Argentina corrigió a Batlle y advirtió que "hinchará" por esclarecer desapariciones

Por la tarde, el gobierno argentino emitió un comunicado oficial sobre el tema, asegurando que trabaja en ello. También se pronunció sobre este asunto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal de Argentina (ver comunicado en página 3).

En un comunicado oficial, el gobierno de Néstor Kirchner respondió a los dichos del presidente Batlle sobre el número de desaparecidos uruguayos en el vecino país. En el comunicado aclara que son más de 80 los casos de desaparecidos (128 según la Comisión para la Paz); que «las causas se han reactivado y están en plena investigación, porque el respeto de los derechos humanos y la responsabilidad por su violación no tienen fronteras»; que no existe en Argentina una «ley de caducidad que nos hiciera bajar los brazos»; responsabiliza de la desaparición de estas personas a militares argentinos y uruguayos; y por último le reclama a Batlle que colabore y participe «en forma activa en el esclarecimiento y en la búsqueda de la verdad».

A la vez, las autoridades uruguayas resolvieron que no harán lugar al pedido de la Justicia para que nueve militares retirados (uno de ellos muerto) y un oficial de la Policía retirado, declaren por el caso de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman.

Lejos de aquietares las aguas del Río de la Plata que dividen a Uruguay y Argentina, la relación entre Batlle y Kirchner se deteriora día a día.

El miércoles, el gobierno argentino dio un fuerte paso al presentar una querella ante la Justicia de su país para que se avance en la investigación por el caso de María Claudia. Entre los citados figuraban el presidente Batlle, varios militares, el senador Rafael Michelini, integrantes de la Comisión para la Paz, y periodistas de LA REPUBLICA.

El jueves, al tiempo que el juez Rodolfo Canicoba Corral daba curso a la solicitud, el gobierno uruguayo se mostraba ofuscado por la decisión de su par argentino. Por la noche, los cancilleres de ambos países mantuvieron un contacto telefónico, y se acordó que Batlle no sería incluido dentro de la demanda. «Un presidente -que tiene un estatuto de protección de inmunidad de jurisdicción- no puede quedar sometido a un testimonio de una causa penal que se tramita en otro Estado; incluso en este caso por hechos acaecidos en nuestro propio territorio. Yo transmití esta preocupación al canciller Bielsa, acerca de las dificultades que este asunto nos planteaba, tanto desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista de nuestras relaciones político-diplomáticas bilaterales», dijo Opertti.

El jerarca uruguayo reconoció en radio El Espectador que si el gobierno de Kirchner no modificaba su actitud en torno a Batlle, la situación se hubiera complicado: «Habría sido una dificultad, agregada a situaciones -seguramente – más ancladas en el pasado que en el presente».

«Vergüenza»

Pero la satisfacción que mostraba Opertti por el acuerdo con Bielsa, quedó reducido cuando ayer viernes habló el ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, y consideró una «vergüenza» que el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, se interese ahora por la suerte de sus compatriotas desaparecidos en Argentina a 20 años de finalizada la dictadura.

«Es una vergüenza que el presidente (Batlle) se acuerde unos cuantos días después» de la suerte de los 80 desaparecidos en Argentina, dijo Fernández en tono irónico, en declaraciones a la radio argentina Mitre, al aludir a que la dictadura argentina concluyó a finales de 1983.

El jueves, cuando Batlle fue consultado por el tema señaló su decisión de expresar por escrito a Kirchner el pedido para que investigue la situación de 80 uruguayos desaparecidos. «Lo que me parece muy grave es que estemos preocupados nada más que por un caso (el de la nuera del poeta argentino Juan Gelman) y nos olvidemos de los 80 uruguayos o más desaparecidos en la Argentina», dijo el mandatario. «Si hay 80 desaparecidos (uruguayos) en Argentina, la vida no reconoce al Río de la Plata como límite, la vida es vida acá y vida allá», dijo Fernández.

Durante la entrevista, Fernández recalcó que el pedido de Batlle para que se investigue sobre los más de 80 uruguayos desaparecidos en Argentina «es lo que corresponde», pero puso el acento sobre «el tiempo que esperó para hacerlo». «Nosotros vamos a seguir hinchando (molestando) con el caso de la nuera de Juan Gelman y vamos a seguir hinchando por los 80 desaparecidos uruguayos en la Argentina», enfatizó el jerarca argentino.

En cuanto al pedido uruguayo sobre estos 80 desaparecidos, el canciller Opertti dijo que «en las próximas horas veremos ese tema con el Presidente. Tendremos en cuenta las actuaciones que ha venido cumpliendo la Comisión para la Paz y veremos si el marco en el que se han llevado a cabo es suficiente y satisfactorio o si debe ser ampliado», agregó.

