Se cerró agitado 2003 en Diputados

En el receso parlamentario, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Julio de Brun, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, informaron sobre el programa económico previsto para el año 2003.

Atchugarry aconsejó «prudencia» en el manejo de las partidas destinadas al ajuste de salarios y gastos. La sesión fue promovida por el diputado Arturo Heber (Línea Nacional) y se realizó el 7 de enero de 2002, ante la Comisión Permanente.

El lunes 3 de febrero, la Comisión Investigadora sobre el sistema financiero retomó su actividad con la comparecencia de los asesores y jerarcas de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF) quienes confirmaron la existencia de un informe elaborado por los servicios inspectivos del Banco Central del Uruguay (BCU).

En el expediente, firmado el 5 de abril por tres contadoras analistas, se asegura que el déficit de responsabilidad neta mínima del Banco Comercial ascendía a 153,3 millones de pesos a pesar de los cual el Estado asistió a dicha institución financiera.

El diputado Alejo Fernández Chaves (Foro Batllista) señaló ante la Investigadora que en el expediente 9.855 hay una disociación de fechas lo que calificó como «muy grave», y advirtió la ausencia del folio número 41. La denuncia se convertiría en uno de los ejes fundamentales de la investigación.

Tres días después, el ex superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, Carlos Fernández Becchino aseguró que tuvo en su poder el informe elaborado por los servicios inspectivos del BCU, en el cual se daba cuenta del patrimonio negativo del Comercial al que calificó de «parcial». Asimismo, señaló que lo remitió a la Secretaría General con destino a la presidencia del banco, y confirmó que al mismo «le hurtaron una hoja».

El jueves 27 de febrero el diputado Luis Lacalle Pou (Herrerismo) interpeló al entonces ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Gonzalo González, por el incumplimiento del gobierno de la ley que establece el Impuesto al Valor Agregado a frutas, hortalizas y flores importadas para indemnizar a productores rurales de Canelones afectados por un tornado.

Si bien la interpelación culminó sin consecuencias políticas, tanto nacionalistas como encuentristas realizaron severos cuestionamientos a la gestión del entonces secretario de Estado.

El sábado primero de marzo quedaba formalmente abierto el cuarto período ordinario de la 45ª Legislatura. Asumía como presidente, el diputado herrerista, Jorge Chápper.

El lunes 10 de marzo, el presidente del Banco Central del Uruguay, Julio de Brun, admitió ante la Investigadora bancaria, que existió «cierta desprolijidad» en el trámite que se le dio al expediente 9855 que contenía el informe técnico dando cuenta del patrimonio negativo del Banco Comercial y del que desapareció el folio 41.

Una semana después, el martes 18, la rama baja aprobó una declaración en rechazo a una posible intervención bélica en Irak por parte de los Estados Unidos, el ataque se realizó dos días después. Sólo se opusieron los diputados foristas Ruben Díaz y Nahum Bergstein.

La interpelación al canciller en ejercicio, Guillermo Valles, por la declaración «inaceptable» del Poder Ejecutivo sobre la invasión de EEUU a Irak culminaba en la madrugada del miércoles 2 de abril sin consecuencias políticas.

Sin embargo, la Cancillería recibió fuertes cuestionamientos de parte del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y el diputado Felipe Michelini del Nuevo Espacio quien solicitó la renuncia del jerarca. El llamado a Sala había sido propuesto por el diputado Carlos Pita (Corriente Popular).

El miércoles 24 de abril, en una sesión muy agitada, la Cámara de Representantes aprobó con los votos de los partidos Colorado, Nacional e Independiente una moción de condena a la ejecución de políticas de Estado «persecutorias» en Cuba. Antes de que se produjera el retiro de sala de los legisladores del EP-FA se produjo un cruce de insultos e invitaciones a pelear entre parlamentarios de la izquierda y el Foro Batllista.

El lunes 5 de mayo, Carlos Fernández Becchino afirmó ante la Investigadora financiera que la hoja 41 del expediente del BCU «existió» y cuestionó a César Rodríguez Batlle.

Asimismo, la ex directora del BCU, Rosario Medero, denunció el 26 de mayo ante la Investigadora que los restantes integrantes del directorio de la autoridad monetaria César Rodríguez Batlle (presidente) y Eva Holz (vicepresidenta) «conocían claramente la situación del Comercial y tomaron todas las medidas a su alcance para mantenerla oculta y maquillar balances creyendo que de esa forma podía ocultarse la ilegalidad».

Por su parte, Rodríguez Batlle desmintió a Medero y sostuvo que cuando asistió al Comercial, «éste tenia patrimonio positivo».

En la madrugada del miércoles 28 de mayo, el gobierno logró el apoyo de Correntada Wilsonista, sector que integran los diputados Raúl Argenzzio y Beatriz Argimón, para evitar la aprobación del proyecto de ley sobre suspensión de ejecuciones judiciales de los deudores en dólares propuesto por el EP-FA. Las barras fueron desalojadas por proferir insultos a legisladores de los partidos tradicionales que no votaron la propuesta.

Cinco días después, la Cámara volvió a rechazar un proyecto del EP-FA sobre suspensión de ejecuciones judiciales y extrajudiciales prendarias e hipotecarias. En cambio, sí se respaldó una solución administrativa al tema. La sesión culminó a la medianoche con varios entredichos entre legisladores nacionalistas y de la coalición de izquierda.

