Amondarain, el abogado del Ministerio de Defensa Nacional

El doctor Germán Amondarain, equiparado a coronel , es el encargado de la División Contencioso del Ministerio de Defensa y quien representó a esa secretaría de Estado en la demanda que presentaron Troncoso y Gutiérrez por 240 millones de dólares, hasta que fue sustituido por los doctores Juan Andrés Ramírez, Alejandro Abal Oliú y Eduardo Carbajales Marginet.

Amondarain es quien presentó sólo un recurso de reposición pero no contestó el fondo de la millonaria demanda. El error procesal de este abogado puede costarle al Estado 240 millones de dólares, error de enorme importancia para un profesional con más de 20 años de ejercicio de la profesión, ya que desde la época de estudiantes se les inculca a los abogados que deben contestar con todo lo que tengan a mano, e incluso deben presentar argumentos para los casos en que argumentos propios previos no hayan sido tenidos en cuenta. El error procesal del profesional se hace notorio al leer el contenido de la contestación de la demanda que él mismo posteriormente redactó y que por sentencia del Tribunal de Apelaciones no se tuvo en cuenta, en ella cuestiona aspectos centrales de la demanda que muy difícilmente hubieran sobrevivido si el trámite del juicio hubiera sido normal.

Después de perder la posibilidad de responder sobre el fondo de la demanda, Amondarain aparentemente hizo lo que tuvo a su alcance para revertir lo sucedido. Fue así que antes que el MDN contratase abogados externos, apeló la fijación del objeto del juicio y de la prueba que hizo la jueza de lo Contencioso Administrativo, Rosina Rossi. Perder esa apelación implicó para el Estado una condena en costas y costos, por lo que tienen que pagar los honorarios de la otra parte, la que según los demandados es de 10 millones de dólares y para los actuales abogados del MDN es de 500 dólares. Pero el historial de Amondarain como abogado del MDN no es conocido públicamente por este tipo de demandas, sino fundamentalmente por su desempeño en juicios relativos a violaciones a los derechos humanos. Amondarain representó al MDN en una acción de nulidad que ante el TCA presentaron Familiares de Detenidos Desaparecidos, en 1998. En un escrito de 18 carillas redactado por Amondarain, se reivindicó la «imparcialidad» de los fiscales militares que actuaron en el marco de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura.

Amondarain sostuvo que el gobierno «cumplió con realizar la totalidad de las investigaciones que debía efectuar en el marco de la Ley 15.848″ y rechazó «haber incurrido en incumplimientos» respecto a los acuerdos internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, artículo 51.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Respecto de los fiscales militares que presuntamente investigaron los casos de desaparecidos, Amondarain expresó que «cuentan con la independencia técnica que, sin perjuicio de su sometimiento a jerarquía, condición en que se encuentra todo funcionario, fueron garantía suficiente de imparcialidad».

En otra parte de la argumentación, en representación del Ejecutivo de la época Amondarain afirmó que en su momento éste «ni negó ni afirmó los hechos denunciados», sino que «simplemente comunicó a los interesados que de las investigaciones realizadas no surgieron elementos probatorios que permitiesen concluir que en los hechos denunciados hubieran actuado funcionarios militares o policiales».

Amondarain también representó al MDN cuando en 2000 María Almeida de Quinteros presentó una acción de amparo para que se investigara el paradero de su hija Elena, desaparecida durante la dictadura. En esa ocasión, «Tota» Quinteros presentó como prueba las declaraciones del ex soldado Sergio Pintado, quien afirmó que hubo enterramientos en el batallón 13º de Infantería.

En esa ocasión los descargos del abogado del MDN se centraron en la descalificación de Pintado, consideró contradictorias y delirantes las afirmaciones del ex soldado. Amondarain sostuvo que el Poder Ejecutivo investigó el destino de los desaparecidos y no tiene «obligación legal de indagar el paradero de Elena Quinteros».

En 1991, Amondarain fue autorizado por el Poder Ejecutivo para, en representación del Ministerio de Defensa, firmar un acuerdo con un grupo de personas que representaban a 15 afectados directos por crímenes cometidos durante la dictadura. Se convino pagarles 2.343.750 dólares en cuatro cuotas trimestrales iguales y consecutivas de U$S 585.937,50. En ese grupo de reclamantes estaban los familiares de los desaparecidos Eduardo Arigón, Ubegesner Chávez y Luis Eduardo González González, quienes integran la lista de 26 muertos durante su reclusión clandestina en el informe de la Comisión para la Paz del jueves 10. *