Andebu rechazó decreto sobre televisión satelital

El martes 23 de mayo una delegación de la asociación de radiodifusores, compuesta por su presidenta María Celia Fontaina, el director Carlos Giacosa y el asesor jurídico Andrés Lerena había sido recibida por el ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, ante la inminente promulgación del decreto presidencial. Brezzo les manifestó que el gobierno no cedería en su postura y que no aceptaría ninguna modificación de la legislación proyectada.

Ayer, Andebu emitió una declaración (ver remitido página 4) en la que manifiesta su rechazo a la nueva norma y resuelve «deplorar que, con la finalidad de eludir la aplicación del marco jurídico que regula en nuestro país la radiodifusión y la televisión para abonados, en la fundamentación del Derecho se pretende desconocer que la televisión satelital directa al hogar es radiodifusión».

Los radiodifusores también expresaron «su honda preocupación» por el decreto firmado por el presidente de la República Jorge Batlle porque sus disposiciones, dispuestas «en forma unilateral» permiten el ingreso de operadores del exterior «sin que haya reciprocidad para las empresas nacionales en los países de donde provienen las empresas que seguramente incursionarán en nuestro mercado sin realizar las cuantiosas inversiones que han realizado las empresas nacionales».

Según Andebu, las nuevas disposiciones aprobadas por el Ejecutivo «posibilitan el ingreso de los dos únicos operadores regionales del sistema que son propiedad de poderosas empresas multinacionales, no respetan ni aplican los principios y criterios de igualdad y equidad reclamados por Andebu». Esta «falta de equidad», según los radiodifusores, «se trasunta inequívocamente en la nueva regulación del tributo que deben abonar empresas operadoras del sistema de televisión para abonados en el país». Andebu recuerda que a los actuales permisarios se les ha hecho pagar un tributo por habitante y que luego de siete años de instalación de la televisión para abonados «se cambia el criterio de la base imponible».

 

Trasnacionales favorecidas Uno de los decretos presidenciales establece que los permisarios deberán abonar un impuesto anual de 50 pesos uruguayos por abonado, en todas las modalidades (UHF, MMDS, cable y satelital). Esta modificación, insiste la declaración de los radiodifusores asociados, «favorece» a las trasnacionales, creando así una «situación de desigualdad» porque genera un «fuerte desequilibrio en perjuicio de las empresas nacionales, las cuales deberán pagar, en proporción a lo que perciben por concepto de abono anual, una relación que puede llegar a ser entre 7 y 12 veces superior».

En el octavo punto de la resolución de la asamblea extraordinaria de Andebu, se lamenta la «inexplicable urgencia del gobierno por autorizar este ingreso», y que como consecuencia de ello «no se hayan tenido en cuenta los puntos de vista de nuestra institución».

En la reunión que la asociación había mantenido el martes 23 de mayo con el ministro Brezzo, el secretario de Estado se comprometió a «analizar los planteos de Andebu» y convocar de nuevo a sus representantes «cuando se apruebe el decreto y haya que instrumentarlo». Ese mismo día, el asesor jurídico de los radiodifusores Andrés Lerena reclamó la existencia de un «marco regulatorio, legal y reglamentario» que se «respete», la vigencia del «principio de igualdad» entre las empresas desde el punto de vista tributario y el combate a las empresas de televisión por abonados que funcionan en forma «ilegal».