Argentina retiró de la querella el pedido para que Batlle declare en caso Gelman

La decisión de las autoridades argentinas de solicitar a la Justicia que se libere un exhorto diplomático para que el presidente Jorge Batlle declare en el caso generó ofuscación en el gobierno uruguayo. Además de Batlle, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Kirchner solicitó que sean citados seis militares retirados vinculados al caso, el senador Rafael Michelini, integrantes de la Comisión para la Paz y periodistas de LA REPUBLICA.

En la tarde de ayer, el canciller Didier Opertti tomó contacto con su colega argentino Rafael Bielsa para expresarle el malestar del gobierno uruguayo con esta medida (ver página 3).

«No parece razonable que Argentina le pida a Uruguay el testimonio del presidente de la República Oriental del Uruguay por un hecho ocurrido en Uruguay», declaró ayer el canciller uruguayo.

Opertti agregó que es «claro» que la decisión argentina «no corresponde no sólo con arreglo a derecho, sino que no corresponde ni dentro del derecho internacional ni dentro de las relaciones de buena vecindad que deben dominar en al ámbito de países hermanos, socios y vecinos», como lo son Argentina y Uruguay.

«Afortunadamente», la respuesta oficial argentina, tardó «muy pocos minutos» en producirse, señaló el canciller.

«La sensibilidad del canciller Bielsa se puso una vez más de manifiesto, debo reconocerlo con total honradez, y en poco más de media hora he tenido la confirmación de que la alegada querella, cuyos detalles no conocemos, no va a seguir adelante en lo que concierne al presidente Batlle por cuanto sería impropio desde el punto de vista jurídico, inadecuado desde el punto de vista político e inoportuno desde el punto de vista institucional».

Ayer por la mañana, Opertti se había referido a este tema, en conferencia de prensa en la Base Aérea Nº 1, tras el arribo de México de la delegación oficial junto con el presidente Jorge Batlle.

«El Presidente está protegido, como otros funcionarios del Estado, por una inmunidad, inmunidad que lo cubre tanto para el ejercicio de sus funciones en el interior del Uruguay, como con relación a una solicitud proveniente de una autoridad extranjera. El Presidente puede prestar testimonio si lo desea, con la finalidad de hacer conocer -si lo desea, reitero- algún comentario o alguna expresión al respecto; incluso, en el caso de hacerlo, lo puede hacer por escrito. Vale decir, puede utilizar, la ley permite que en esos casos sea por escrito», manifestó el canciller. Opertti opinó además que este hecho no generará dificultad alguna en las relaciones diplomáticas entre ambos países. «Si la preocupación legítima de la prensa es saber si esto va a traernos a nosotros algún tipo de reacción de tipo diplomático, del tipo político-diplomático, les digo que no», afirmó Opertti. «Las relaciones diplomáticas están, yo diría, circulan por un andarivel propio que no se pone en tela de juicio cada vez que hay una solicitud de cooperación, si no los países viviríamos en una suerte de fragilidad de nuestras relaciones que no sería posible», agregó.

Pedido por 80 uruguayos

Batlle, en tanto, dejó entrever su molestia con la decisión argentina, aunque prefirió no hacer comentarios directos sobre la misma. En la conferencia de prensa, dijo que en el caso Gelman su administración cumplió con las obligaciones legales y morales, y anunció que hará un pedido por escrito para que el gobierno de Néstor Kirchner se preocupe por la suerte de unos 80 uruguayos que desaparecieron durante la dictadura argentina.

Reiteró que «el Uruguay en esa materia ha cumplido con todas sus obligaciones legales y con todas sus obligaciones morales, puesto que la Comisión para la Paz ha hecho una investigación muy prolija, no solamente de los casos sometidos a la Ley de Caducidad, sino de todos los casos, y ha suministrado al país entero toda la información».

«El gobierno de la República le ha suministrado a las autoridades argentinas toda la información, toda la que poseemos. No estamos dispuestos a inventar informaciones, eso no. Hemos manifestado y reiteramos que seguiremos de cerca, no solamente este caso, seguiremos de cerca todos los casos que están pendientes», agregó Batlle.

En tal sentido adelantó que será «necesario» manifestar por «nota» al gobierno de Kirchner que «hay más de 80 uruguayos desaparecidos en la Argentina, (y) no tenemos información alguna sobre ninguna de las personas que desaparecieron en la Argentina: ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Estamos haciendo un trabajo con las administraciones anteriores, que venía caminando con eficiencia, tratando de recuperar no solamente a través de la información judicial, sino fundamentalmente antropólogos, los restos de algunos uruguayos que se hallaron en tumbas NN, pero es una cosa muy lenta, y no tenemos a partir del ingreso de esta nueva administración en la Argentina, no tenemos ninguna información más. Y creemos que son tan igualmente dignos de la preocupación y el respeto de las autoridades, no solamente el destino final de la señora Irureta Goyena de Gelman, sobre lo cual hemos trabajado y seguiremos trabajando como es notorio, como lo hemos hecho nada más y nada menos que en el caso de su nieta, sino que además lo seguiremos haciendo ante las autoridades argentinas sobre los más de 80 uruguayos allí desaparecidos».

Batlle aseguró que su gobierno seguirá «trabajando ante cualquier nueva información que aparezca no solamente en ese caso, en el caso de los 80 uruguayos, porque a mí lo que me parece muy grave es que estemos preocupados nada más que por un caso y nos olvidemos de los 80 uruguayos o más que desaparecieron en la Argentina. Nosotros hemos trabajado en silencio, no hemos hecho ninguna querella a nadie, porque no creemos que con ellas se adelante nada, sino que hemos trabajado en silencio con respeto y lo seguiremos haciendo».

Fau: «Acción inviable»

Quien también se refirió al tema, fue el ministro de Defensa, Yamandú Fau, en especial por la citación de los militares retirados. Para el jerarca la acción es inviable. «La acción que se plantea está referida a hechos o situaciones que en el Uruguay han caído bajo las disposiciones de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Si las eventuales situaciones delictivas, que se pudieran haber configurado, han quedado amnistiadas, parecería que quien no responde por el delito en su país (porque el delito dejó de existir) no podría responder por él en un país extranjero.

Es un razonamiento que se me ocurre para cualquier situación que pudiera estar comprendida en un caso similar», dijo Fau en radio El Espectador.

«En Uruguay esos delitos fueron amnistiados, el delito que pudo configurarse desapareció», dijo Fau. «Si esa es la situación, no parecería razonable pensar que deba responderse, en un país extranjero, por algo que no rige aquí.

A su vez hay que analizar cómo eso tiene viabilidad de Derecho en lo que son los acuerdos que tienen firmados Argentina y Uruguay en materia de cooperación judicial». *