Caso Gelman: juez federal dio curso a la denuncia

El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral dio curso ayer a la denuncia penal presentada por el gobierno sobre el secuestro y desaparición en 1976 de la nuera del poeta Juan Gelman y la giró al fiscal federal Carlos Rivolo.

Canicoba Corral subroga por unos días al juez actuante en el caso, Claudio Bonadío, y habilitó la feria judicial de enero para entender en el caso.

Las fuentes judiciales, citadas ayer por el diario argentino La Nación, detallaron que lo primero que hará el fiscal Rivolo será requerir datos a otros juzgados para verificar que este caso no esté siendo investigado ya en otras causas, especialmente la que tramita por el presunto plan sistemático de apropiación de bebés a mujeres desaparecidas.

El miércoles, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, anunció oficialmente en Casa de Gobierno de la radicación de la denuncia y explicó que la misma «tiende a investigar el tramo del secuestro de María Claudia García Irureta Goyena en Argentina y su posterior entrega a militares uruguayos» y se realiza «en el marco de la lucha contra la impunidad del gobierno».

Duhalde aclaró que «no se pretende una injerencia sobre hechos ocurridos en Uruguay», al recordar que el caso del secuestro de la nuera de Gelman comenzó en la Argentina pero tuvo consecuencias fuera del país.

María Claudia, embarazada de siete meses, y su esposo Marcelo Gelman fueron secuestrados por un comando de la SIDE en 1976 y llevados al centro clandestino de detención «Automotores Orletti». La nuera del poeta Gelman fue trasladada, posteriormente, a Uruguay como detenida-desaparecida al Servicio de Información y Defensa (SID) y luego a un centro clandestino, donde dio a luz a una beba en noviembre de 1976.

La nena fue dada en adopción a una familia de policías uruguayos que vive en Montevideo y que la anotó como hija propia y hace cuatro años se estableció su verdadera identidad.

Como parte de la causa, el secretario de Derechos Humanos dijo que se le solicitó al juez Bonadío que cite a prestar declaración testimonial a un grupo de militares y policías uruguayos sospechosos de haber participado en el traslado de María Claudia y la entrega de su hija.

En la nómina elevada al magistrado figuran el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti y el capitán José Arab, quienes habrían sacado a María Claudia y a su beba del SID; y el oficial Jorge Silveira y el policía Ricardo Medina Blanco, quienes la habrían abandonado en el domicilio de quienes la inscribieron como hija propia. También se pidió que citen a declarar al mayor José Nino Gavazzo Pereira, sindicado como a cargo de las fuerzas conjuntas del Uruguay que operaban en «Automotores Orletti»; al mayor Manuel Cordero, a los oficiales León Tabaré Pérez y Gilberto Vázquez; y al coronel Ernesto Rama, de quienes se sospecha «podrían haber dispuesto y/o participado del asesinato de María Claudia». El jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, indicó que también se le solicitó al juez que escuche las declaraciones del poeta Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, y a periodistas del diario LA REPUBLICA que investigaron sobre el caso. Mattarollo indicó que se ofreció como medida de prueba un exhorto diplomático al presidente uruguayo Jorge Batlle, quien según el senador Rafael Michelini le declaró que conocía el nombre del asesino de María Claudia, entre otros documentos, que a última hora de ayer el gobierno argentino aceptó retirar, ante un pedido del gobierno uruguayo (Ver pág. 3) *