Batlle defendió las transferencias de dinero a los bancos durante la crisis

Por su parte, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión asegura en su descargo a la Investigadora que «nunca» tuvo conocimiento «ni oficioso ni oficial sobre la relación entre la asistencia financiera del Banco Central del Uruguay (BCU) y el nivel del patrimonio del Comercial».

En tanto, el ex presidente del Banco Central, César Rodríguez Batlle realizó sus descargos ante los informes de la Comisión Investigadora sobre la crisis bancaria, cuestionando la «seriedad, profundidad y veracidad» del documento final elaborado por los representantes del Encuentro Progresista y del Partido Independiente (Ver pág. 6).

Luego que todos los sectores políticos presentaron sus informes finales sobre la actuación de la Investigadora, los partidos Nacional e Independiente y el EPFA incluyeron en sus conclusiones presuntas implicancias de una serie de jerarcas en hechos que desembocaron en la crisis bancaria.

El pasado de 16 noviembre el diputado Gabriel Pais (Batllismo-Lista 15) y presidente de la Comisión Investigadora informó que al caducar la prórroga de 20 días de la que disponían todos los mencionados en los preinformes, tanto el ex presidente del BCU, César Rodríguez Batlle como el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión habían solicitado una nueva extensión del plazo, de diez días, para presentar sus descargos, la que venció el 26 de noviembre pasado.

Sin embargo, Pais aseguró que el presidente Batlle no había solicitado, al caducar el plazo para la evacuación de las vistas, la extensión del mismo, por lo cual «no respondería a las referencias a su actuación que aparece en el informe de la coalición de izquierda».

No obstante, Batlle respondió a la Investigadora un día antes de finalizar la nueva prórroga que él no solicitó.

Batlle respondió a la Comisión Investigadora, sin perjuicio de entender que de acuerdo a los preceptos y procedimientos constitucionales «no corresponde evacuar la vista conferida». Pero, de todas maneras formuló ciertas precisiones. La respuesta del máximo mandatario no supera las dos páginas.

Batlle manifiesta que «todas las transferencias de dinero efectuadas por el Ejecutivo con destino a los bancos hoy en liquidación se ajustaron a derecho, como lo señala la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en sesión de fecha 6 de noviembre de 2002 con el voto unánime de los ministros del referido cuerpo».

En particular, cita que el considerando cuarto señala que «‘todas las transferencias contaron con autorización del Ejecutivo, otorgada con anterioridad o en la misma fecha en que se efectuaron las mismas, por lo que el procedimiento fue ajustado a derecho'».

Con relación al contrato de capitalización del Banco Comercial, de fecha 26 de febrero de 2002, señala que «el TCR en fecha 26 de junio de 2002 con el voto unánime de sus integrantes estableció la legalidad del procedimiento de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 15 numeral 3 del ‘Tocaf 1996′».

Expresa que, «para mayor ampliación», se remite al informe del profesor doctor Juan Pablo Cajarville de 9 de diciembre de 2002 presentado a la Investigadora «en el que se ratifica que lo actuado por el Ejecutivo estuvo en consonancia con la Constitución de la República».

Cajarville sostiene en su trabajo  del cual dio cuenta oportunamente LA REPUBLICA  que el valor jurídico del contrato consiste en que «se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York y que cualquier controversia que surja así como en cuanto a su ejecución será juzgada y resuelta por un tribunal arbitral internacional».

El catedrático entiende que «el Ejecutivo pudo legítimamente optar por celebrar un contrato de capitalización, como acto jurídico razonablemente idóneo para procurar lograr la finalidad debida de solucionar la crisis, no es necesario para que esa opción sea legítima que exista una norma expresa que la faculte a celebrar un contrato con ese contenido».

«Falta de objetividad»

Por su parte, Bensión respondió en 20 páginas a las vistas realizadas por la Comisión.

El ex secretario de Estado dejó constancia de «la falta de objetividad» que a su juicio tiene el preinforme del EP-FA.

Señaló que el cuestionamiento de la decisión del Poder Ejecutivo sobre el contrato de capitalización del Banco Comercial sólo se apoya en la opinión del doctor Gonzalo Aguirre minimizando o ignorando los otros informes jurídicos de que dispuso la Comisión que «sostienen una posición contraria a la del citado consultor».

Señala además que los autores de los informes favorables a la actuación del Ejecutivo «tienen al menos la misma jerarquía profesional que el del doctor Aguirre. Además, sus informes fueron emitidos con anterioridad o en forma simultánea a la decisión del Ejecutivo y no un año después como el del Dr Aguirre lo que le confiere a aquéllos un muy alto valor en la comparación con éste a efectos de la evaluación de un acto de gobierno como el que se analiza, decidido en condiciones de excepción por su urgencia y dificultad.

