Serpaj denunció "injerencia y presión" del Poder Ejecutivo en caso Quinteros

Serpaj, junto a Amnistía Internacional, realizó ayer una conferencia de prensa en la cual el tema central fue el caso Quinteros y también el de María Claudia García Irureta Goyena (nuera del poeta Juan Gelman), en el bar denominado Espacio Guambia de la Ciudad Vieja. Luego se organizó una marcha hasta la puerta del Juzgado de la calle Misiones, donde le tocó actuar al juez Alejandro Recarey. La representante de Serpaj señaló que el precedente que se sienta con el caso Quinteros es «más que peligroso pues es el Estado que debe revelar información».

«Queremos resaltar la preocupación que tenemos las organizaciones de Derechos Humanos sobre la injerencia verbal, solapada, directa, llámese como se llame… Los ciudadanos son capaces de sacar sus conclusiones sobre una presión que consideramos indebida y que socava el régimen constitucional uruguayo del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial», afirmó Peralta.

«Dos cosas nos parecen sumamente peligrosas: la injerencia, la presión del Poder Ejecutivo y que sus voceros estén hablando constantemente sobre las decisiones tomadas por el juez, y además el dilatar o apañar la comparecencia de agentes del Estado que obviamente tienen la información, porque la carga de la prueba en derechos humanos corresponde al Estado, y el Estado debe revelar toda la información», agregó.

Ariela Peralta se preguntó: «En otro tipo de procesos judiciales ¿los voceros gubernamentales salen todos los días a hablar con la prensa sobre el desarrollo de los procesos?». Peralta se mostró esperanzada en que el Poder Judicial continúe con la investigación y señaló que el Serpaj permanecerá en estado de «alerta permanente» por este tema. Sobre el caso de María Claudia reiteró que no debe estar incluido en la Ley de Caducidad, a diferencia de la opinión del Poder Ejecutivo y agregó que los abogados ya han definido algunas estrategias procesales al respecto.

Por un lado «recurrir por vía administrativa el decreto del Poder Ejecutivo o abrir la vía internacional, presentando el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos».

Informe

En el informe 2003, el Serpaj afirma que el Estado uruguayo «continúa violando la obligación de investigar e informar y niega conocimiento de la verdad. El derecho a la verdad constituye un ‘principio general’ reconocido por el derecho internacional humanitario en cuanto a personas desaparecidas». Recordó que en la reunión de expertos sobre derechos no expuestos a suspensión en situaciones de emergencia y circunstancias excepcionales, desarrolladas en Ginebra en marzo de 1995, se concluía que el derecho a la verdad constituye una norma de derecho internacional humanitario. También señaló que en las Convenciones y Protocolos de Ginebra, así como en el ámbito regional lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su Informe anual 1987-1988, han establecido el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos. Respecto al caso de Elena Quinteros, el informe recordó que la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, denunciante de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, así como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Servicio de Paz y Justicia, «presentaron pruebas conducentes a esclarecer donde se encuentran los restos de las personas detenidas desaparecidas». También se solicitó, ante el juez Alejandro Recarey, a cargo actualmente de la investigación, que cite a declarar al comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, y al coronel retirado José Baudean, señaló el comunicado. A su vez, «se aportaron testimonios sobre el enterramiento de cadáveres, durante la dictadura, en el predio del Batallón 13″. Sobre el caso de María Claudia, Serpaj señaló que «con absoluto desconocimiento de los compromisos asumidos en tratados internacionales y del deber de todo Estado de investigar, conocer la verdad, someter a juicio, sancionar y reparar a las víctimas, ante delitos que afrentan la conciencia de la humanidad, el Poder Ejecutivo resolvió que el caso de la desaparición de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman quedaba incluido en lo previsto por el artículo 1º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado». Esta actitud, agregó, «fue completamente contraria al compromiso asumido  en los previos a la adopción de esa resolución  ante la visita de una delegación del gobierno argentino que solicitó conocer el destino de la nuera del escritor Juan Gelman». *