La Comisión Permanente aprobó las venias para ascenso de cinco militares

La Comisión Permanente aprobó por unanimidad la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascenso al grado de contraalmirante al capitán de navío (CG) Hugo Viglietti; al grado de brigadier general, a los coroneles (Av.) José Bonilla y José Bilardo, y al grado de general a los coroneles Dardo E. Rossi y Juan Giorello.

Asimismo, concedió la venia al Poder Ejecutivo para designar al capitán de navío en situación de retiro Raúl E. Dibarrart como conjuez integrante del Supremo Tribunal Militar por la Armada Nacional.

El pasado 23 de diciembre, la Cámara de Senadores, en sesión secreta, no consideró las venias solicitadas por el Ejecutivo para otorgar ascensos en las Fuerzas Armadas, después de que los legisladores del EP-FA y los nacionalistas Jorge Larrañaga y Carlos Garat entendieron que «no existía suficiente información». Por tanto, la Comisión Permanente, que preside el senador socialista José Korzeniak, definió ayer el tema.

 

Auxiliares de servicio

Por su parte, el diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) se refirió, durante la media hora previa de la sesión de ayer de la Comisión Permanente, a una misiva que la Federación Nacional de Magisterio hizo llegar a todos los legisladores referida al eventual cese de las partidas de la contratación de auxiliares de servicio para el año 2004.

En la misiva de la gremial de magisterio, que leyó en sala el diputado Rossi, se señala que «en enero pasado el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atcugarrry, se comprometió a regularizar 2.300 auxiliares». Mientras que «la reglamentación y el relevamiento del personal se cumplió con una comisión especial garante de la transparencia respecto a la antigüedad en cada regularización». «A seis meses de instalado el sistema, el actual ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, puso en duda la continuidad de la adjudicación de partidas. De hecho, se ha registrado un atraso en las entregas de las mismas», señaló el legislador.

Añadió que «la no regularización de los más de 2.300 auxiliares ha conducido a la falta de personal presupuestado en limpieza y alimentación».

Sostuvo que «la cancelación de esos contratos empuja a la miseria a 2.000 familias y el despido de estos funcionarios hará inviable el funcionamiento de los comedores, afectará la alimentación de más de 200 mil niños y creará un caos en la limpieza y mantenimiento de los comedores». Por tales razones se exige un pronunciamiento de las autoridades a la brevedad.

Rossi señaló que el diputado Washington Abdala (Foro Batllista) le aseguró que se puso en contacto con el Codicen, cuyas autoridades tenían una posición favorable a superar la situación, aunque reconoció que tenían «una limitación presupuestal».

Asimismo, Rossi señaló que el diputado forista le expresó que Alfie tenía dificultades para conseguir los recursos, pero en vista de que era una compromiso asumido por el Ejecutivo, «iba a hacer los esfuerzos para superar el problema y que, una vez ubicado de dónde podían obtenerse los recursos, el Codicen iba a poner en marcha la regularización de la situación».

Rossi solicitó una rápida solución del problema y propuso que sus palabras fueran enviadas al Ministro de Economía, al Codicen y a los funcionarios.

 

Asamblea General

La Asamblea General, que estaba citada para ayer, no pudo sesionar por falta de quórum.

El cometido de la reunión era analizar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 154 de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001, relativo a los llamados de oferentes para licitaciones de obras nacionales o binacionales o por convenios nacionales e internacionales dentro de las aguas jurisdiccionales y territoriales de nuestro país.

El artículo 154 de la Rendición de Cuentas excluía las actividades de dragado a realizarse con dragas de succión por arrastre, incluyendo extracción de suelos, traslado y vertido de los mismos a los buques de bandera nacional.

También determinaba que no se considerarán como actividades excluidas aquellas explícitamente permitidas por la autoridad competente a efectos de la extracción de materiales del lecho fluvial o marítimo para su comercialización o industrialización *