Cavalli reasumió investigación y suspendió citaciones a militares

Cavalli suspendió las citaciones programadas por el expediente sobre la desaparición de Elena Quinteros, aludiendo a que debe ponerse al día con las actuaciones cumplidas durante su ausencia. Hoy se conocerá si Cavalli cumplirá o no con las declaraciones previstas por Recarey. En caso positivo deberá marcar las nuevas fechas de las mismas. De la resolución de Cavalli dependerá la reacción del Poder Ejecutivo, que preveía presentar nuevos recursos para evitar la comparecencia de militares ante los estrados judiciales. La suspensión de las citaciones de militares dispuesta por Cavalli descomprimió la tensión que existía en sectores de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente del Ejército. «Ahora, bajamos la pelota», comentó a LA REPUBLICA un alto oficial del arma.

Ayer estaba previsto que se hiciera un careo entre dos militares retirados y un familiar de éstos cuyos testimonios difieren, y que declarase el coronel (r) Carlos «Pajarito» Silveira, uno de los más connotados represores durante la pasada dictadura. Pese a haber sido notificado en su domicilio de la decisión judicial, Silveira había dispuesto no concurrir a declarar y alojarse en una unidad del Ejército en el departamento de Canelones.

Quien sí declaró ayer fue el coronel (r) Manuel Cordero, pero por otra causa (véase recuadro).

Por otra parte, Cavalli enviará al Tribunal de Apelaciones de 3er. Turno el recurso por denegación de apelación presentado por el Poder Ejecutivo y el informe del juez Recarey al respecto. La acción del gobierno se debe a que anteriormente Recarey desestimó por improcedentes los recursos presentados por el Poder Ejecutivo para impedir que se concreten las declaraciones de militares en este expediente. Con dichas declaraciones Recarey buscaba información sobre el área del Batallón 13, donde podrían estar o estuvieron enterrados los restos de Quinteros. Luego de recibido el recurso, el tribunal de segunda instancia tiene un plazo de 15 días para resolver, plazo en el que puede suspender las actuaciones y solicitar el expediente para su análisis.

El domingo a la noche Cavalli se comunicó telefónicamente con Recarey, le informó que el lunes se reintegraba al Juzgado penal de 1er. Turno y le solicitó el teléfono celular perteneciente a esa sede.

Ayer a las 10.00 horas Cavalli presentó un escrito ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en que comunicó de su desistimiento de la licencia que solicitó hasta el 16 de diciembre; de inmediato la Corporación Judicial se dio por enterada de la situación y la comunicó. Recarey concurrió al juzgado a dejar en orden los expedientes y lo abandonó a media mañana. A la salida fue asediado por los medios presentes y después de responder brevemente a algunas interrogantes partió en un taxi rumbo a su domicilio.

No hubo contactos por reintegro

Altas fuentes de la SCJ consultadas por LA REPUBLICA señalaron que los ministros no hicieron contactos para el reintegro de Cavalli, si bien se recibió con beneplácito la mejora de salud del magistrado que supone su retorno a las tareas. «Tenga la certeza que de parte de la Corte no hubo ningún tipo de contacto con Cavalli para que retorne anticipadamente al cargo», expresó una de las fuentes consultadas.

Los ministros de la Corte mantienen su postura de no responder a las declaraciones de las autoridades del Poder Ejecutivo respecto de las citaciones a militares. «Ese no es un problema del Poder Judicial, es un problema del gobierno y, en tanto no se viole la independencia del Poder Judicial, no corresponde a la Corte entrar en discusiones con otro poder del Estado «, sostuvo una fuente de la SCJ consultada.

Cavalli padece una grave enfermedad que lo mantuvo alejado de su cargo, sin embargo una fuente muy cercana al magistrado indicó que está en proceso de recuperación y que le fue suspendido el tratamiento que venía realizando. El juez estuvo internado en un sanatorio hasta el viernes de la semana pasada. La misma fuente informó que, según Cavalli, no tuvo contactos con ninguna figura del Poder Judicial o de la política que influyera en su decisión de retornar al cargo una semana antes de que culminara su licencia.

