Chifflet alertó sobre "intriga" de los servicios contra Batlle

El legislador socialista dijo a LA REPUBLICA que uno de los aspectos que más le preocupó fue el trascendido de que el informe de Inteligencia incluía valoraciones políticas como «que la marcha fue más chica que la de los años anteriores porque la gente está aburrida del tema de los desaparecidos».

Chifflet señaló que algún «sector de los servicios está tratando de intrigar», con el objetivo de poner obstáculos a la política de «pacificación» encabezada por el presidente de la República Jorge Batlle.

—¿Cual es la razón de sus dos pedidos de informes a los ministerios de Defensa e Interior sobre la actividad de los servicios de Inteligencia?

–En realidad, un medio de comunicación que no suele tergiversar los hechos cuando se trata de fuentes oficiales y de cosas que tienen que ver con el gobierno, informó que circulaba en medios políticos, sin decir cuáles, un documento elaborado «por los servicios de Inteligencia», en el que no sólo se hacen cálculos sobre la cantidad de personas que habría concurrido a la manifestación por los detenidos-desaparecidos, sino, además, valoraciones políticas. El informe confiesa que se realizó, además, seguimientos de legisladores de la República.

–¿Un informe exhaustivo?

–Se dice por ejemplo que el senador «tal» no se saludó con una determinada personalidad política.

Esto significa que estos «servicios de Inteligencia» no llevaron una o dos personas a «controlar» la manifestación organizada por los familiares de detenidos-desaparecidos, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. En el informe se admite que hubo «miles de manifestantes», aunque la cifra la reduzcan. Entiendo que no puede hacerse el seguimiento de una persona en una multitud si no va alguien muy cerca. Y, además, de acuerdo al informe, siguieron a más de un legislador, ya que se dice que otro senador se apartó de la manifestación en determinado momento para concurrir a una sede política.

Las «inercias» de la dictadura

–Usted en su pedido de informes habla de «inercias de la dictadura». ¿Qué quiere decir con ello?

–En todo este proceso me doy cuenta que existen inercias provenientes de costumbres impuestas por la dictadura y que también hay responsabilidades. Como legislador tengo que exigir respuestas, pues es obligación de todos nosotros controlar los desbordes, si es que existen, en algunos miembros del Poder Ejecutivo.

–¿Esto configura para usted un hecho grave?

–El hecho más grave aquí es el seguimiento realizado a legisladores y, además, la comprobación de que en el informe se realizan valoraciones políticas. Explican por qué, comparando las cifras del 98 y el 99, la manifestación realizada este año habría tenido menor cantidad de gente. Ello es totalmente falso, porque yo concurrí personalmente a todas esas manifestaciones y, en verdad, la realizada este año no fue menor a la de otros años. Explican que esa supuesta reducción de la asistencia es producto de que la gente se «encuentra aburrida del tema detenidos-desaparecidos».

Creo al respecto que las organizaciones que convocaron a la manifestación, cuando sea la primavera, deberían convocar a otra manifestación no sólo en homenaje a los detenidos-desaparecidos y en apoyo a la investigación que la inmensa mayoría de los uruguayos reclama hoy, sino para que también sirva como respuesta a estos hechos, que deben ser aclarados.

Las responsabilidades

–Fueron dos los pedidos de informes.

–Sí, uno al ministro del Interior, Guillermo Stirling y otro al ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo.

Con respecto a Stirling tengo la absoluta certeza de que se trata de una personalidad con claras convicciones democráticas y naturalmente, cumplí con realizar ese pedido de informes porque no se sabía a que servicios de Inteligencia se refería la antedicha publicación. Además, porque la Jefatura de Policía puede hacer una evaluación del número de personas. Muchas veces lo ha hecho y otras tantas se ha desprestigiado porque, cuando hay una manifestación con quince o veinte mil personas y se dice que hubo dos mil, uno sabe que los agentes están haciendo méritos ante los superiores. Esto pasó, claramente, en otra época.

–Si usted cree que el ministro Stirling no tiene nada que ver con estos hechos. ¿Quién tiene que ver?

–Los pedidos de informes tienen ese propósito, el averiguar cómo se concertó esta acción de los servicios de Inteligencia, cómo se decidió esa acción antidemocrática.

