Brasil y Uruguay procuran llegar a acuerdo de seguridad en frontera

Los delitos de abigeato, narcotráfico, contrabando y terrorismo son los ejes de una difícil negociación sobre seguridad que vienen realizando representantes de Brasil y Uruguay en el marco de la denominada Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo, confirmaron voceros gubernamentales.

La Agenda binacional ha tenido este año importantes progresos en temas relacionados al Medio Ambiente, la Salud y la Educación, pero se mantenía empantanada respecto a la situación de seguridad, en particular, por las diferencias que existen entre las normas legales de ambos países.

Uno de los problemas centrales, se indicó a LA REPUBLICA, radica en las leyes que Brasil tiene en materia de extradición, donde Uruguay no ha podido obtener la devolución de importantes prófugos como los contrabandistas Ivo Da Rosa y Adolfo Gil Ribeiro, pese a ser capturados en el país norteño. Otro centro del debate se encuentra en el grave problema del abigeato que preocupa particularmente en la actualidad y el siempre presente tema del terrorismo, implantado en toda agenda regional desde el atentado a las torres gemelas de Nueva York.

La delegación uruguaya en la subcomisión que proyecta un Acuerdo de Cooperación en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos está integrada por el inspector principal Luis Pereyra Saldías de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), el doctor Eduardo Telechea, como experto jurídico y el juez Dardo Preza, por el Poder Judicial.

El «Pingüino» y el «Comendador»

Una señal de avance para la negociación habría implicado la reciente decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que el 27 de noviembre último concedió la extradición del uruguayo Paulino Francia Araújo, fugado a Brasil en 1996, cuando quedó en libertad condicional tras cumplir seis de once años de pena.

Paulino Francia Araújo, alias «Pingüino», fue capturado por la policía el pasado 21 de noviembre, al considerarlo principal sospechoso del asalto de un supermercado donde fue baleado un agente de seguridad. El delincuente también utilizaba otros seudónimos como el de «Ismael» y «Héctor».

El «Pingüino» había fugado en abril de una prisión estatal donde cumplía pena por asalto a mano armada. Fue entonces que se iniciaron los trámites de extradición desde Uruguay, donde Paulino Francia Araújo tenía un largo prontuario que incluye una veintena de procesamientos.

Francia Araújo, como sus antecesores Gil Ribeiro e Ivo Da Rosa, también argumentó haber constituido familia en Brasil, para ampararse en un recurso legal que la mayoría de los delincuentes extranjeros utilizan en Brasil, desde que flemático Ronald Biggs, autor del histórico asalto al tren de Glasgow en 1963, evitó ser enviado a la justicia británica por tener un hijo brasileño.

Sin embargo, el «Pingüino», esta vez, no tuvo esa suerte y el ministro Carlos Velloso del STF, consideró que ni el hecho de que Francia Araújo estuviera cumpliendo pena en Brasil, ni la confirmación de que tiene un hijo brasileño, impide una extradición que ahora sólo podría ser detenida por el propio presidente Inácio Lula Da Silva, según normas del Estatuto de Extranjeros.

La entrega del Paulino Francia Araújo, sin embargo, también se asocia a una muestra de buena voluntad de la Justicia norteña, ante el trámite de extradición del empresario Joao Arcanjo Ribeiro, alias «El Comendador», requerido por evasión fiscal y crimen organizado, quien en abril fue detenido en Uruguay.

Tensiones y acuerdos fronterizos

Las negociaciones de la Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo entre Brasil y Uruguay, superaron un duro incidente político cuando el secretario de Seguridad Pública del Estado de San Pablo, Saulo de Castro Abreu, responsabilizó a los países vecinos de los índices de delincuencia de su país.

En una entrevista con el programa televisivo «Brasil Urgente» de la cadena Bandeirantes, Abreu dijo que los países de la región no se esforzaban en combatir la delincuencia y Brasil pagaba las consecuencias. «En Uruguay se lava dinero, en Paraguay hay fraude electoral, en Perú el último presidente huyó», acusó.

Abreu, agregó que los brasileños no eran «guerrilleros, asesinos ni bandidos» y que los delincuentes «invaden el territorio brasileño». Para el secretario de la seguridad paulista «la lucha contra la delincuencia no puede ser ideológica» y reclamo acciones de control en las fronteras.

Las declaraciones de Abreu se produjeron en el mismo momento en que ambos países definen un acuerdo para implementar un documento único fronterizo que permite el libre tránsito de uruguayos y brasileños radicados en una franja de 20 kilómetros de distancia de ambos lados de la frontera.

