Mañana el Directorio del organismo tendrá que optar entre la legalidad y la racionalidad, o el abuso y la iniquidad

A nueve meses de las elecciones, el BPS reabre la posibilidad de eliminar al Multimedio Plural

Cuando parecía que la decisión ilícita del gobierno coaligado de clausurar, utilizando al BPS, al único diario de oposición, LA REPUBLICA , y a sus medios aliados, AM LIBRE y TV LIBRE , había sido sepultada por la revocación del Directorio del organismo que el 25 de setiembre último declaró nula su propia decisión, el tema fue traído de urgencia por Myra Tebot y figura en el primer lugar del orden del día de la sesión de mañana miércoles.

El objetivo es claro: aprovechar la desmovilización del verano para declarar al diario LA REPUBLICA conjunto económico con otras 23 empresas, antes que venza el certificado provisorio del BPS que le permite seguir saliendo todos los días y sin el cual no podrá adquirir los insumos necesarios para su edición. Toda la operación montada por la gerente general, Myra Tebot, esposa del presidente de Ancap, Jorge Sanguinetti, y sus principales colaboradoras, la directora de ATYR, María Inés Giambruno, se descalabró cuanto todos los catedráticos contratados por el BPS dictaminaron la nulidad del acto ilegítimo contra el Multimedio Plural. El papelón histórico de Myra Tebot y María Inés Giambruno, que fueron apoyadas en su propósito clausurador por sólo dos directores del BPS, no impidió que violando el mandato que les confiriera la sociedad a la que deben servir, volvieran a usar la la impunidad que les otorga su cargo, decidiendo nuevamente utilizar la fuerza en contra del derecho y la razón, con el único objetivo de acallar al único diario de oposición a sólo 9 meses de las elecciones nacionales.

Declarado nulo de toda nulidad el proyecto clausurador, por parte de todos los catedráticos consultados -Carlos Delpiazzo, Juan Pablo Cajarville, Gonzalo Aguirre y Alberto Faget- y por la contundente votación de 5 a 2 en el Directorio del BPS, se dio vista a las 23 empresas involucradas.

Reg SA, editora del diario LA REPUBLICA, evacuó la vista en un escrito de 77 fojas, donde desmontó una por una todas las ilícitas presunciones que sin prueba alguna la vinculaban a empresas que nada tenían que ver con su gestión, ni con su capital, ni con su ramo de actividad.

La mayoría de las empresas involucradas también lo hicieron; otras ni se negaron a contestar la vista dado lo absurdo del relacionamiento o por encontrarse enfrentadas judicialmente con el diario LA REPUBLICA o porque no les vino en gana seguir los caprichos despóticos de las dos funcionarias actuantes.

Lo cierto es que en tiempo récord la Gerencia General y sus estrechos colaboradores analizaron los millares de fojas presentadas en descargo por decenas de empresas impugnadas, y sin descansar ni en las fiestas de diciembre y ya en plena feria, resolvieron que ninguna de las presentaciones de las 23 empresas cuestionadas, ni ninguno de sus argumentos, eran aceptables y todas sin excepción debían ser declaradas conjunto económico con el diario LA REPUBLICA. Incluidas la del recientemente fallecido productor de grandes espectáculos públicos Pity Yñurrigarro, que operaba con el sello de Abraxas Producciones, o empresas vinculadas a Carlos Romay, dueño de canales de televisión, sobrino de los actuales propietarios de Canal 4, o empresas que administran propiedades inmuebles o empresas de la sucesión García Lagos, o empresas a quien Fasano les inició acciones penales y civiles como Señal 1 de televisión, o empresas que vendían publicidad para LA REPUBLICA así como para el Canal 4 y el Canal 5, o que contrataban trabajos con El País y Ultimas Noticias, o que organizaban eventos al Club Peñarol a la Feria del Libro o a Rutas de América o la Vuelta de la Juventud, o que hacían programas deportivos en Canal 5 y en CX 26, y hasta con otras que actualmente están vinculadas con Paco Casal y que compiten con TV LIBRE.

No se salvó ninguna. Y al decir de un alto jerarca del BPS, indignado por la politización del BPS para clausurar a 9 meses de las elecciones al único diario opositor, «en tiempo récord, un organismo que se caracteriza por su lentitud, desechó 23 recursos, previo estudio, análisis, interrogatorios, diligencias, no encontró un solo error en su propuesta irracional y sin una sola prueba, basada en indicios que son ilegales, y en pleno enero, tras las fiestas, vuelve a plantear la inmediata declaración de conjunto económico de las 23 empresas; no se conoce un caso así en toda la historia del BPS».

Obviamente, a Myra Tebot y a María Inés Giambruno no se les ocurrió siquiera estudiar la declaración de conjunto económico del diario El País con la empresa que edita el Gallito Luis y con Canal 12 y con FM Metrópolis; ni el conjunto económico del diario El Observador con las empresas del grupo Peirano, o el conjunto económico del diario Ultimas Noticias con el Hotel Radisson; o las numerosas empresas del grupo Moon; o el conjunto económico del semanario Búsqueda, que fuera adquirido por los propietarios de los supermercados Disco; o el conjunto económico del Canal 10 con Radio Carve, Nuevo Tiempo y X FM, y decenas y decenas de conjuntos económicos más.