Creo, y se lo digo en mi pedido de informes al ministro de Defensa Nacional, que estos hechos son la supervivencia de una actitud propia de las dictaduras, que no corresponde con la situación actual del país.

Al ministro Brezzo le pregunto si fue él quién ordenó esta acción antidemocrática, contra ciudadanos que manifestaban ordenadamente. En segundo lugar quiero saber qué medidas tomó ante este desborde de servicios que deberían dedicarse a cosas concretas, como investigar temas delictivos, el tráfico de drogas o el contrabando. Aquí va a quedar claro el pensamiento del señor ministro y de un sector, por lo menos, del Poder Ejecutivo.

–Y, si no se produce ninguna respuesta. ¿Qué actitud adoptará al respecto?

–Esperaré con paciencia la respuesta, porque esto merece otra atención superior a la que le han dedicado los propios medios de comunicación. Creo que ello ocurre porque la noticia salió en un semanario que muchos no leen. Incluso una dirigente de la organización de familiares de detenidos-desaparecidos no tenía noticias de esto y yo mismo no me enteré el primer día.

Quieren crearle problemas a Batlle

–¿Cómo explicaría usted la presencia de los servicios en una manifestación pública y autorizada?

–Esa es una buena pregunta. Yo creo al respecto que existe un sector de los servicios de Inteligencia que tiene el cometido de crearle problemas al propósito de la investigación, que cuenta con el respaldo de numerosos sectores democráticos, que está llevando adelante el presidente Jorge Batlle. Esto busca enredar, porque hace valoraciones que sólo pueden llevar a un debate equivocado sobre un tema en que el Presidente está tratando solucionar, «pacificando» a los uruguayos.

–¿Usted cree que los servicios de Inteligencia tienen autonomía como para realizar acciones de este tipo?

–No debieran tenerla. Los hechos demuestran que aquí hay alguien que intriga, que hace valoraciones propias de politólogo frustrado. Alguna vez sostuve que para este tipo de seudopolitología, así como existe la organización de alcohólicos anónimos, debería existir una organización de politólogos anónimos, para intentar curar a toda esta gente. Pero, sobretodo, hay que curarla con procedimientos democráticos, denunciando los hechos y ventilándolos públicamente, poniendo todo el énfasis que corresponde.

Especialmente cuando aparece alguna generación de jóvenes uruguayos, de entre 11 y 15 años, que ni siquiera recuerda que haya existido una dictadura, porque no se les ha informado de ello. Sobre todos estos problemas hay que poner un acento muy especial porque, si no, nadie se va a informar. Creo que algunos medios de comunicación sí han puesto el acento en esto y otros, curiosamente, los han dejado pasar. Me parece que los mismos tienen suficiente entidad y gravedad como para tratar de que se esclarezcan. Hay que llevar el tema hasta las últimas consecuencias.

–¿A usted le parece mal que se realize un trabajo de Inteligencia en manifestaciones públicas?

–Quizá, por razo
nes de seguridad, se pueda admitir que la Policía controle cualquier tipo de actos que se concreten en al ámbito social. Pero cuando se trata de controlar hasta los saludos que pueda realizar un representante nacional, esa acción se convierte en una violación muy grave que no sólo atenta contra los fueros del legislador, sino contra todos y afecta, además, el sentido del funcionamiento de la democracia. Un hombre libre, honrado y que reclama contra la injusticia, no debe ser vigilado ni investigado por nadie.

–¿La acción de los servicios de Inteligencia en este caso tuvo un contenido estrictamente político?

–Si es cierto lo que se informó, pienso que sí. Por ello la responsabilidad del ministro es sumamente grave y que estos hechos tienen que ser aclarados, respondidos en forma exhaustiva y con todo cuidado. En alguna oportunidad aparecieron archivos secretos de la dictadura.

Con el diputado Ramón Legnani fuimos y localizamos los ficheros, los fotografiamos y recogimos mucha más información de la que hicimos pública para saber hasta dónde llegaba la actitud oficial. En ese momento el ministro dijo, con toda claridad, que esos archivos eran una secuela de la dictadura, «parándole el carro» a todos los que comenzaron a decir que nosotros estábamos tratando de indisponer al gobierno con el Ejército. Si esos archivos eran, años atrás, «secuelas de la dictadura», estos hechos de hoy son secuelas de una inercia mental de alguien que tiene mando y que merece ser destituido.