Plural, en abril de 2002.

La contadora María Inés Giambruno Maroño, que en 1997 cobró un retiro incentivado de 50 mil dólares para irse del BPS y cuatro años después fue recontratada por el mismo organismo con un salario de 89 mil pesos mensuales, estaría violando normas de conducta de su función.

La Asamblea Nacional de Delegados de la ATSS había exigido que se investigue la actuación de la directora de la ATYR.

Giambruno, quien se desempeñó como asesora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue luego por un año directora general de Comercio (DGC) en sustitución de Jorge Sienra.

Giambruno es esposa del contador Gonzalo José Fernández Secco, quien tiene tres empresas a su nombre (Nº 3.760.085, Nº 1831.751 y Nº 3.642.477), cuyos trámites se estarían «gestionando» desde el propio despacho de la directora de la Asesoría Tributaria y de Recaudación.

Las gestiones de esas empresas –una de ellas un estudio contable en el que trabajó la propia Giambruno– son realizados por «Gabriela», la secretaria del contador Fernández, quien visita la dirección de la ATYR y luego, acompañada por una funcionaria, va a las distintas oficinas para que sus trámites sean resueltos.

El Estudio Fernández Secco & Asociados, fundado el 2 de mayo de 1980 y ubicado en la calle 25 de Mayo 467, oficina 401, se ha transformado en un grupo interdisciplinario, que entre sus ofertas incluye desde el registro intelectual, a la asesoría fiscal y hasta la constitución de sociedades «off shore».

La situación que todos conocen en el tercer piso del edificio de Sarandí 570, donde está ubicada la ATYR, es contemplada con estupor por el personal y no pocos gestores, que se preguntan si la contadora Giambruno no estaría violando los artículos 27 y 28 de las Normas de Conducta de la Función Pública.

El 23 de enero de 2003, el Poder Ejecutivo dictó una compilación, ordenamiento y reglamentación de las Normas de Conducta en la Función Pública, donde se regulan los deberes, prohibiciones e incompatibilidades en el ejercicio de la labor de los empleados del Estado.

En el Artículo 27º, «Prohibición de relaciones con actividad controlada», impide a los funcionarios públicos con cometidos de dirección superior, inspectivos o de asesoramiento ser dependientes, asesores, auditores, consultores, socios o directores de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se encuentren sujetas al control de las oficinas de que aquéllos dependan. Les está prohibido asimismo percibir de dichas personas retribuciones, comisiones u honorarios de clase alguna».

Por el Artículo 28º (Prohibición de relaciones con actividad vinculada), también se prohíbe «a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades privadas a las que se encuentren vinculados».

Un «incentivo» para volver

En mayo de 2002, dirigentes de la ATSS denunciaban que el Directorio del BPS había recontratado a una contadora y licenciada en administración, quien años antes había cobrado un incentivo de 50 mil dólares para retirarse del Estado y ahora volvía con un salario de 85 mil pesos mensuales.

El gremio de trabajadores, según El Observador, denunciaba entonces a la contadora María Inés Giambruno, y advertían que –aunque no parecía constituirse en una ilegalidad–, no se comprendía cómo si ahora se le contrataba, años antes se había aceptado que se retirara de su puesto.

María Inés Giambruno Maroño había trabajado hasta 1995 en la Asesoría Económica y Actuarial (AEA) del Banco de Previsión Social y en 1996 pasó a una comisión llamada Implementación de la Ley de Seguridad Social (ILSS), luego de salir última en un concurso de ascenso a gerente de la AEA.

El fallo de concurso, cuya terna arbitral estaba integrada por dos catedráticos grado cinco de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, le habrían llevado a usufructuar el decreto Nº 527/996 del 31 de diciembre de 1996 por el que se autorizaron los retiros incentivados en el BPS.

Para acceder al incentivo, los funcionarios sin causal jubilatoria debían tener dos años de actividad, y recibirían doce sueldos mensuales más otro salario por cada año de antigüedad hasta un máximo de 24 sueldos, que se abonarían al contado.

La resolución subrayaba: «el Directorio se reserva el derecho de no aceptar el acogimiento al plan de incentivos que se propone de aquellos funcionarios que, sin causal jubilatoria y por la índole de las tareas que realizan por la carencia de personal en su categoría funcional, su desvinculación perjudique el servicio».