 

«Sin Parlamento nunca más»

El 26 de junio, la rama baja evocó los 30 años del golpe de Estado con una sesión extraordinaria en la cual participaron cincuenta ex diputados y senadores que sobrevivieron a la ruptura institucional de 1973. La reunión estuvo cargada de nostalgia y simbolismo, pero también de interpretaciones acerca del origen de la irrupción militar y la violencia desatada en el país.

Se trató de una sesión en el marco de tres jornadas de charlas y conferencias bajo el nombre: «Sin Parlamento nunca más» organizadas por la presidencia de Cámara.

En tanto, el primero de julio ingresó el proyecto del Ejecutivo de Rendición de Cuentas y Balance de la Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2002 con un déficit de 63 millones de pesos y de 135 millones de pesos por concepto de comisiones e intereses debido al endeudamiento con los organismos internacionales.

El 14 de julio, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, denunció ante la Investigadora bancaria que la corrida que padeció el sistema uruguayo financiero a mediados de 2002 fue a causa del «delito cometido por los hermanos Röhm al frente del Comercial» lo que calificó de «decisivo, definitivo y criminal».

El 5 de agosto se vivieron momentos de tensión en el Anexo al Palacio Legislativo cuando un centenar de funcionarios de Salud Pública ingresó abruptamente al edificio, venciendo la guardia policial, con el objetivo de reclamar a los legisladores que se incluyera en le Rendición de Cuentas «una mejora salarial para los 18 mil funcionarios del sector».

Posteriormente, el viernes 16 de agosto y luego de ocho horas de debate, la Cámara rechazó el proyecto de Rendición de Cuentas del Estado. Se opusieron a la iniciativa presupuestaria la unanimidad de los legisladores del EP-FA, del Partido Nacional -con excepción de Alvaro Alonso (Desafío Nacional), el Nuevo Espacio y el Partido Independiente.

Tres
días después, el diputado Gustavo Guarino (Alianza Progresista) interpeló al ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, debido a una resolución que había aprobado el Ejecutivo a través de la cual se autorizaba la producción de maíz transgénico. El llamado también culminó sin consecuencias políticas.

La Comisión de Derechos Humanos recibió el martes 9 de setiembre a los integrantes de la Comisión para la Paz con el objetivo de brindarles el reconocimiento institucional del Parlamento por el «trabajo y esfuerzo realizado».

El subsecretario de Defensa Nacional, Elías Bluth, y el prefecto nacional naval (contraalmirante) Tabaré Daners coincidieron el martes 30 de setiembre en que el barco pesquero Viarsa I, que se encontraba pescando merluza negra en aguas jurisdiccionales australianas, «falseó» la posición geográfica en la que se encontraba.

Ese día se llevó a cabo la comparecencia bajo el régimen de Comisión General, de los ministros Santiago Pérez del Castillo (Trabajo y Seguridad Social), Martín Aguirrezabala (Ganadería Agricultura y Pesca) y del subsecretario de Defensa Nacional, Elías Bluth, debido a la situación que se creó acerca de determinadas «irregularidades» que cometió buque pesquero Viarsa I.

También estaba citado el canciller Didier Opertti, pero en su lugar compareció el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Enrique Delgado.

El jueves 2 de octubre todos los sectores políticos presentaron sus preinformes finales sobre la crisis financiera. Todos, con la excepción del Partido Colorado, propusieron remitir a la Justicia las conclusiones de la investigación.

El EP-FA señala al presidente Jorge Batlle y al ex ministro Alberto Bensión como «responsables de los acontecimientos que derivaron en la crisis bancaria más importante que vivió Uruguay».

Una semana después, la Cámara de Diputados sesionó en el Teatro Bartolomé Macció de la Ciudad de San José de Mayo para exaltar la figura del General José Artigas y conmemorar el 4 de octubre de 1828 como el nacimiento del Estado uruguayo, fecha en la que se aprobó la convención preliminar de paz.

El diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) recibió una amenaza el viernes 24 de octubre, vía correo electrónico, por indagar y denunciar los elevados sueldos de jerarcas del Nuevo Banco Comercial.

En tanto que el 7 de noviembre, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina, Eduardo Luis Duhalde, aseguró ante la Comisión de Derechos Humanos que el gobierno de su país «tiene su empeño en tratar de esclarecer todos los casos de ciudadanos desaparecidos y en particular de los ciudadanos uruguayos, porque existieron muchos casos de personas que buscaron cobijo y asilo» en el país vecino y «terminaron perdiendo su vida en manos de quienes detentaban el poder».

El miércoles 19 de noviembre, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración rechazó el proyecto de ley herrerista de ajuste político a través del cual se proponía reducir e número de legisladores a la mitad.

Se lleva a cabo, el 11 de diciembre, una nueva interpelación, en aquella instancia el convocado fue el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Irureta Saralegui.

El llamado culminó sin consecuencias desde el punto de vista político. A través de la citación a Sala, que partió del diputado Raúl Sendic (Movimiento 26 de Marzo), y a la que se plegaron legisladores nacionalistas, se cuestionó las «irregularidades de la Dirección General y la política de vivienda». Cuatro días más tarde comienza el receso parlamentario. Mientras que al día siguiente la Comisión Investigadora sobre la gestión el la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) llegó al final de su gestión con la presentación de tres preinformes finales.

El del EP-FA y Partido Independiente expresa que «existen elementos como para establecer que podría haber responsabilidad por mala administración del ex directorio y gerente general del CND entre los años 1999 y 1994.

Por su parte, nacionalistas y colorados propusieron una comisión especial para adecuar la legislación que creó a la Corporación. *