El Partido Nacional dividido respecto a la actuación del gobierno en caso Quinteros

El senador nacionalista Francisco Gallinal, quien cuestionó ayer la actuación del gobierno en este caso, sostuvo que cuando un militar es citado a declarar en calidad de testigo no hay motivo para que no comparezca. El líder de Correntada Wilsonista criticó al ministro de Defensa, Yamandú Fau, quien dijo desconocer dónde se encuentran los militares que fueron citados a declarar ante la Justicia Penal.

«El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad primera de aportar toda la información que tenga en su poder en materia de desaparecidos, de niños secuestrados (como dice específicamente el artículo cuarto de la Ley (de Caducidad). Y eso bajo ningún concepto afecta la situación de los militares o policías que estuvieron vinculados a aquellos sucesos y mucho menos al Instituto Fuerzas Armadas.

El instituto no es responsable siquiera del golpe de Estado y de los hechos posteriores. Los responsables son quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas para cometer los errores que se cometieron», señaló Gallinal. Para el legislador nacionalista el Poder Ejecutivo no es presentador de recursos. «Ni es un chicanero ni anda escondiendo a sus subordinados. El Poder Ejecutivo da la cara, asume las responsabilidades que corresponden, transmite certezas a la población. Y a su vez ayuda o apoya al esclarecimiento de determinados hechos que la propia ley manda esclarecer… Todo ello con total respeto de la independencia del Poder Judicial».

Larrañaga: «Cumplir con la ley»

Por su parte, el senador Jorge Larrañaga afirmó que «en un régimen de Derecho, hay que cumplir con la norma jurídica y punto». «No veo el porqué de la alarma del Poder Ejecutivo con respecto a las eventuales citaciones, ya que, además, las mismas son en calidad de testigos», afirmó el líder de Alianza Nacional. Larrañaga, sin ingresar en un análisis profundo de la situación, dijo que, en definitiva «aquí ha habido un mal manejo de las partes».

Herrerismo apoya

Desde el Herrerismo, se entiende que el Poder Ejecutivo actuó con corrección, sujeto a la aplicación de la Ley de Caducidad. Así lo manifestó anoche a LA REPUBLICA el ex presidente y líder del sector Luis Alberto Lacalle.

El presidente del Directorio del Partido Nacional mantuvo días pasados, en una conversación telefónica con el mandatario, a quien apoyó en la opinión de que el caso Elena Quinteros está comprendido en la Ley de Caducidad.

Lacalle, a su vez, calificó de «provocación» las expresiones públicas del periodista de Brecha y ex militante del MLN Samuel Blixen, quien dijo no estar arrepentido del asesinato de Armando Acosta y Lara.

En el mismo sentido, el diputado Gustavo Borsari de la Corriente Renovadora Nacionalista consideró que el asunto «está enmarcado dentro de lo que prevé la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y por lo tanto bajo mi punto de vista las citaciones y las acciones realizadas por el juez que en ese momento era competente (Alejandro Recarey), exhorbitaban el marco legal que el país se ha dado por el Parlamento y por un plebiscito, por el cual la Ley de Caducidad fue ratificada».

Al preguntársele cómo actuó el Poder Ejecutivo, Borsari estimó que «no tuvo injerencia en este caso. Sin ninguna duda hemos oído las explicaciones de varios integrantes del mismo en el sentido que rige en este caso la Ley de Caducidad, y en ese sentido, estoy de acuerdo». *