Pese a esa cláusula, el Directorio aceptó entonces el retiro de la contadora Giambruno, dado que sus servicios no eran imprescindibles. Giambruno pasó entonces a la actividad privada, pero no pasaría mucho tiempo para que sus relaciones le permitieran volver a un importante cargo público.

La «sustituta» de Sienra

El 26 de julio de 2000, el presidente Jorge Batlle designó a la reaparecida contadora María Inés Giambruno como directora general de Comercio del Ministerio de Economía y a las 14 horas sustituyó a Jorge Sienra, que había pasado a ocupar la titularidad de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

El 10 de agosto de 2000, con su nuevo cargo, participa en las sesiones del XI Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores donde se conmemoró el 20º Aniversario de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), con sede en Montevideo, donde se lanzó un sello conmemorativo.

En su calidad de asesora del MEF y como directora de Comercio Giambruno también participó de los debates parlamentarios del Presupuesto quinquenal propuesto por la administración Batlle. Participa de las sesiones en comisión del 31 de octubre y el 20 de noviembre de 2000.

Entre el 5 y el 7 de diciembre de 2000, la contadora Giambruno viaja a Brasil como integrante de la delegación uruguaya ante la XL Reunión Ordinaria del Grupo Mercado Común que se desarrolló en Brasilia.

La carrera de la contadora Giambruno en la DGC finalizó el 1º de junio de 2001, cuando el gobierno designa al capitán de navío (r) Luis Salvo en la Dirección Nacional de Aduanas en sustitución de Jorge Sienra, quien regresó entonces a su anterior cargo como director general de Comercio.

Ese mismo día, la contadora María Inés Giambruno fue designada para ocupar la Dirección de la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR) del Banco de Previsión Social. La misma dependencia que le habían dejado partir, con una renuncia incentivada en 1997, porque no era imprescindible.

El cargo de Directora Técnica de la Asesoría Tributaria y Recaudación (ATYR) había sido creado en 1995 por la Ley 16.713, con la que se dio nacimiento a las Administraciones de Fondos y Ahorros Previsionales (AFAP), un tema en el que la contadora Giambruno se habría especializado.

En el nuevo destino de la contadora Giambruno habrían incidido un pedido especial del
entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, tanto como su conocimiento personal con la gerente general Myra Tebot, bajo cuyas órdenes había trabajado cinco años antes en la ILSS. La recontratación de la funcionaria fue aceptada por los integrantes del Directorio del BPS, quienes reconocieron sus cualidades técnicas. Sólo el representante de los trabajadores, Ariel Ferrari, se abstuvo de votar porque consideró que se debió llamar a concurso y no hacer una contratación directa.

Irresistible ascenso de Tebot

Es la funcionaria estatal mejor paga, después del presidente de la República Jorge Batlle, apunta la revista Caras y Caretas, en su edición del 3 de mayo de 2002. Invirtió 18 mil dólares en la construcción de una cocina en el BPS pero recortó las horas extras y los gastos de mantenimiento del BPS, organismo que le paga el sobrepeso de su equipaje cuando retorna de sus frecuentes viajes al exterior. La revista, catalogó a Myra Tebot como «supergerente general» del BPS.

Es esposa del actual presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti. Ambos se conocieron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en tiempos del retorno de la democracia. Ella procede del pachequismo, y él de la liberal Lista 15. Nació el 26 de mayo de 1950 e ingresó hace tres décadas al MTOP, apoyada por sus contactos con el pachequismo que fue quien le abrió el camino como funcionaria administrativa. Permanecería en su sitio cuando la irrupción militar y a la sombra de la dictadura y de sus vínculos familiares con la Armada, consolidaría su carrera como funcionaria pública.

El cargo de gerente general fue creado por el ex presidente Juan Berchesi para dar ingreso a un representante de la Lista 15 en el Directorio del BPS. Para ello, Berchesi recurrió a un decreto ley de la dictadura para así contratar por un sueldo exorbitante a Myra Selva Tebot, informó Caras y Caretas.

Sólo el Presidente de la República tiene en Uruguay un salario más alto que el de ella. Desde entonces, Tebot tiene todos los beneficios de un miembro del Directorio del BPS. Cuando se le propuso ser presidenta del organismo, rechazó el honor con firmeza: la distinción le hubiera disminuido su sueldo y sus beneficios. Su sueldo actual sería superior a los 120 mil pesos. *