Gobierno argentino inició querella penal por caso Gelman y piden el testimonio de Batlle

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina presentó ayer en Buenos Aires una querella penal por la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena, en la que, entre otras medidas, pidió que se libere un exhorto diplomático para que el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, confirme si le dijo al senador Rafael Michelini que conocía la identidad de quien en 1976 asesinó a la joven nuera del poeta Juan Gelman.

La causa, planteada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo Luis Duhalde, recayó, por sorteo, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 11 de Buenos Aires, a cargo del doctor Claudio Bonadío, según anunciaron durante una conferencia de prensa efectuada a las 19.00 horas en la Casa Rosada.

El juez federal deberá decidir si también tramita la solicitud de Duhalde para que se obtengan los testimonios de nueve militares uruguayos y un ex agente de Inteligencia, además de una declaración sobre el caso Gelman de los ex integrantes de la Comisión para la Paz, doctores Gonzalo Fernández y Carlos Ramela Regules.

Nueve militares y un policía

La lista de militares de quienes se procura oír explicaciones sobre el caso, según confirmó anoche a LA REPUBLICA el jefe de gabinete de la secretaría de Derechos Humanos, doctor Rodolfo Mattarollo, está compuesta por los coroneles Juan Antonio Rodríguez Buratti, José Ricardo Arab, Manuel Cordero, León Tabaré Pérez, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Jorge Silvera y José Nino Gavazzo y por el granadero Ricardo Medina.

En las medidas de prueba también se incluye requiere el testimonio del senador Rafael Michelini, del ex agente del Servicio de Información y Defensa Julio César Barboza, de los yernos de María Claudia, Juan Gelman y Mara La Madrid, y de un equipo de investigación de LA REPUBLICA.

Asimismo, en la querella penal se requiere una copia autenticada del expediente judicial tramitado en Uruguay por el juez penal de 2º Turno, doctor Gustavo Mirabal, incluido el anexo relacionado con la eventual existencia de un cementerio clandestino en el Batallón de Infantería Nº 13 de la Avenida de las Instrucciones.

Al indicar el marco jurídico del planteo, la Secretaría de Derechos Humanos subrayó el carácter de crimen de lesa humanidad que implica el delito de desaparición forzada de personas y subrayaron el hecho de que en el derecho internacional se trata de una delito no amnistiable, no indultable e imprescriptible, con jurisdicción universal de los tribunales argentinos o uruguayos.

El caso de María Claudia

El 24 de agosto de 1976 en la ciudad de Buenos Aires un comando del SIDE argentino irrumpió en el domicilio de Marcelo Ariel Gelman y su esposa María Claudia García Irureta Goyena, entonces de 19 años de edad, quien estaba embarazada de casi siete meses, se recuerda en un comunicado de prensa.

Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención de la calle Venancio Flores 3519 de la capital federal, conocido como «Automotores Orletti, donde Marcelo fue ferozmente torturado y asesinado y sus restos fueron identificados en 1989 dentro de un tanque de metal fondeado en el delta del Tigre.

María Claudia permaneció en calidad de detenida-desaparecida en Orletti hasta octubre de 1976, cuando fue trasladada ilegalmente a Uruguay, donde continuó en condición de desaparecida dentro de la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) ubicado entonces en Bulevar Artigas y Palmar.

En noviembre de 1976, María Claudia, embarazada, fue sacada del lugar y regresada a su prisión días después junto a su bebita recién nacida. Luego ambas fueron retiradas del sitio. La nuera de Gelman fue llevada a la Base Valparaíso de donde fue trasladada a otro lugar para asesinarla y enterrarla.

La niña fue entregada a la familia de un policía uruguayo que la anotó como propia, hasta que en el año 2000 una investigación de sus abuelos coincidente con otra de LA REPUBLICA, permitió su identificación y la recuperación de su identidad.

Señalan a los responsables

Una declaración del Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos recuerda que «pudo reconstruirse que quienes sacaran a ambas del SID fueron los oficiales del ejército uruguayo teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti y capitán José R. Arab y quienes abandonaron a la beba en la puerta del domicilio de quienes la inscribirían como hija propia fueron el oficial Jorge Silveira y el policía uruguayo Ricardo Medina Blanco, ambos sujetos que operaron en la Argentina en «Automotores Orletti» a las órdenes directas del mayor del ejército uruguayo José Nino Gavazzo Pereira».

El comunicado hecho público ayer agrega que «María Claudia sigue en condición de desaparecida, aunque hay indicaciones de fuentes militares de que habría sido asesinada en Uruguay y su cuerpo se encontraría enterrado en terrenos adyacentes al arroyo Miguelete del Batallón 13 de Infantería en la ciudad de Montevideo, mientras otra versión originada en agentes represivos uruguayos vinculados a los hechos aduce que fue retornada a la Argentina donde luego «desapareció».

«Se afirma –agrega la nota oficial a la prensa– que quienes pudieron disponer el asesinato de María Claudia o ejecutarlo directamente fueron el coronel León Tabaré Pérez, el capitán Gilberto Vázquez y el coronel Ernesto Rama, del ejército uruguayo».

Un crimen de lesa humanidad

En el escrito presentado ante el juez Bonadío se adjuntó el informe de la Comisión para la Paz de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay sobre el caso Gelman, y se explican las razones por las que se pide el diligenciamiento por exhorto de diversas pruebas.

Entre ellas, indica textualmente la comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos, «se cuentan un exhorto diplomático al Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Jorge Battle (sic), quien según el senador uruguayo Dr. Rafael Michelini le declaró que conocía el nombre del asesino de María Claudia y se lo hizo saber».

Se agrega también «el consiguiente exhorto diplomático al Senador Michelini para que ratifique esta versión y cuanto tenga que declarar sobre el caso, la declaración testimonial de los doctores Gonzalo Fernández y Carlos Ramela Regules, firmante del informe de la Comisión para la Paz del Uruguay, relativo a María Claudia».

«Se solicita asimismo, entre otros medios de prueba, el testimonio de periodistas del diario LA REPUBLICA de Montevideo, que realizaron una importante investigación, el testimonio de Juan Gelman y de Mara Elda La Madrid, copia autenticada de una causa judicial en la que un Magistrado uruguayo estableció una zona de exclusión en el Batallón de Infantería Nº 13 de Montevideo, y la agregación de varias causas judiciales que tramitaron ante la justicia argentina», agrega.

«Por último, se recuerda que las desapariciones forzadas de personas, a más de violar el derecho interno de la Argentina y el Uruguay, constituyen crímenes de derecho internacional, calificados como crímenes de lesa humanidad, por su naturaleza imprescriptibles, y que por su carácter no pueden ser cubiertos por indultos ni amnistías y son pasibles de ser juzgados conforme al principio de la jurisdicción universal», concluye la declaración. *