Cavalli define su continuidad al frente del juzgado; elevó recursos a Tribunal

Anteriormente, Cavalli resolvió elevar al tribunal de apelaciones un recurso de queja por denegación de apelación del Ejecutivo y el informe del juez Recarey respondiéndolo, dejar en suspenso las citaciones y los peritajes dispuestos por Recarey sobre el expediente de Elena Quinteros y poner en autos para resolución la prueba recibida respecto a las investigaciones sobre enterramientos en el Batallón 13 para poder valorarla.

Cavalli tiene controles médicos esta semana y según lo que le exprese su médico tratante definirá si la próxima semana, en que le toca cumplir con el turno judicial en que generalmente hay una intensa actividad, continuará o no al frente de la sede penal de 1er. Turno. Si no es así deberá definirse si durante el turno judicial lo suple en esa tarea alguno de los dos jueces que comparten el mismo turno y el quinto piso del edificio de la calle Misiones donde está ubicada la mayoría de los juzgados penales (Alvaro França y Pedro Hackenbruch), o se nombra a alguno de los jueces suplentes de Montevideo.

AFJU: No es buena señal el reintegro de Cavalli

La Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) valoró «altamente» y otorgó «su pleno respaldo a la actuación» del juez Alejandro Recarey y no consideró una buena señal «la inesperada renuncia» a la licencia médica del juez Cavalli y su reintegro a la titularidad de la sede.

En un comunicado firmado por Ricardo Ramírez, secretario general de AFJU, la gremial de los funcionarios judiciales señala que «más allá de consideraciones técnico jurídicas, que no son de su competencia, valora altamente y otorga su pleno respaldo a la actuación del doctor Alejandro Recarey que en medio de un clima de injerencias, presiones e inusitados intentos de amedrentamiento por parte de representantes del Poder Ejecutivo y de algunos legisladores, ha mantenido una actitud firme, valiente e independiente, haciendo honor a su condición de magistrado de la República».

AFJU expresa que, «sin entrar a juzgar los motivos personales del doctor Eduardo Cavalli, magistrado cuya trayectoria también ha sido signada por la probidad y la independencia, puesta sin dudas de manifiesto, entre muchas otras cosas, por haber dispuesto el procesamiento del colaborador de la dictadura, Juan Carlos Blanco, no considera una buena señal su inesperada renuncia a la licencia médica y su reintegro a la titularidad de la Sede. Este reintegro ha generado entre la población un sentimiento de confusión y suspicacia comprensible, por haberse producido cuando debía definirse si todos los militares tienen los mismos deberes que el común de los ciudadanos ante la Justicia, si por el contrario algunos de ellos seguirán arrogándose la facultad de desacatar sus resoluciones, y en este caso, si el Poder Ejecutivo amparará o no este desacato».

«Más allá de estos hechos ha quedado claro ante la ciudadanía que mucho tienen que ocultar quienes tan tenazmente rehúyen comparecer ante la Justicia, incluso en calidad de testigos. Que sin perjuicio de lo expresado, esta Asociación reafirma su confianza en la independencia de nuestro Poder Judicial y su compromiso por defender y profundizar esta independencia en todos los planos y ante cualquier circunstancia, al tiempo que reitera su firme adhesión a la irrenunciable lucha del pueblo uruguayo por verdad y justicia», concluye el comunicado de AFJU.

PIT-CNT no descarta movilización popular

En tanto, el PIT-CNT anunció que si el gobierno no obliga a declarar a los militares citados por el expediente sobre la desaparición de Elena Quinteros, se convocará a una gran movilización popular. Julio García, secretario de prensa de la central sindical, consideró que el Poder Ejecutivo presionó claramente al Poder Judicial.

«Si nuevamente la Justicia requiere a los militares para que vayan a declarar y el gobierno no los obliga a ir a declarar, no descartamos una movilización central del movimiento sindical (conjuntamente con organizaciones de Derechos Humanos) en defensa de la independencia. Y para que los militares cumplan con los requerimientos de la Justicia y se aplique el artículo cuarto de la «ley de impunidad» donde se plantea saber la verdad», afirmó García.

Un comunicado del PIT-CNT sostiene que la determinación de la Justicia en avanzar en la búsqueda de restos de desaparecidos «pone en entredicho lo que el Poder Ejecutivo ha decretado, sin medios de prueba eficaces, como la verdad oficial. Es decir que no existen restos, ya que los mismos fueron cremados y arrojados al mar. Al sumarse a ese hecho, los cuestionamientos al uso indiscriminado y arbitrario de la Ley de Caducidad y la citación a connotados militares individualizados como activos partícipes en los hechos delictivos denunciados en la causa de Elena Quinteros, dieron origen a una intensa campaña de ataques a todos los niveles a las determinaciones judiciales».

Añade el comunicado que «por si eso fuera poco, se propició el desacato y se amenazó a defensores de los derechos humanos» y «la falta de colaboración y más aun la clara labor de obstrucción desarrollada desde el Poder Ejecutivo a lo que se sumó una falta absoluta de criterio administrativo de la labor de superintendencia administrativa que debe ejercer la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a favorecer una labor más eficaz de los magistrados, se sumaron para que finalmente se terminaran por materializar –al menos por el momento– los objetivos políticos del gobierno».

Por último se indica que el movimiento sindical «bregará para que a la brevedad posible se dispongan las medidas necesarias para avanzar en la dilucidación de estos aspectos relacionados con la búsqueda y el hallazgo de los restos de los desaparecidos».

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, dispuso que haya una vigilancia especial de la sede del PIT-CNT, después que se le informó que el abogado de la central que representa a los denunciantes en este caso, Pablo Chargoñia, recibió una amenaza de muerte a través del teléfono de la propia sede del PIT-CNT. *