También indica que a diferencia de todo el resto del espectro político del país, el EP-FA se resiste a aceptar el pronunciamiento favorable nada menos que del TCR que es el órgano de contralor previsto por la Constitución de la República sobre la seguridad jurídica de las transferencias financieras del poder ejecutivo a favor de la estabilidad de determinados bancos, realizadas entre abril y junio de 2002.

Considera que en el preinforme del EP-FA se cuestiona a la actuación del Ejecutivo sin tomar en cuenta la documentación que está en poder de la Comisión Investigadora o en otros casos incurriendo en confusiones conceptuales que son inaceptables luego de una actuación de más de un año de la Investigadora.

En el preinforme de la coalición de izquierda se expresa con referencia al Banco de Crédito que Bensión «estaba al tanto de la situación patrimonial del banco así como de los niveles de endeudamiento del accionista minoritario y de la insuficiencia de garantías sobre ese endeudamiento».

Ante lo cual el ex secretario de Estado responde que como ministro supo que «César Rodríguez Batlle realizó reiteradas gestiones ante las autoridades del Grupo la Unificación para que sus depósitos en el Banco de Crédito volviesen a niveles similares a los del pasado».

Asegura que nunca tuvo conocimiento de «los niveles de endeudamiento del accionista minoritario» ni de «la insuficiencia de garantías sobre ese endeudamiento y señala que de lo único que fue informado fue de las dos situaciones referidas en las notas del BCU que mencionan ‘un equilibrio entre las operaciones activas y pasivas concepto no coincidente con el EP-FA'».

Asimismo, entiende que estos hechos no estaban dentro del ámbito de decisión directa del MEF y que con distintas posibilidades de acción, «ellos eran de competencia directa de las autoridades del Banco de Crédito, de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y del BCU.

«Nunca tuve conocimiento»

En otra parte del preinforme del EP-FA y con referencia al estudio de los acontecimientos en el Banco Comercial, se señala que Bensión en febrero de 2002 estuvo enterado que la situación patrimonial negativa del Banco Comercial requería una capitalización que oscilaba entre 342 millones y 515 millones de dólares, aún considerándose el aporte de los 133: millones de dólares de capitalización del contrato suscrito por el Estado.

Entienden que si Bensión tomó conocimiento de estas cifras antes del 26 de febrero, «sería gravísimo ya que en el contrato de capitalización, el Estado uruguayo
se comprometía unilateralmente a eliminar cualquier patrimonio negativo subsistente. Pero no menos grave es su conocimiento con fecha posterior a la firma del contrato dado que el ministro no sólo sabía que el BCU estaba asistiendo al Banco Comercial teniendo este patrimonio negativo, sino que incitó a que esta asistencia continuara, cuando el presidente del BCU le informaba que se encontraba al límite de la capacidad legal».

Ante tales apreciaciones realizadas por la coalición de izquierda, Bensión responde que fue informado en términos muy generales sobre la eventual situación patrimonial del Comercial», pero asegura que nunca se le dejó «un documento y mucho menos un balance con información sobre el patrimonio del Comercial».

Resalta que «no es cierto que desde el MEF se incitó a que esta asistencia continuara cuando el presidente del BCU le informaba que se encontraba al límite de la capacidad legal».

«Nunca tuve conocimiento ni oficioso ni oficial sobre la relación entre la asistencia financiera del BCU y el nivel del patrimonio del Comercial. En cambio, el ex presidente del BCU, César Rodríguez Batlle me informó, según nota del 2 de abril de 2002 sobre las dificultades que se estaban evidenciando en la relación entre los niveles de asistencia del BCU y la garantía prendataria de títulos valores del Comercial», sostiene Bensión en su descargo.

Sobre el contrato de capitalización del Comercial recuerda que el 15 de abril dejó constancia por escrito que «las eventuales necesidades financieras del Comercial podrían ser atendidas por el BCU en cumplimiento de su función de prestamista en segunda instancia» y que a tales efectos le parecía de fundamental importancia «la definición del balance del Comercial a la fecha más reciente que fuera posible y la presentación de un plan de negocios hacia el futuro».

Por otro lado, Bensión responde que la afirmación que realizó el EP-FA en el preinforme referida a que el presidente Jorge Batlle y Bensión resolvieron por sí y ante sí el otorgamiento de 488 millones de dólares de asistencia financiera, cuando carecerían de la capacidad y de la atribución constitucional, «es a todas luces inaceptable».

