Abogado de Gelman: "Cancillería no responde dónde está María Claudia"

El abogado del poeta argentino Juan Gelman, doctor José Luis González, afirmó ayer que el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores «no responde a la inquietud y al reclamo del gobierno argentino –y desde luego de Juan Gelman–, que es conocer el paradero de María Claudia». González subraya que Cancillería no desmiente que el presidente Batlle le haya dicho al senador Rafael Michelini que conocía la identidad del asesino de la nuera de Gelman y que si se quiere «sellar la paz entre los uruguayos» sería suficiente preguntarle (al granadero Ricardo «Conejo» Medina) dónde fue enterrada».

 

Reclamo argentino es legítimo

González se preguntó para qué la Cancillería emitió el comunicado, en la medida que hace «una reseña cronológica de la política de derechos humanos del Estado uruguayo en los últimos años, a la que se podría acceder a través de diversos medios de información periodística».

«Cuando alguien no quiere pronunciarse sobre un aspecto en concreto, hace lo que hizo el Poder Ejecutivo: relata hechos, indica cifras, da nombres, informa fechas, etc., y así sucesivamente puede escribir varias páginas, pero no va al fondo, no da una respuesta concreta de lo que se le pregunta», manifestó González, para quien el comunicado «no agrega ni quita nada a lo ya conocido» y «hubiera sido preferible que no se dictara». González subraya que no se responde la pregunta de dónde está María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, la joven argentina secuestrada en Buenos Aires en 1976, trasladada clandestinamente a Montevideo, permaneció recluida hasta que dio a luz una niña, para luego ser asesinada y enterrada probablemente en una unidad militar.

«El gobierno argentino está reclamando legítimamente por el destino de uno de sus nacionales.

Es honroso que así sea. Que un gobierno se preocupe por la suerte de uno de sus ciudadanos, y que sea el propio jerarca del Estado que da el ejemplo», indicó. El jurista agregó que «los derechos humanos no tienen banderías políticas, y aquí en Uruguay parecería que las autoridades del Estado están más preocupadas por la afinidad que el gobierno argentino tiene con determinado sector político, que por el lugar donde enterraron a las víctimas de la dictadura» y opinó que «es tan legítimo que el gobierno del Sr. Kirchner reclame por María Claudia, como que el gobierno uruguayo reclamará en la Argentina por Zelmar Michelini y Gutierrez Ruiz», afirmó.

 

Batlle no desmiente a Michelini

El patrocinante jurídico de la causa penal iniciada por Gelman en Uruguay, realizó precisiones respecto al texto del comunicado de la cancillería que en su numeral 3 señala que el tema de los desaparecidos ha sido «de mayor sensibilidad» para el gobierno, cuando se trata de «un deber jurídico», apuntó. Para González, ese deber jurídico «surge del artículo 4 de la Ley de Caducidad, y además de los innumerables compromisos internacionales suscritos por la República». «Dicho así, parecería como si fuera una generosidad del Estado, cuando, repito, es una obligación y un deber». El abogado de Gelman, también aclara que si bien la Comisión para la Paz implicó un «esfuerzo» y «mérito» que «nadie duda», «no debe olvidarse que el Poder Ejecutivo privó a la Comisión de poderes de investigación, destinándola simplemente a la categoría de órgano receptor.

Entonces, si bien no merece su reprobación, tampoco resultó el paradigma de la justicia», dijo. El jurista, advierte sobre las omisiones del comunicado en la medida que «nada dice sobre el conocimiento que el Sr. Presidente de la República tiene sobre la identidad del asesino de María Claudia: hecho difundido a través de la prensa, y confirmado por el senador R. Michelini, que nunca fue desmentido».

«Partiendo de esta hipótesis resulta llamativo que quien dice querer «sellar la paz entre los uruguayos» sea la misma persona que conoce la identidad del asesino de María Claudia. Sería suficiente con preguntarle dónde está enterrada, y ese solo gesto evitaría páginas enteras de comunicados que más que jerarquizar la actividad desempeñada, pone en tela de juicio la voluntad política en materia de Derechos Humanos», puntualizó González. *