El Acuerdo sobre Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo para los Nacionales Fronterizos Uruguayos y Brasileños, aprobado en el Parlamento, fue promulgado por el presidente Jorge Batlle el pasado 19 de junio, y refrendado por el senado que encabeza el ex mandatario José Sarney, y ahora está a la espera de su promulgación por el presidente Lula.

El documento fronterizo podría ser utilizado por medio millón de personas que viven en 12 localidades de ambos países en esa franja de 40 kilómetros de ancho y 900 kilómetros de largo de la extensa frontera brasileño uruguaya, quienes podrán residir, trabajar o estudiar en ese perímetro binacional.

El ciudadano de frontera deberá tener una conducta ejemplar: una de las exigencias para obtener el documento, es no tener antecedentes o procesos penales en ambos países y aún en el extranjero, y el beneficio se pierde ante una causa judicial o por la comisión de algún delito.

Narcotráfico y el cotidiano abigeato

Esa gruesa línea fronteriza, si bien soluciona una serie de problemas prácticos de los habitantes de la zona, también genera preocupación a los encargados de la seguridad de ambos países, en particular por los casos de tránsito de narcotráfico y el agravado problema del abigeato.

Brasil estudia en la actualidad una propuesta de Uruguay en la que junto a un sistema integrado de información, se propone la creación de la figura del Coordinador de Frontera, cargo que recaería en un oficial de policía de cada país, que centraría la información, relacionamiento y coordinación binacional.

Ante el problema del narcotráfico, Uruguay sigue padeciendo problemas por la carencia de radares que permitían algún tipo de control -incluso a la Fuerza Aérea Uruguay- en la zona norte del Río Negro, donde varias capturas de avionetas y vehículos con drogas hablan de la existencia de múltiples pistas privadas y/o clandestinas. Para Brasil, el problema del narcotráfico estaría relacionado con la legislación uruguaya en el sistema financiero que permitiría, según acusa, el constante lavado de capitales de organizaciones criminales conectadas a la venta de armas y hasta a las propias mafias que se dirigirían desde cárceles brasileñas.

Sin embargo, la realidad fronteriza coloca como principal eje de preocupación binacional al histórico y cotidiano delito del abigeato, donde se sospecha la existencia de organizaciones criminales alejadas de los «fanatismos religiosos» de Al Qaeda o el Hamas, y cercanos a los intereses económicos de algunos grupos locales.

En el mes de mayo de 2003 se realizó un congreso de integración fronterizo donde el tema fue tratado. En la propuesta ya presentada por Uruguay se incluye la creación de brigadas binacionales y núcleos fronterizos que permitan la acción conjunta de efectivos policiales de ambos países, que se ocupen del robo de ganado y del problema
del contrabando.

El terrorismo, un tema obligado

Los antecedentes más cercanos de una coordinación regional en materia de seguridad -luego de los tristes años del Plan Cóndor y la represión de las dictaduras militares- aparecen en una supuesta reunión secreta que los países del Mercosur habrían realizado en Montevideo en julio de 1997.

Según publicó entonces el diario El País, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituyeron entonces un Estado Mayor Policial Conjunto para combatir el crimen organizado en la región, como consecuencia de la ola de asaltos que entonces se adjudicaron a las llamadas «superbanda», «polibanda» y «mercobanda».

En esa época, en Uruguay se sucedió una serie de asaltos a sucursales bancarias que alarmaron a la opinión pública por la organización y el armamento utilizado. En Buenos Aires ocurrieron 36 casos similares. Las ramificaciones de las bandas alcanzaban a Paraguay y Brasil.

Luego de los atentados del 9 de setiembre de 2002 en Estados Unidos, y ante la existencia de una importante población árabe en la zona llamada Tres Fronteras (Paraguay, Argentina y Brasil), al problema de seguridad se incorporó el del terrorismo.

Uruguay terminó integrándose a una comisión regional en Tres Fronteras, luego que los estrategas norteamericanos llegaron a incluir a la fronteriza ciudad del Chuy en el área de conflicto, debido a la presencia de una fuerte colectividad de comerciantes palestinos.

Luego de la detención del egipcio Elsaid Hassan Alí Muhamed Mokhles en enero de 1999, cuando ingresó al Chuy con pasaportes falsos, Uruguay ingresó definitivamente al circuito de atención antiterrorista. Situación que no habían generado las extradiciones de presuntos etarras, ni denuncias sobre la supuesta presencia de militantes del MRTA o Sendero Luminoso.

El problema de seguridad fronteriza con Brasil y los acuerdos a los que ambos países lleguen, es seguido con particular atención por diplomáticos y funcionarios norteamericanos que operan en el norte uruguayo en el marco de programas de asistencia de salud, que no serían ajenos a la estrategia global de ese país en la región, coincidieron los informantes de LA REPUBLICA. *