Respecto a la demanda penal presentada por el gobierno argentino, citando a los militares retirados desde el gobierno se dieron señales de que no se hará lugar al pedido.

Opertti explicó cuáles serían los fundamentos jurídicos a utilizar por parte del Ejecutivo: «Cabe recordar que todas las situaciones que están -a nuestro juicio- incluidas en La Ley de Caducidad sustraen a la persona tanto de la imputación como del testimonio. Por lo tanto, hemos -ya, en algún momento- contestado este tipo de requisitoria de modo fundado, estableciendo que estos episodios están amparados en la Ley de Caducidad. Aquellos que sostienen que no lo están, quizás pudieran coincidir con nosotros en un punto: que este tipo de situaciones podría llegar a alterar lo que en Derecho se llama ‘orden público’ y por lo tanto habría -por parte de Uruguay – la posibilidad de fundamentarse para no dar andamiento a testimonios por hechos o situaciones que pertenecen al mismo núcleo original, del que forman parte todas las actuaciones cumplida en el período de facto», comentó.

Preocupación

Opertti mostró además su preocupación por el relacionamiento diplomático entre ambos países. Dijo que «comprende» la preocupación de Argentina por el caso Gelman, pero afirmó que ambas naciones no pueden reducir sus relaciones a hechos que acaecieron en el pasado. «Nuestra responsabilidad como gobernantes es la de construir una relación actual, que tome en cuenta las múltiples razones por las cuales Argentina y Uruguay deben coincidir y aproximarse. Estos episodios no pueden ser el origen o la causa de una suerte de enfriamiento y menos aún de distanciamiento entre dos países que tienen tantas razones para seguir caminando juntos».

Respuesta oficial argentina

A continuación el texto completo del comunicado del gobierno argentino:

«Ante las manifestaciones del Presidente de Uruguay, Jorge Batlle que ‘hay más de 80 uruguayos desaparecidos en Argentina’ y que ‘no tenemos información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en la Argentina, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera’, el Gobierno Argentino manifiesta que:

* No influye que sean 80 o un desaparecido ya que cada vida es única y valiosa y su violación no puede ni debe quedar impune.

* Las desapariciones de ciudadanos uruguayos en territorio argentino no son 80 casos. De acuerdo a los registros que obran en el Poder Ejecutivo son 152 y los registrados por la Comisión para la Paz de Uruguay serían 128. De todos los casos denunciados, los cuerpos de ocho uruguayos desaparecidos fueron identificados fehacientemente por la actividad desarrollada por el equipo de antropología forense y por el Poder Judicial de la Nación.

* La política de derechos humanos en la Argentina es un pilar de la gestión del presidente Néstor Ki
rchner, quien además ha definido el «caso Gelman» como «una cuestión de Estado».

* Por otra parte la sociedad argentina, a pesar de la vigencia de las leyes de impunidad y del indulto, siempre buscó caminos que permitieran llegar a la verdad; nunca se dejó de investigar el destino de los desaparecidos (adultos y niños) ni la identidad de los cuerpos hallados NN, sin importar la nacionalidad.

* La mayoría de los desaparecidos uruguayos en nuestro país estuvieron en dos centros clandestinos de detención:

Automotores Orletti (Cdad. De Bs. As.) y el Pozo de Quilmes (Pcia. De Bs. As.). Ambos centros clandestinos dependían del primer cuerpo del ejército.

* A partir de la nulidad de la leyes que impedían continuar las investigaciones -en agosto de 2003-se reabrieron las causas en el Juzgado Federal n° 3 de la ciudad de Buenos Aires donde se están buscando la pruebas para encontrar a los responsables de las desapariciones, sean estos argentinos o uruguayos. Las causas se han reactivado y están en plena investigación, porque el respeto de los derechos humanos y la responsabilidad por su violación no tienen fronteras.

* La Argentina siempre estuvo activa en la investigación y no existió aquí ninguna ley de caducidad que nos hiciera bajar los brazos. Como así también, siempre estuvo abierta la puerta para nuestros hermanos uruguayos que buscaban a su familiares en la Argentina y para los organismos uruguayos que solicitaban información.

* Consideramos que los uruguayos desaparecidos en Argentina no fueron víctimas sólo de los miembros de fuerzas de este país sino también de las fuerzas armadas y de seguridad de Uruguay que intervinieron en forma activa en la desaparición y tortura. Por lo tanto el Gobierno Argentino invita de manera expresa al Presidente de Uruguay, Jorge Batlle, a colaborar y participar en forma activa en el esclarecimiento y en la búsqueda de la Verdad.

Buenos Aires, 16 de enero de 2004″. *