Tampoco les tembló la mano al constatar que ésta es la primera declaración de conjunto económico de este tipo desde hace 35 años, ya que la resolución R.D. 2-26/98 dejó sin efecto todas las declaraciones de conjunto económico desde 1968 en adelante. Myra Tebot y Giambruno saben, como dijo  y se publicó el 17 de setiembre del año pasado  un jerarca del BPS, que «Fasano podrá ganarnos todos los juicios que quiera dentro de unos años, pero nuestra decisión no tiene efecto suspensivo y los certificados para que pueda seguir saliendo no se los daremos si alguna de esas 23 empresas declaradas conjunto económico tiene deudas con el BPS; sean o no de él, con las presunciones nos alcanza».

Ninguno de los indicios considerados «ilegales e ilegítimos» por el decreto 107 del 24 de febrero de 1995, pudo siquiera tener algo que ver con el diario LA REPUBLICA y esas 23 empresas, pero de no ser como dice el decreto «ilegales e ilegítimos» los indicios, y de relacionar éstos de alguna manera a esas empresas entre sí, también debería ser incorporada en esa lista Impresora Polo Limitada, que reúne por lo menos 4 indicios de los aplicados por el BPS ya que Polo Limitada fue fundada por Fasano, incluso tuvo el mismo domicilio de Reg SA en Garibaldi 2579, y hasta siguió operando en ese domicilio durante mucho tiempo después de que fuera fundado el diario LA REPUBLICA y hasta arrendó servicios e instalaciones a Reg SA.

También debería ser incluida en el conjunto económico con LA REPUBLICA, porque poseen no menos de 4 indicios vinculatorios con nuestro diario, el Hotel Radisson, el Banco de Crédito y hasta el Hotel Horacio Quiroga de Salto, en la esperpéntica e irracional interpretación de Myra Tebot y María Inés Giambruno.

También la desaparecida ONDA SA debe ser declarada conjunto económico con LA REPUBLICA, ya que reúne 4 de los requisitos que utilizaron los fiscalizadores del BPS contra el diario plural (directivos comunes, apoderados comunes, asesores comunes y acuerdos comerciales).

No se salvaría la Unidad Coronaria Móvil de ser conjunto económico con LA REPUBLICA ya que también reúne 4 presunciones para esa declaración y si se salvó es porque la Unidad Coronaria Móvil no es un medio de comunicación opositor ni le pasa por la mente oponerse al superior gobierno y menos a 9 meses de los comicios.

La Guía del Ocio reúne también 4 requisitos para ser conjunto económico con LA REPUBLICA, pero como por ahora no hace oposición en sus carteleras prefirió ser dejada de lado por Myra Tebot y Giambruno.

Y por qué no también el canal de televisión VTV que utiliza personal y equipos de Señal 1 y cuyo director, Edgardo Martirena, fue titular de una empresa tercerizada por LA REPUBLICA para hacerse cargo de la sección deportes y además fue presidente de una sociedad declarada en primera instancia conjunto económico con LA REPUBLICA..

Y ya que estamos si VTV es condecorada con su participación en el conjunto económico de LA REPUBLICA, también tenemos que incorporar a Tenfield SA de Paco Casal en el grupo ya que es notorio que es el titular de VTV.

Pero como por ahora Paco Casal no pretende disputarle hegemonía política a la coalición blanquicolorada, pese a que sufre los mismos indicios que las restantes 23 empresas, no fue castigada. La pregunta de ¿por qué a unos sí y a otros no? es muy simple de contestar.

Se eligieron 23 empresas desconocidas, indiferentes ante el poder, se sacaron de las primeras 47 empresas elegidas aquellas leales al gobierno pero que poseían las mismas características que las 23 seleccionadas por su relación con LA REPUBLICA y después se procedió a cocer el caldo de la impunidad para que el Multimedio Plural no pueda participar con sus informaciones y sus opiniones en el acto electoral que cambiará la historia del país.

Mañana miércoles, el Directorio del BPS, tras el papelón que lo llevó a anular su propia decisión, volverá a tener en sus manos el destino del único diario de oposición, así como el de la radio AM LIBRE y el del canal TV LIBRE..

Es obvio que de decretarse el conjunto económico entre LA REPUBLICA, que está al día en sus obligaciones con el BPS, con decenas de empresas que LA REPUBLICA ignora si están o no al día con el organismo previsional, y unificarse todas las deudas entre ellas, se pone en peligro la existencia misma de todo el Multimedio Plural. No sólo por los certificados esenciales para operar, sino porque puede ser ejecutado legalmente por el BPS por deudas de empresas que no le pertenecen.

A nadie le queda duda de que este ataque artero contra la libertad de expresión y contra la mitad de los uruguayos tiene características discriminatorias de claro contenido político. Es una medida sin precedentes en la historia de la prensa uruguaya.

El Directorio del BPS debe saber que las tiranías suelen encubrir sus pasos en contra de la libertad, mediante medidas administrativas sin efecto suspensivo.

LA REPUBLICA, sus lectores y una porción muy importante de la sociedad civil y política esperan que la legalidad se imponga a la iniquidad. *

A nadie le queda duda de que este ataque artero contra la libertad de expresión y contra la mitad de los uruguayos tiene características discriminatorias de claro contenido político. Es una medida sin precedentes en la historia de la prensa uruguaya.

El Directorio del BPS debe saber que las tiranías suelen encubrir sus pasos en contra de la libertad, mediante medidas administrativas sin efecto suspensivo.

LA REPUBLICA, sus lectores y una porción muy importante de la sociedad civil y política esperan que la legalidad se imponga a la iniquidad. *

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