Caso Berríos: juez chileno pidió la extradición de militares uruguayos

El magistrado, cuya decisión deberá ser ratificada o desechada por la Corte Suprema, busca someter a juicio en Chile a los militares uruguayos Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Cóppola y Wellington Sarli Pose.

Los tres integrantes del Ejército –los dos últimos aún en actividad– fueron procesados por el magistrado chileno junto a varios militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están procesados algunos oficiales chilenos. La extradición entre ambos países está regulada por el «Convenio sobre Igualdad de Trato Procesal y exhortos», suscrito por ambos países y vigente desde el 14 de abril de 1982.

Los oficiales uruguayos aparecen envueltos en una supuesta colaboración con militares chilenos que secuestraron a Berríos y lo llevaron a Uruguay, donde su rastro se perdió en noviembre de 1992, hasta que su cadáver apareció en una playa de El Pinar, cercana a Montevideo, en abril de 1995.

Durante el juicio abierto en Chile, seis militares fueron inculpados en octubre de 2002 por el secuestro y asesinato de Berríos, incluidos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias y el capitán en servicio activo Pablo Rodríguez Márquez.

Berríos, que bajo el régimen de Pinochet fue agente de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) huyó a Uruguay en 1991, custodiado por militares chilenos, para evadir su arresto en un proceso por asesinato, pero en ese país escapó y pidió ayuda a la policía uruguaya que lo devolvió a sus custodios el 15 de noviembre de 1992.

Desde ese día nada se supo del químico, experto en la fabricación del mortal gas sarín, hasta que su cadáver apareció tres años después en las arenas de la playa de El Pinar, con varios impactos de bala.

En un proceso paralelo que se reanudó en abril pasado en Uruguay, el juez penal de Pando, Pedro Salazar, investigó la intervención que tuvieron en el secuestro los ex jefes militares cuya extradición pediría Chile a través de la Cancillería, si la Corte Suprema ratifica la petición del magistrado Madrid.

También aparecen vinculados al caso los policías uruguayos Elbio Hernández, jefe de la comisaría en la que Berríos buscó refugio, y el coronel Ramón Rivas, jefe de la Policía del departamento de Canelones en donde ocurrió el incidente.

El gas sarín que preparaba Berríos en los laboratorios de la DINA fue utilizado para asesinar a opositores al régimen militar, según testimonios judiciales conocidos después que se restauró la democracia en marzo de 1990.

Berríos fue vinculado, además, a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, que gobernó entre 1964 y 1970 y murió de una extraña infección cuando se encontraba internado en una clínica de Santiago, el 22 de enero de 1982.

A los 71 años, Frei Montalva se proyectaba como líder de la oposición a Pinochet, quien después de la muerte del político democristiano se mantuvo en el poder por otros ocho años.

En el curso de las investigaciones judiciales, la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó al juez Madrid, el pasado 11 de julio, para que estudiara el desafuero de Pinochet, a fin de privarlo de su inmunidad y establecer su eventual responsabilidad en el «Caso Berríos». Hasta ahora, sin embargo, el juez no se pronunció sobre esta posibilidad. *