El ex ministro argumenta que el EP-FA «ignora nada menos que el pronunciamiento emitido y ratificado luego de dos instancias por el TCR», y por otro lado, sostiene que todo el espectro político, «con excepción de la izquierda son coincidentes en cuanto a la legalidad de lo actuado».

La coalición de izquierda sostiene que del estudio de lo actuado en el contrato de capitalización del Comercial, «el presidente de la República y el ministro de Economía, excediendo sus atribuciones constitucionales, habrían realizado una asociación no consentida por el Parlamento y habrían violado el artículo 188 de la Constitución al pactarse una asociación con privados sin la aprobación del Legislativo».

Por su parte, Bensión responde que tales afirmaciones «no son correctas», y argumenta que «el Estado no participó nunca del capital accionario del Comercial», que una solución de este tipo «fue aplicada en otras instancias para instrumentar la participación pública de empresas privadas sin necesidad de una ley especial», y que el desembolso «fue aceptado por el TCR, según resolución del 26 de junio de 2002″.

Bensión responde que «la cláusula de confidencialidad  según un informe del asesor letrado del MEF, Enrique Guerra  es propia de los usos y costumbres bancarios».

Asimismo, asegura que el Parlamento «tomó conocimiento formal de la existencia del contrato de capitalización del Comercial en la sesión conjunta de las Comisiones de Hacienda de las cámaras de Senadores y Diputados del 4 de abril de 2002″.

Resalta que «no se puede afirmar que el Parlamento no conoció la existencia del contrato de capitalización», y, en cambio, «sí se puede decir que una parte muy importante del sistema político lo conoció casi desde el mismo momento de su firma con un mayor o menor grado de detalle».

En cuanto a la afirmación del EP-FA de que «el presidente de la República habría realizado inconstitucionalmente delegación de atribuciones para suscribir el acuerdo con el ministro de Economía y que éste aceptó, responde que «el Presidente no puede delegar representación, pero nada impide el nombramiento de un representante». Recuerda que la resolución es idéntica en su contenido a las que fueron dictadas desde 1985 a la fecha para la firma de convenios de esta naturaleza».

En otra parte del preinforme del EP-FA se hace referencia a que «el Presidente de la República y el ministro de Economía expusieron al Estado uruguayo a ser demandado, de no cumplirse condiciones pactadas imposibles de prever y que resultan abusivas e inaceptables».

Ante lo cual, Bensión contesta que «por el contrario, y gracias al contrato, lograron un aporte de 100 millones de dólares para el Comercial que, de otro modo, no hubiese ingresado al país y que ahora el gobierno considera que no debe ser reintegrado».

En cuanto al proceso de fusión del Banco Montevideo con el Banco Caja Obrera, el EP-FA sostiene que «el ministro y BCU más allá de lo que indica la Constitución y la Ley habrían sustituido en la toma de decisiones tanto al Directorio del Banco de la República como al de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que eran los verdaderos accionistas del Banco Caja Obrera».

Pero, para Bensión tal afirmación «no es correcta», y asegura que el MEF estuvo representado en la Comisión Asesora sobre la venta del Banco Caja Obrera «en carácter de observador» y que su participación en el proceso de venta fue en «la negociación final con los compradores y se debió a que el Ejecutivo quiso aportar a esa negociación el máximo de representatividad de orden político en atención a la transparencia del resultado».

Asegura que el MEF no firmó el contrato de compraventa, porque no fue parte de la transacción».

Bensión, en el mismo informe, responde a las imputaciones que realizan los legisladores del Partido Nacional e Independiente en sus respectivos preinformes.

Los nacionalistas hacen referencia a que el Ejecutivo «firmó un contrato de capitalización con accionistas internacionales del Comercial generando obligaciones en nombre del Estado que exceden las facultades otorgadas por las normas y sin conocimiento del Parlamento.

En tanto, Bensión cuestiona que los nacionalistas «prefieran» las opiniones de Aguirre y señala que el Ejecutivo tuvo «el asesoramiento legal correspondiente».

Mientras que el preinforme del Partido Independiente cuestiona que en cuanto al contrato de capitalización del Comercial, el Ejecutivo no dio cuenta a la Asamblea General y que Bensión se negó a dar el texto al Parlamento.

Por su parte, el ex ministro responde enumerando las oportunidades en las que informó a las comisiones de Hacienda de Diputados y Senadores sobre la resolución del Ejecutivo. *