Instancias finales de Investigadora bancaria

El vicepresidente de la Investigadora, el diputado Ricardo Berois (Herrerismo), aseguró que la reunión de febrero próximo de la Comisión será para ajustar los detalles de las conclusiones con relación a las respuestas que el grupo de investigación ha recibido por parte de los imputados.

El pasado 2 de octubre, un año después de la conformación de la Investigadora, todos los sectores políticos presentaron sus preinformes sobre la actuación de la Comisión. Con excepción del Partido Colorado, los Partidos Nacional e Independiente y el Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) coincidieron en que deben remitirse a la Justicia los resultados de la actuación de la Investigadora, por lo que es casi un hecho que la mayoría de la Cámara de Representantes pueda respaldar tal actitud cuando se reúna, después de mediados de febrero, para analizar los informes finales. Los nacionalistas también propusieron trasladar los antecedentes a la Fiscalía.

El EP-FA señala como responsables de haber cometido presuntas violaciones a la ley y las normas «al presidente Jorge Batlle y al ex ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión, por el acuerdo de capitalización del Banco Comercial; y a los tres ex directores del Banco Central del Uruguay (BCU), César Rodríguez Batlle (presidente), Eva Holz (vicepresidenta) y Rosario Medero (directora) por las diversas asistencias monetarias».

El Partido Nacional sostiene que «fallaron los controles que debió ejercer el BCU y la Superintendencia y que no se tomaron las medidas acordes. Aunque, según el diputado Berois, «no se puede decir que hubiera existido dolo».

En el mismo sentido, el Partido Independiente coincide en remitir todas las actuaciones a la Justicia, sin perjuicio de lo cual subrayarían algunos asuntos: «Tienen apariencia de ilícitos y que podrían ser causa de implicancia penal». Entre ellos se incluye el episodio del expediente perdido, la falla en los controles bancocentralistas, la mala administración por demora en lograr la obediencia del Banco Montevideo, la demora en la detección del fraude de los hermanos Röhm en el Banco Comercial y la aceptación del BCU de excepciones en el proceso de venta del Banco Caja Obrera.

En el informe del Partido Colorado se detalla que la crisis del sistema financiero de los primeros meses de 2002 «tuvo origen en las medidas económicas que adoptó Argentina y en particular en el corralito financiero». Un total de 30 personas fueron involucradas en los preinformes partidarios, quienes presentaron en noviembre pasado sus respectivos descargos ante la Comisión.

Como oportunamente informó LA REPUBLICA, el presidente Jorge Batlle argumentó en sus descargos que todas las transferencias de dinero efectuadas por el Ejecutivo con destino a los bancos hoy en liquidación «se ajustaron a derecho». Mientras que resaltó que el Tribunal de Cuentas de la República, «estableció por unanimidad, la legalidad» del contrato de capitalización del Banco Comercial.

Por su parte, el ex ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión asegura en su descargo que «nunca» tuvo conocimiento «ni oficioso ni oficial sobre la relación entre la asistencia financiera del BCU y el nivel del patrimonio del Comercial».

Una fuerte controversia se generó cuando el ex jefe de sección de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del BCU, Nelson Chinetti, consideró que no constató la falta de la hoja 41 del expediente interno número 9.855, el que hace referencia al patrimonio negativo del ex Banco Comercial, y aseguró que lo entregó a la Secretaría General. Pero el secretario general, Aureliano Berro, afirma que está exento de responsabilidad con relación al trámite del expediente ya que se encontraba de licencia.

Por su parte, la ex vicepresidenta del BCU, Eva Holz, expresa en su descargo que los antecedentes de las actuaciones de la ex directora Rosario Medero y su posición en el Directorio referidos al patrimonio negativo del Comercial «contribuían a hacer pensar que su argumento no se basaba en elementos reales».

 

CND rechaza imputaciones

En otro orden, en las conclusiones preliminares del EP-FA se concluye que del estudio de lo acontecido en el Banco de Crédito resulta la responsabilidad de la CND como accionista principal de dicho banco y de los ex presidentes Milka Barbato y Julio de Brum, quienes, a entender de la coalición de izquierda, «fueron informados por el síndico, Mauricio Geppert, de las graves irregularidades, del caos organizativo, del nivel de endeudamiento del Grupo Moon y no se habrían tomado las medidas necesarias para resolver la situación».

En el preinforme del PI se concluye que la CND no asumió responsabilidad en su gestión y poseía una garantía otorgada por el propio BCU de que no sufriría ningún perjuicio por un eventual resultado negativo del funcionamiento de dicho banco. Mientras que el Partido Nacional establece la responsabilidad del accionista mayoritario que debió tomar una resolución mucho antes del colapso financiero, tratando de hacer cumplir los planes especiales de reestructura impuestos por el BCU.

En los descargos de los directores de la CND –que actuaron a partir del 20 de diciembre de 2000– Julio de Brun, Julio Gemelli, Carlos Garat y Aldo Bonsignore, se rechazan las imputaciones y se señala que «resulta probado que el Directorio actuó en general y en particular, respecto del Banco de Crédito, en estricta correspondencia con las disposiciones legales y estatutarias».

Asimismo, el Directorio de la CND que actuó en el período anterior y que estuvo compuesto por Milka Barbato, Julio Gemelli, José Arrillaga, Carlos Rodríguez Labruna y Angel Alegre presentaron su propio descargo ante la Investigadora con respecto a las mismas imputaciones planteadas en los informes de los partidos Nacional e Independiente y del EP-FA y las rechazan de plano.

Consideran que el Directorio actuó «respecto a los informes del síndico y, en general, respecto de todo lo relacionado con la gestión del Banco de Crédito en absoluta y total conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y con las obligaciones y responsabilidades que asumió desde el momento en que la CND fue accionista del banco».

Asimismo, en el informe del EP-FA se sostiene que durante la gestión de Carlos Abdala como director del Banco de Crédito el endeudamiento del socio minoritario, Grupo de la Unificación, habría aumentado.

Ante lo cual, el ex director del Banco de Crédito, Carlos Abdala, responde que de acuerdo con la información del BCU, el endeudamiento crediticio del Grupo de la Unificación disminuyó desde el comienzo de su gestión en setiembre de 2000 al día de la liquidación del banco que se produjo el 28 de febrero de pasado y «cualquiera sea la forma en que se analice incluyendo o no a Rilomán, inclusive computando o no la cuota de capitalización adeudada que obviamente no es crédito». *