De tener Cavalli que volver a hacer uso de licencia, la designación de su suplente dependerá de las tareas que tengan asignadas los 3 jueces suplentes de Montevideo. En base a eso, la Dirección General de la SCJ es la que resuelve o propone a los ministros el nombre del suplente a ocupar e cargo. Durante la primera mitad de la Feria Judicial Mayor que comienza el próximo 25 de diciembre y finaliza el 31 de enero, Recarey cubrirá una vacante en un juzgado de menores.

Recarey: Se avanzó

Al abandonar el juzgado de la calle Misiones a media mañana de ayer, Recarey dijo a los medios presentes que «estaba encargado hasta el día 16, hasta la semana pasada el titular estaba internado».

Añadió que «se reunieron datos a nivel científico-técnico, a nivel testimonial, se avanzó. Hay un equipo dirigido por el antropólogo forense Horacio Solla que presta servicios en el ITF, con la colaboración de geomorfólogos y geógrafos que están trabajando en base a planimetría y fotografía aérea. Se avanzó bastante, frente a lo que no había algo hay para empezar a trabajar».

Justamente, más allá de las citaciones a militares, Recarey avanzó en la creación de un equipo técnico-científico que está cerca de presentar un informe preliminar que delimita la zona de enterramientos en el Batallón 13. En ese sentido trabajaron un geomorfólogo, una antropóloga, un geógrafo y una arqueóloga. Se barajó solicitar la colaboración de la Universidad de la República y ya se contaba con el respaldo de especialistas argentinos. Según trascendió, para los científicos existen elementos para determinar movimientos de tierra importantes en el Batallón 13 en los años 1984 o 1985, en la zona que testigos señalan como la de enterramientos de detenidos-desaparecidos y que es cerca de la línea de saneamiento originaria del proyecto Peñarol, cuyo trayecto fuera desviado a sugerencia de los militares. Para Recarey » es factible que con la excavación se hallen restos humanos» y es necesario que el Poder Ejecutivo responda a la denuncia del senador Rafael Michelini sobre la Operación Zanahoria (el desenterramiento de cadáveres en las instalaciones del Batallón 13), informó una fuente cercana al magistrado.

Amenazaron a abogado Chargoñia

El abogado denunciante, doctor Pablo Chargoñia, fue amenazado telefónicamente y el PIT-CNT informó de ello al ministro del Interior, Guillermo Stirling.

Sobre la decisión de Cavalli de suspender las audiencias, Chargoñia aseveró que es razonable para un juez que se reintegra y que no ha leído el expediente , «pero creemos que esas audiencias se tienen que desarrollar». Para Chargoñia, el cambio de juez supone un enlentecimiento, «una demora en una investigación que no puede demorarse, porque cualquier investigación que se demora puede perjudicar la prueba».

El asesor presidencial, Carlos Ramela, dijo que, más allá de lo que resuelva el doctor Cavalli, presentarán un recurso de reposición de apelación sobre la negación de la vía incidental dispuesta por Recarey. «Porque él, no solamente nos negó como parte el derecho de apelación, sino que a su vez nos negó de plano la vía incidental, que es el camino que tienen los terceros –eventualmente con intereses en la causa– para comparecer», dijo Ramela a radio El Espectador.

Ramela confirmó que las autoridades analizan pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia en este caso.

Mesa del FA respaldó al juez

La mesa Política del Frente Amplio (
FA) emitió una declaración en que rechaza las manifestaciones «de voceros del Poder Ejecutivo agitando un conflicto inexistente, pretendiendo reconstruir escenarios de amedrentamiento para desviar el curso de la Justicia». La mesa del FA considera que de existir manifestaciones de jerarquías militares o policiales disonantes con el acatamiento a la Constitución y a las leyes, «esperamos que el Poder Ejecutivo llame a responsabilidad a quienes desborden sus atribuciones» y manifiesta su respaldo a la independencia del Poder Judicial.

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) a su vez emitió un comunicado en que informa que las organizaciones de derechos humanos leerán una proclama mañana a las 10.30 horas en el Espacio Guambia (25 de Mayo 591) y que luego se marchará hacia la sede del juzgado penal de 1er. turno ubicado en Misiones y 25 de Mayo. Mañana, pero a las 19 horas, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos realiza un acto en el Memorial del Parque Vaz Ferreira.

En tanto, la Asociación de Funcionarios de la UTU responsabilizó al gobierno de la amenaza telefónica a Chargoñia sufrió en la sede de ese sindicato. *