Implementar el nuevo Código del Proceso Penal insumirá 474 millones de pesos

Vázquez recibió este martes al presidente de la Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, con el cometido de analizar la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal.

En 2016 el Gobierno destinará 20 millones de pesos para implementar el Código.

Pero el acuerdo incluye, además, la asignación de 166 millones de pesos para el año 2017 y de 288 millones en 2018, por lo que la suma total ascenderá a 474 millones de pesos.

“Esto asegura que la nueva normativa entre en vigencia en julio de 2017”, dijo Vázquez, tras el encuentro con Pérez Manrique.

“El nuevo Código estaba planificado para ser aprobado en 2019. Cuando invitamos a los partidos políticos con representación parlamentaria para buscar soluciones a los problemas de seguridad ciudadana, uno de los temas que acordamos fue hacer un gran esfuerzo para lograr que se adelante la implementación. Lograrlo fue un acuerdo unánime de los partidos políticos, Gobierno y Poder Judicial”, resaltó el jefe de Estado.

Vázquez agregó que el nuevo Código implica “mejoras sustanciales, porque contempla en profundidad los derechos, tanto de quien está imputado con un delito como de la víctima”.

Además, coloca al país en “concordancia con los planteos de organismos internacionales sobre la necesidad de actualizar el Código y reduce los plazos para emitir sentencias a delitos graves”.

Esperar la condena en libertad

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique, destacó que la iniciativa tiene la finalidad de “mejorar el nivel de respeto y garantía de los derechos de todas las personas implicadas”.

Las víctimas tendrán un rol en el proceso hasta el punto que podrán manifestar su “discrepancias con actitudes de fiscales”.

“La mayoría de las personas que estén privadas de libertad tendrán ya sentencia de condena. Ello implica que muchas tienen derecho a esperar la condena en libertad. Esto es un gran cambio cultural”, resaltó Pérez Manrique.

Dijo que la infraestructura existente en Montevideo “solventará el nuevo Código” y que en Maldonado se trabaja en la primera etapa de terminación del Centro de Justicia.

Pérez Manrique dijo que se deben encontrar soluciones edilicias en otros departamentos y expandir el sistema tecnológico para grabación de las audiencias.

También se realizará un llamado a concursos para proveer los cargos de defensores públicos.

El actual código se implementó en 1980 y a partir de 1997 se intentó reformarlo. En diciembre de 2014 una comisión integrada por representantes del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Universidad de la República, la Asociación de Magistrados, los funcionarios judiciales y el Colegio de Abogados elaboró un proyecto aprobado en el Parlamento por unanimidad, que será implementado el próximo año.