Sólo 12% de comercios canarios está en regla

El undécimo llamado a sala al intendente de Canelones, Tabaré Hackenbruch, culminó, el martes pasado, sin consecuencias políticas para la administración, aunque la Junta Departamental le exige que mejore la gestión como forma de elevar la recaudación por concepto de diversos impuestos.

La bancada del Frente Amplio consideró que las explicaciones brindadas no fueron suficientes y aseguran que la evasión en el departamento es varias veces millonaria. Afirman también que solo el 12% de comercio establecido en el departamento cumple con las normas.

Tal cuál ha ocurrido cada vez que ha sido llamado a la Junta Departamental, el intendente no se hizo presente, haciéndolo en su lugar el Secretario General, Doctor Roberto Yavarone, acompañado por algunos directores.

El motivo del llamado era clarificar la situación respecto al cobro del 3% del impuesto a la carne en gancho, tributo por el cuál la comuna no recauda lo que debiera, al menos para la bancada de la oposición. El otro tema que se debía discutir era el referido a las habilitaciones comerciales.

Para el doctor Roberto Yavarone las explicaciones «fueron suficientes», al tiempo de asegurar que la política de la IMC es clara en el sentido de intentar regularizar cada situación puntual.

Aseguró también que se están realizando las inspecciones correspondientes a los efectos de facilitar las habilitaciones municipales, como forma de «armonizar los intereses de la administración y los comerciantes».

Por su parte, para la edil de Alianza Progresista Loreley Rodríguez, uno de los miembros interpelantes, los argumentos brindados por los directores «no fueron suficientes» y aseguró que en muchos aspectos la intendencia no cumple con la ordenanza vigente, con el agravante de que se «aprecia claramente una gran discrecionalidad por parte del intendente Hackenbruch».

De la discusión se desprende que en el departamento existen varias empresas distribuidoras de productos cárnicos que no realizan los aportes pertinentes a la comuna.

En un caso puntual, la edil Rodríguez destacó a una empresa -cuyo abogado es el diputado forista Julio Luis Sanguinetti- que no canceló una importante deuda con la comuna, ni siquiera cuando entró en concordato.

«Tenemos claro que hay notorios casos de defraudación fiscal», dijo la representante, al tiempo de reiterar que la evasión en Canelones supera los U$S 50 mil al mes. Sobre el punto de las habilitaciones comerciales, la bancada de la oposición tampoco mostró satisfacción por las respuestas.

Los ediles sostienen que sólo el 12% de los comercios establecidos en el departamento cuenta con su habilitación correspondiente. «Las irregularidades nos sobrepasan», indicó Rodríguez, al asegurar que la comuna clausura comercios en «forma dudosa», mientras habilita locales bailables sin las normas mínimas de seguridad. *