Presencia de Opertti generó debate sobre los DDHH y relacionamiento con Argentina

Con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, la Comisión Permanente debatió durante cuatro horas desdesde las 16.08 hasta las 20.15, el controvertido relacionamiento en el Río de la Plata, y la política exterior de Uruguay (ver nota aparte).

El ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, expresó ante el Parlamento que el gobierno «no está dispuesto a aceptar como legítimo ningún planteo que desconozca el derecho internacional», ni a que se ponga en tela de juicio la legitimidad y el esfuerzo legislativo realizado por las autoridades legítimas en el caso de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado».

Opertti aludió al comunicado que horas antes del llamado a Sala emitió Cancillería en respuesta a la controversia entre los gobiernos de Argentina y Uruguay por los derechos humanos y el destino de María Claudia Irureta, nuera del poeta argentino Juan Gelman.

El secretario de Estado sostuvo que un tema de preocupación de la política exterior del país es la relación con Argentina, país al que definió como «hermano, socio y amigo», y aclaró que no pretendía «agregarle decibeles» al diferendo.

Señaló que no ingresaría en el análisis minucioso de lo que cada cual expresó, y que no iba «a bajar esa escalera, no por un acto de soberbia, sino porque no contribuiría a nada». Según Opertti, el comunicado no tiene el objeto de generar «un pleito a distancia o una guerra de comunicados», sino que su objetivo es precisar «cómo se ha trabajado en un tema de tan alta sensibilidad como es el de los desaparecidos. Eso exigía ser puntuales porque no hay lugar para la imprecisión». Resaltó que en el comunicado «no hay adjetivos», y que el gobierno uruguayo no califica «de ningún modo lo actuado por Argentina». Asimismo, subrayó que Cancillería actuará «dentro del derecho internacional y los tratados vigentes y del orden jurídico nacional soberano, porque no hay resignación de competencia».

«Me he querido quedar con lo que Batlle ha dicho desde el 1º de marzo de 2000 cuando expresó que quería sellar la paz entre los orientales», destacó Opertti. Añadió que el gobierno no está dispuesto a aceptar como legítimo «ningún planteo que desconozca el derecho internacional que desde Viena establece un estatuto conocido y reconocido por la práctica de los Estados en cuanto a los gobernantes y la manera de ser convocados». También expresó que los delitos se castigan según las leyes y jueces del lugar donde se perpetran, y que el gobierno de Uruguay tampoco estará dispuesto a que se ponga en tela de juicio la legitimidad y el esfuerzo legislativo realizado por las autoridades legítimas del país y, en el caso de la Ley de Caducidad, la cual además fue aprobada por la ciudadanía. Opertti considera que las relaciones con Argentina son «un tema de Estado», por lo que solicitó que el comunicado sea «leído y entendido como una expresión seria de un país que no quiere profundizar la brecha y tampoco que se tenga que pagar el precio de resignar sus principios que no están ni estarán en juego en esta relación». Para el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), «el tema central es que mientras el tema de los derechos humanos no esté resuelto, va a ser motivo de diferencias». «Caducidad no es amnesia, pero tampoco la caducidad abarca otras pretensiones tanto de la comunidad internacional como de otros países. La propia ley impuso en su mandato la necesidad de investigar y esto no está cumplido a cabalidad», afirmó Rubio. Opertti señaló que recién cuando el Parlamento apruebe la instrumentación de la ley del Código Penal Internacional, «cuando esto ocurra, ahí sí tendremos una tipificación penal que todavía no tenemos, a partir de ahí inculpar a quienes cometan esos delitos, porque no tienen efecto retroactivo».

Rubio dijo no compartir la tesitura y sostuvo que sin perjuicio que el Parlamento aprueba esa norma, se debe abogar por «la verdad, y la verdad significa transparencia». «Hay delitos de operativos transnacionales en el marco de la operación Cóndor. Uruguay no ha ido en la profundidad que debía. La Comisión para la Paz acumuló información, pero no es lo mismo el Informe que la investigación», puntualizó. También reclamó un respeto a las decisiones de los Poderes Judiciales que convocan a declarar a testigos de las violaciones de los DDHH.

En tanto, el senador nacionalista Luis Alberto Heber consideró que el comunicado de la Cancillería era «demasiado detallado».

«Lo que dice el comunicado está bien, y sobre todo lo que dice el segundo literal, cuando quizás me hubiera gustado que dijera con más energía, pero lo dice, que dentro de este contexto se sitúan las leyes de Clemencia Soberana y Amnistía de 1985 y de Caducidad de 1986, y la ratificación por el pueblo mediante referéndum de la segunda de dichas leyes, cerrándose así una etapa fundamental en el delicado proceso de transición democrática», leyó.

Para Heber «con este artículo ya alcanzaba». A su turno, el diputado colorado Daniel García Pintos fustigó las actitudes del gobierno argentino y al Frente Amplio por apoyarlo. El legislador consideró que «han sido lesionados los valores nacionales, por actitudes poco felices de los actuales mandatarios de nuestros vecinos territoriales, y también de voceros de sus gobiernos». Asimismo, señaló que a la izquierda «poco le importó propiciar actitudes de injerencia en asuntos internos del país, por parte de presidentes extranjeros, con tal de favorecer sus apetencias electoreras». El legislador consideró que «las expresiones que vienen de Buenos Aires en materia de derechos humanos son tan cortina de humo como lo de Leopoldo Galtieri con las Malvinas», e hizo referencia a la existencia de las leyes de Amnistía y Caducidad.

 

«Calienta a un pueblo»

El diputado encuentrista Carlos Baráibar también recordó las infortunadas expresiones de Batlle sobre los argentinos. «La institución del Presidente, el pueblo uruguayo, deberían ser una misma cosa». Pero «la respuesta de los 80 desaparecidos calienta a un pueblo. No puede decir eso».

Baráibar le entregó al canciller Opertti un vídeo sobre los discursos de los presidentes Inácio «Lula» Da Silva de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina, en donde evaluó que no existió una intromisión interna.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada recordó que los enfrentamientos con Argentina nacen con episodios como «la desgraciada grabación de Bloomberg que dejó mal parados a todos los uruguayos» o cuando declaró a CNN que «Menem sería el ganador de las elecciones argentinas. Mostró una injerencia en los asuntos internos». «Hay actitudes desaconsejables de ambos lados, hay que actuar con suma cautela», dijo. *