Jerarcas de Correos defenderán reparto de facturas en el Senado

«Reafirmaremos los mismos fundamentos que expresamos en Diputados en caso de ser citados por el Senado», afirmó Seré en entrevista concedida a LA REPUBLICA junto al doctor Jubín.

El reparto de facturas públicas por parte de Correos ha sido reclamado con firmeza por la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), gremio que pasó a protagonizar una dura controversia mediática con los sindicatos de las empresas públicas que distribuyen su propia correspondencia con vencimiento.

Al igual que el sindicato postal, Seré y Jubín serían citados por los senadores cuando traten el proyecto aprobado por los diputados. Las dos partes descartaron realizar «por el momento» ningún tipo de acción judicial para dirimir el conflicto que enfrentó a Correos con varias empresas públicas.

 

«Podemos repartir facturas públicas sin recurrir a las empresas privadas»

Ambos jerarcas, que continúan en su cargos cuando aún no ha sido designado el nuevo Directorio que suplirá a los directores renunciantes, afirmaron que el organismo se encuentra en condiciones de asumir el reparto de todas las facturas del Estado.

«Estamos en condiciones de cumplir con el servicio de reparto de facturas, a partir de un cronograma progresivo, sin tener que recurrir a ninguna empresa privada, porque contamos con el personal suficiente», afirmó Seré.

Correos cuenta con 1.900 funcionarios y, agregó Seré, «los carteros pasan todos los días por todas las puertas», y podrían asumir sin contratiempos un considerable incremento en el número de correspondencias a ser repartidas.

 

Correos esgrime «principios de especialidad y especialización»

Un proyecto de ley, que recibió media sanción en la Cámara de Representantes y aguarda a ser considerado por la Cámara de Senadores, establece que todas las facturas de las empresas públicas deberán ser repartidas por Correos, y no por cada una de los distintos organismos como hasta ahora.

Seré y Jubín explicaron que «los fundamentos» de Correos al reclamar para sí el reparto de todas las facturas oficiales se base en «los principios de especialidad y especialización» consagrados por el artículo 747 de la Ley de Presupuesto 16.736, del 5 de enero de 1996, que recogió y transcribió los 22 artículos de la Carta Orgánica del organismo.

«Cada ente autónomo y servicio descentralizado tiene una Carta Orgánica que define el objeto específico de su cometido social», destacó el doctor Jubín, quien señaló que los «principios» de «especialidad» y «especialización» están contenidos en la Constitución.

 

De Jiménez de Aréchaga a Horacio Cassinelli Muñoz

El letrado Jubín recordó que los «principios» de «especialidad» y «especialización» de cada ente o servicio han sido sustentados por la doctrina, a lo largo del tiempo, desde Justino Jiménez de Aréchaga, en su análisis de la Constitución de 1952, hasta el conocido constitucionalista del presente Horacio Cassinelli Muñoz.

«El desarrollo doctrinario de estos principios empezó con Jiménez de Aréchaga y siguió hasta el día de hoy dentro de la misma conceptualización con la opinión de Cassinelli Muñoz», citó Jubín, entre otros destacados especialistas en Derecho Público.

 

Empresas que reparten facturas carecen de fundamento jurídico

Tanto Seré como Jubín coincidieron en afirmar que «el objeto» principal del «cometido» esencial de Correos consiste en «la admisión, transporte o distribución y entrega del envío de correspondencia, giros, postales», etc.

Consideran, en consecuencia, que las empresas públicas que realizan su propio reparto de facturas carecen de todo argumento jurídico que pudiera avalar su accionar, de acuerdo a lo establecido por las cartas orgánicas de cada una de ellas.

 

Arrojan dudas sobre «costos» de reparto en UTE, Antel, OSE

Los dos jerarcas, que actúan bajo la presidencia interina de Jaime Pienica, que también se desempeña como vicepresidente efectivo de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), pusieron además en duda los presuntos costos de distribución que exhiben las empresas que realizan su propio reparto.

«Sería bueno», señaló Seré, «que los costos esgrimidos por las otras empresas públicas fueran auditados por las unidades reguladoras de servicios de Electricidad y Comunicaciones, y de Energía y Agua» que rigen la actividad de Antel, UTE, OSE, Ancap, etc. Seré agregó que «el precio» del reparto de correspondencia «debería ser fijado por las unidades reguladoras». Estimó que no podría pasar de cinco pesos la unidad.

 

Con facturas, Correos superaría su déficit

De acuerdo a Seré y Jubín, un «precio fijado según los valores de mercado» le permitiría a Correos superar el déficit que arrastra, y evitaría la actual superposición de tareas. «El Estado está gastando dos veces», indicaron, porque se mantiene a los carteros mientras que las empresas realizan su propio reparto.

«Estamos cumpliendo un tercio de nuestro rendimiento», agregó Jubín: «podríamos triplicar el número de correspondencia repartida» con los mismos funcionarios con que cuenta el organismo. Ambos jerarcas explicaron que el reparto de facturas oficiales implican entre 40 y 50 millones de envíos por año, siendo en su mayoría de UTE, Antel, OSE y BSE.

El resto del mercado, agregaron, representa otros 50 millones de envíos anuales, de los cuales, 26 millones son repartidos por Correos y el 24% restante por empresas privadas.

«Nuestra participación en el mercado se podría triplicar», insistió Jubín, al afirmar que con la recuperación del reparto de facturas «no habría necesidad alguna de cesar personal».

Según indicaron, la correspondencia que reparte Correos corresponde un 33% a envíos particulares, un 30% a empresas públicas, y un 37% a empresas particulares. *