Familiares le pidieron a Batlle que revea posición sobre María Claudia

La organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos del Uruguay hizo pública ayer una carta que le fuera enviada al Presidente de la República, Jorge Batlle, con el objetivo de que éste reviera, «en nombre de la dignidad de nuestro país y de la credibilidad de la democracia», la posición del Poder Ejecutivo en torno a los casos de la nuera del poeta argentino Juan Gelman y de la maestra Elena Quinteros.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización realizó un acto en el Memorial de los Desaparecidos, ubicado en el Parque Vaz Ferreira del Cerro.

En la oportunidad se hizo pública una carta que la organización le entregara al presidente Batlle, cuyas líneas rechazan la actitud de su gobierno tras «la afirmación que la búsqueda de los restos de María Claudia García está vedada por la Ley de Caducidad».

La misiva también repudia «las actuaciones de clara presión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial», en el caso Quinteros, luego de la subrogación del juez Alejandro Recarey.

Por último critica «el pretendido acto de justicia de equiparar la ley de reparación de las víctimas de la desaparición forzada con la propuesta por el legislador (colorado) Daniel García Pintos».

La carta enviada a Batlle sentencia que «estos hechos no son sólo lamentables, son graves para un gobierno que debe velar por un Estado democrático y de derecho».

Luego los firmantes del mensaje expresaron que «lamentamos sinceramente que su gobierno haya perdido el sentido humanitario y republicano con que comenzó, que concitó tanto apoyo de la ciudadanía y que nos hizo sentir a todos más libres y más dignos», luego de la creación de la Comisión para la Paz con el fin de arrojar luz sobre los casos de desapariciones durante la última dictadura militar.

Por su parte el abogado de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Javier Miranda, sostuvo que «desde nuestro punto de vista hubo una injerencia, una presión del Poder Ejecutivo, sea directa o encubierta, de las acciones y medidas que ha tomado el Poder Judicial en un caso concreto», el de la maestra Elena Quinteros.

Miranda entiende que «la actitud (del Poder Ejecutivo) es rechazable y además absolutamente inoportuna».

Luego exhortó a la administración Batlle a que «en bien del sistema democrático, ya no sólo de la defensa de los Derechos Humanos, esperamos que no se mantenga (la actitud) y sobre todo que no se repitan acciones del Ejecutivo que tendieron a obstaculizar el procedimiento judicial».

Al ser consultado sobre las expectativas de Familiares sobre las eventuales actuaciones que pudiera realizar el juez titular de la causa, Eduardo Cavalli, o quien lo subrogue nuevamente debido a su frágil estado de salud, Miranda dijo que la organización «defenderá siempre la independencia del Poder Judicial, aun cuando las decisiones no nos gusten».

No obstante, Miranda afirmó: «Estamos expectantes sobre qué hará el juez actualmente encargado de la causa y luego juzgaremos la actitud que tome el Poder Ejecutivo».

En el acto también se leyó una proclama que criticó, entre otras cosas, «la actitud de apañar o dilatar la comparecencia en calidad de testigos de funcionarios o ex funcionarios del Estado a los efectos de colaborar con la Justicia» por parte del gobierno.

También se hizo lectura de un testimonio de una madre embarazada que fue secuestrada y torturada durante el gobierno de facto y el acto de recordación culminó con un espectáculo musical a cargo de Ruben Olivera. *