Rodríguez Batlle: Operativa de los Röhm y Peirano tiene larga data

«El BCU no se apartó de ninguna norma legal y tuvo que enfrentar la crisis con los instrumentos jurídicos y recursos humanos de que disponía», sostiene el ex jerarca.

Rodríguez Batlle evaluó que los informes de la izquierda y del PI, son de «corte agresivo, negativo, de búsqueda de errores, ilegalidades o malas intenciones. (…) Podrá tenerse distinta visión sobre la solución, de cómo se encararon las cosas, en definitiva de la estrategia seguida; pero no es serio que, sin pruebas, se arroje sombras sobre la actuación de las personas cuando se piensa distinto».

«Respecto de la operativa de los Röhm y los Peirano, nada de lo que ocurrió tiene origen en nuestro período, eran operaciones financieras que se venían realizando de larga data (…) Lo cierto es que fue el Directorio que presidí quien los denunció antes que cualquier otro, defendiendo, desde nuestro punto de vista, los intereses de los ahorristas y del Estado. Así que cada uno, en su fuero íntimo, sabrá qué intereses defiende, cuando ataca, sin prueba, al BCU».

Rodríguez Batlle centra sus críticas en el informe que elaboraron los diputados encuentristas Silvana Charlone, José Bayardi y Raúl Sendic.

«Llama la atención que no se haya analizado la situación vivida durante el año 2002, con un enfoque de crisis sistémica, lo que de hecho transforma al informe en un trabajo casi de laboratorio, elaborando supuestos y extrayendo conclusiones que en general no se compatibilizan con la realidad», opina Rodríguez Batlle.

Afirma que en el caso del Banco Comercial, los legisladores del EP «transcriben largamente los informes de los peritos judiciales, que señalan que las operaciones de los Röhm se realizaban desde el año 1990 y sin embargo, no hacen ningún comentario sobre ese origen y sus implicaciones. Lo única que presentan es una ‘llamada de teléfono’ para solucionar una asistencia financiera, señal inequívoca de la presión y preocupación del momento, y omiten decir que toda la operación se formalizó en una resolución de Directorio, votada por unanimidad y que recoge, sin ocultar nada, lo ocurrido».

En el caso del Banco Montevideo, Rodríguez Batlle sostiene que los legisladores de izquierda tienen una visión de «laboratorio» en la que «exhuman antecedentes de los Peirano de los años 70 y omiten deliberadamente mencionar que, entre los años 1993 y 1997, se les autorizó (…) todas o casi todas, las posibles operaciones financieras en el mercado uruguayo».

Rodríguez Batlle también cuestiona a los legisladores del EP respecto al tema de las acciones de Disco Ahold. «Señalan equivocadamente que negué conocer el ofrecimiento de las mismas al BCU como garantía, cuando en la sesión del 12 de diciembre de 2002 de la Comisión Investigadora, leí textualmente la carta de ofrecimiento del Banco Montevideo. Esa misma declaración fue recogida por el diputado Mieres en la página 20 de su informe a la Comisión Investigadora. ¿Los diputados firmantes del informe habrán omitido algo deliberadamente?, o ¿se les pasó la lectura de alguna de las cartas del Banco Montevideo?».

«También se pueden señalar ejemplos de falta de seriedad o actitudes reñidas con la buena fe», dice Rodríguez Batlle. «En el informe del EP-FA se afirma sin pruebas que el patrimonio del Banco Montevideo habría sido negativo en el momento de la asistencia. Desde ya en el referido documento no se menciona ningún informe técnico que conociera el Directorio y dicen que ‘se desprende claramente,’ lo cual de por sí indica la falta de fundamento para la afirmación, cuando en realidad contaron con información que establecía que el patrimonio era positivo».

Rodríguez Batlle también se refiere al tema del patrimonio del Banco Comercial. «En este asunto, no sólo aparecen las inexactitudes que hemos señalado en varias oportunidades, sino que se agrega que los diputados del EP-FA aceptan como válidas las afirmaciones de la contadora Medero, sin el menor cuestionamiento. ¿Qué hubiera sido del informe sin las declaraciones de la contadora Medero, todas a posteriori de los acontecimiento y bastante alejadas de los mismos? Es extraño que a los autores del informe nada les llame la atención. Ni que las fechas de las principales declaraciones de la contadora Medero sean posteriores a la última asistencia al Banco Comercial; ni que en la sesión del Directorio del BCU del 24 de abril de 2002 (acta 2382), la contadora Medero plantee la necesidad de una ‘asistencia global’ al Banco Comercial, cuando por otro lado decía que tenía patrimonio negativo sin fundarlo».

«Frente a esta enorme tolerancia a las contradicciones y afirmaciones infundadas, los autores del informe no reconocen las numerosas declaraciones de los servicios técnicos y de la Superintendencia del BCU», que señalan la «existencia de patrimonio positivo».

A modo de balance, Rodríguez Batlle afirma que el informe del EP-FA contiene «importantes asimetrías en la consideración de los diferentes temas. Por un lado, los autores del informe son particularmente severos a la hora de juzgar las excepciones a las normas bancocentralistas que gozaba el Banco de Crédito, desde varios años atrás (…) Por otro lado, el informe del EP-FA, considera válidas y aceptables las excepciones que tenía el Banco Caja Obrera, también de capital mayoritario del Estado y con directores nombrados por el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para adoptar posición opuesta? La respuesta, por lo menos, no surge del informe y no tiene una buena explicación». En cuanto al Banco Caja Obrera, Rodríguez Batlle indica que «en ningún momento del proceso de venta se objetó al comprador, Banco Montevideo, por sus antecedentes, y el proceso de venta duró un año y cinco meses contando con la plena difusión pública de las diferentes etapas». Además es «incontrovertible» que «todas las etapas del proceso hasta llegar al contrato, incluyendo el mismo, contaron con informes técnicos favorables y con la aprobación unánime del Directorio del BCU».

Rodríguez Batlle afirma además que «resulta absolutamente falto de seriedad el expresar que el ‘BCU donó dos millones de dólares (al Banco Comercial)’ ¿No tienen valor para los autores del informe las declaraciones sobre este punto, de dos ex ministros de Economía? Tanto el contador Bensión como el doctor Atchugarry expresaron claramente en su comparecencia en la Comisión Investigadora que se trataba de una registración contable que podría terminar siendo parte de los recursos aportados por el Fondo de Fortalecimiento Bancario o de la asistencia del BCU». *