ADME contrata a ex funcionarios despedidos con incentivo y acepta doble empleo estatal

«El otrora presidente de UTE, ahora dirigiendo ADME, entregó los principales cargos directivos del nuevo ente público a sus allegados, salteándose cualquier concurso público», afirmó Pou. LA REPUBLICA accedió a las actas parlamentarias de la comisión que investiga el tema, donde Serrato fue convocado. El diputado frenteamplista Martín Ponce de León interrogó sobre distintos puntos de los gastos y contrataciones que venía disponiendo Serrato. Ponce de León aseguró sobre el final de la sesión que no había existido «lo que debe ser prudencia de la administración», cuando menos. Serrato alegó que para el nuevo ente necesitaba de sus conocidos. «¿Cómo puedo empezar a armar esto si no es con gente que conozco?», consta en la versión taquigráfica que preguntó.

La indagatoria parlamentaria se generó a partir de las denuncias formuladas públicamente por el ex director de ADME, José Luis Pou, que renunció a raíz de las formas de accionar de Serrato en el seno del organismo.

Serrato anunció acciones penales contra Pou, después de la feria de enero.

Consultado sobre el particular, Pou dijo a LA REPUBLICA que en absoluto cree estar en posición de privilegio alguna para denunciar lo que afirma hacía Serrato. «Soy una persona común y corriente. Y las personas comunes y corrientes ¿qué estamos pidiendo? Todos los uruguayos pedimos a gritos austeridad. Austeridad con el dinero público. Por eso yo actué en consecuencia», aseguró. Pou agregó que espera con absoluta tranquilidad la convocatoria que la Justicia Penal le hará, por la denuncia de Serrato que consideró «agraviante para su honor».

«Aspiro que la audiencia sea pública; porque allí voy a poder demostrar con total y absoluta transparencia lo actuado por los unos y por los otros. Tengo pruebas de absolutamente todo lo que manifesté», aseguró.

Pou había enviado sendos informes a las cámaras de Comercio, e Industria, donde además de denunciar las designaciones «a dedo», hacía públicas las contrataciones de oficinas en la Torre de los Profesionales de la Caja Bancaria, afirmando que Serrato estaba creando «una estructura enorme», con el dinero público. Incluso denunció la contratación de un chofer, por parte de Serrato, a pesar que la ADME, «no tiene auto».

Pou aseguró finalmente no haber renunciado por ninguna otra razón, «que la de no haber podido imponer los criterios de austeridad con que fuimos contratados».

 

Análisis parlamentario

Mientras tanto el diputado de la Vertiente Artiguista, Martín Ponce de León, quien fuera el interpelante principal de los jerarcas de ADME cuando estos concurrieron al Parlamento, en absoluto se considera conforme con lo declarado por Serrato y sus acompañantes.

El punto más controvertido, que seguramente amerite nuevas instancias parlamentarias, converge en la contratación de renunciantes a la función pública, a quienes está expresamente vedado reingresar a la Administración.

Una persona que acompañó a Serrato durante su presidencia en UTE, se había retirado con incentivos de la administración pública: ahora, fue designada secretaria en ADME, con un sueldo de 30.000 pesos mensuales.

En la sesión parlamentaria, el asesor legal de ADME, Ricardo Gorosito (quien también fue designado sin concurso alguno por el ingeniero Serrato), afirmó que según su interpretación, la prohibición de contratar a quienes fueron incentivados para que abandonaran sus empleos públicos, «no comprendería a quienes se han retirado de entes autónomos y servicios descentralizados, con regímenes que no tenían que ver con la Ley 17.556 (que estableció tal prohibición)».

Más curioso aún resulta el caso de una persona que trabaja en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas… y ahora también en ADME. Gorosito aseguró que «la ADME no está imposibilitada de contratar a un funcionario del Estado».

Ponce de León ironizó en ese momento de la reunión que «de atenernos a ese criterio, una persona podría ser a la vez funcionario de la ADME e intendente de un departamento, o legislador y funcionario de la Ursea».

Por último, continúa pendiente la ausencia de llamados a concurso para llenar los principales puestos. Ponce de León dijo en su intervención parlamentaria que no le parecía «admisible que los principales cargos permanentes de un organismo regulador nuevo, hayan sido seleccionados sin que hayan podido aspirar los que pueden ser los uruguayos más capaces». *