Justicia argentina aclaró que identificó a ocho uruguayos y que proseguirá la búsqueda

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal argentina también se pronunció sobre los dichos del presidente Jorge Batlle, aclaró que identificó  hasta el momento- a ocho ciudadanos uruguayos desaparecidos en ese país y advirtió que prosigue la búsqueda de más cuerpos porque éste es «un proceso largo que sólo puede clausurarse con el conocimiento de su destino final y la información a sus familiares y allegados».

He aquí el comunicado completo de la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal:

«Ante recientes declaraciones públicas atribuidas al señor Presidente de la República Oriental del Uruguay en el sentido de que «hay más de 80 uruguayos desaparecidos en la Argentina. No tenemos información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en la Argentina, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Son tan igualmente dignos de la preocupación y el respeto de las autoridades» (diario Página/12 del día de la fecha ), los Jueces de este tribunal consideran que es necesario precisar:

1) Que desde el año 1995 se ha encarado sistemática y pacientemente, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense, la llamada «búsqueda de la verdad», que consiste en la indagación sobre el destino final de las personas desaparecidas y, de ser posible, la identificación, recuperación de restos y la posterior entrega de ese cuerpo a los familiares.

2) Que en el transcurso de esta actividad, aprovechando la información que parcializadamente se pudo obtener de distintos organismos administrativos, se han consultado las más diversas fuentes: registros de identificación de las personas, libros de hospitales, de fuerzas armadas y de seguridad y libros de ingresos de cadáveres a cementerios y morgues; expedientes archivados en diversos tribunales del país; testimonios de víctimas y personas involucradas en los hechos, etc. Asimismo se han mejorado tecnológicamente y realizado múltiples cotejos de huellas digitales, estudios antropológicos en cadáveres y la extracción de ADN mitocondrial para la identificación de restos. Algunos de ellos pudieron ser identificados e inclusive hallados sus cuerpos, pese a haber sido inhumados como NN en sepulturas generales.

3) Esa búsqueda nunca tuvo una orientación determinada por nacionalidad. La única condición de las víctimas que motivó una investigación de esa naturaleza era la de haber sido privadas de su libertad durante el período de terrorismo de Estado en la República Argentina (1976-1983), y no haber obtenido referencias acerca del destino final de sus cuerpos. El fundamento jurídico de una decisión de esta naturaleza surge de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución, de los que puede extraerse, entre otros, el derecho de los familiares y deudos a la recuperación del cuerpo de la persona desaparecida y a elaborar su duelo.

4) En el caso concreto de ciudadanos uruguayos, la Comisión para la Paz de la República Oriental del Uruguay  dependiente de la Presidencia de esa Nación  tomó conocimiento de las actividades que venía desarrollando esta Cámara de Apelaciones, que incluía casos de ciudadanos uruguayos, lo que generó una presentación formal el día 25 de junio de 2001. A través de ella esa Comisión, integrada entre otros por Carlos Ramela Regules, solicitó información y transmitió su intención de colaborar en la identificación de ciudadanos uruguayos enterrados en su momento como NN en cementerios de la Argentina y que han sido denunciados por sus familiares como desaparecidos. Como aporte específico puede mencionarse el registro de huellas dactilares de las víctimas, obrantes en los servicios de identificación de la República Oriental del Uruguay, que fueron útiles para su cotejo con las obtenidas en los registros argentinos.

5) Concretamente, hasta la fecha se ha logrado la identificación de ocho ciudadanos uruguayos, muertos en Argentina, durante el período 1976-1983. Ellos son: Eduardo José María del Fabro de Bernardi, Luis Alberto Camacho Osoria, Francisco Eduardo Candia Correa, José Hugo Méndez Donadío, Eduardo Efraín Chizzola Cano, José Luis Urtazún Terra, Juan Carlos Insausti y María Angélica Ibarbia. Con relación a cada uno de ellos se modificaron las correspondientes partidas de defunción, lo que implicó modificar su condición de NN y obtener información sobre las condiciones de su desaparición.

6) De todos estos casos, pudieron recuperarse tres cuerpos (los de Juan Carlos Insausti, María Angélica Ibarbia y Luis Alberto Camacho Osorio), los que fueron repatriados por orden de esta Cámara. De acuerdo a los antecedentes con que se cuenta, el último de ellos fue enterrado en el cementerio de Paso de los Toros el 3 de septiembre de 2003.

7) Todo ello, sin perjuicio de los múltiples procesos penales en trámite, entre los que se destacan las investigaciones por el llamado «Plan Cóndor» que vincula delitos ocurridos en varios países de Sudamérica y que permitirán establecer la responsabilidad de los ejecutores de estos sucesos.

8) Por último, es necesario destacar que la búsqueda de las personas desaparecidas es un proceso largo que sólo puede clausurarse con el conocimiento efectivo de su destino final y la información a sus familiares y allegados.

Buenos Aires, 16 de enero de 2004.

Firmado: HORACIO R. CATTANI y MARTIN IRURZUN.   – Jueces de Cámara.» *