La ley comenzó a gestarse en un seminario patrocinado por Seregni en mayo de 2001

Los colorados, primero, y los nacionalistas, después, intentaron plasmar en la redacción de proyectos de ley esta idea.

En junio de ese año, los senadores colorados Alejandro Atchugarry, José Jorge de Boismenú, Alberto Brause, Ruben Correa Freitas, Yamandú Fau, Pablo Millor, Walter Riesgo, Wilson Sanabria, Juan A. Singer y Orlando Virgili presentan una iniciativa que pretende la «derogación del monopolio para la refinación del petróleo».

«A efectos de mejorar la competitividad de la producción nacional, y al mismo tiempo viabilizar a largo plazo la empresa estatal, se considera necesario propiciar una asociación estratégica con un productor extranjero que disponga de materia prima y capitales, a efectos de aumentar y mejorar la capacidad de refinación, modificar el mix de productos y reducir los costos a un nivel competitivo. Se obtendría así el combustible a un precio comparable al comercializado en otros países, mejorando la competitividad de toda nuestra economía», señalan en la exposición de motivos.

Pero unas semanas después, los nacionalistas presentan su propio proyecto, que establece medidas más ambiciosas y profundas en las funciones del ente de los combustibles y constituyó la base de la discusión del emprendimiento emergente del Parlamento.

El planteo blanco llevó la firma de cinco senadores: Francisco Gallinal, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Carlos Julio Pereyra y Julia Pou. En el Senado la discusión se procesó desde junio hasta el 13 de diciembre, fecha en que es aprobado por 17 en 28, con los votos a favor del Partido Colorado y el Partido Nacional y en contra del Encuentro Progresista y el Nuevo Espacio. Durante esos meses, buena parte de la atención se centró en la actitud de los sectores Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista, que fueron redactores de varias de las disposiciones de la norma, hasta que la Mesa Política del Frente Amplio definió el lunes 10 de diciembre la postura política de rechazar la iniciativa.

En la Cámara de Representantes, con menos discusión, el proyecto fue sancionado por 53 votos en 82 el 27 de diciembre del 2001, con el apoyo de los partidos tradicionales y del Partido Independiente.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 17.448 el 4 de enero de 2002.

Desde el mismo momento en que el Senado, primero, y Diputados, después, se aprestaron a sancionar el proyecto, la Federación Ancap anunció que recorrería el camino de juntar firmas para habilitar el mecanismo del referéndum y, posteriormente, derogar la ley.

Constituyeron formalmente en febrero del 2002 la denominada Comisión en Defensa de Ancap, y en mayo de ese año, lanzaron formalmente la campaña para recolectar unas 607 mil firmas (25% del padrón electoral), presentando finalmente unas 684.000 aproximadamente. Pero para llegar al objetivo fue necesario sortear importantes obstáculos, como fue la actitud asumida por la mayoría política de la Corte Electoral (ver nota aparte). Además, la lentitud con que se recogían las rúbricas hizo dudar a los promotores de la derogación sobre si se elcanzaría el objetivo: el 4 de diciembre, a menos de un mes de la entrega formal, se habían recolectado 501.635. Finalmente, a principios de agosto del 2003, la Corte Electoral anunció que se obtuvieron las adhesiones necesarias.

El resto ya es conocido: los partidos políticos, las organizaciones sociales y gremiales, y dirigentes de todos las fracciones partidarias se lanzaron a la campaña para lograr la derogación de la ley o la continuidad de su vigencia. *