Continuos desacatos militares desde la salida de la dictadura

El hecho aceleró la aprobación de la Ley de Caducidad y desde entonces, una serie de episodios se ha sucedido, con más o menos publicidad, para determinar que ningún militar, hasta ahora, haya comparecido ante los estrados judiciales por casos vinculados a los crímenes de la dictadura.

En la administración del herrerista Luis Alberto Lacalle, los militares llegaron a incidir en el poder político hasta con acciones ilegales de los autodenominados «Legión de los Tenientes de Artigas» y del «Comando Lavalleja», el cual se hizo responsable de la detonación de un par de bombas.

Los comunicados de los clubes castrenses Centro Militar y Círculo Militar, fueron otros de los mecanismos con que las Fuerzas Armadas han ejercido desde la salida de la dictadura su presión sobre los gobiernos, ante toda situación que pudiera vulnerar la impunidad de sus efectivos.

En 1992 se criticó, incluso, la decisión del Poder Ejecutivo de enviar a las Fuerzas Armadas a la calle durante la huelga policial y poco después se ocultó información en otro verdadero desacato, cuando el secuestro, desaparición y asesinato del ex agente de la DINA chilena, Eugenio Berríos, en el marco del último operativo del denominado Plan Cóndor.

Desacatos en lo civil

Los militares tampoco acataron el mando civil cuando se negaron a presentar los saludos de rigor al presidente de Cuba, Fidel Castro, durante su visita oficial en la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti; y una descortesía similar se produjo en una escuela militar donde estudiantes negaron el saludo a legisladores del Frente Amplio.

Otra desobediencia se produjo cuando cuestionaron la propuesta del gobierno sobre la reforma de las Cajas Policial y Militar, al punto de congelar la reforma de la seguridad social para sus afiliados, e incluso rechazaron la reforma del Código del Proceso Penal, que consideraron una lesión a la independencia militar, al punto de que sus reclamos fueron incluidos en la ley.

El 7 de setiembre de 1998, cuando siete presos intentaron fugarse del Comcar, fueron baleados por la guardia militar que un año antes se había instalado en el perímetro exterior de los centros de reclusión.

Cinco escaparon, dos se entregaron y uno, Roberto Cardoso, fue muerto de un balazo en la cabeza.

El caso fue instruido por la jueza penal Anabella Damasco y la fiscal Cristina González, quienes no pudieron interrogar a los tres soldados de la guardia militar, porque el comandante Amado había pasado los antecedentes a la justicia militar.

«Le dije a la jueza que están sometidos a la justicia militar; estaban actuando en una zona militar y son personal militar», argumentó Amado sobre su desacato. Damasco sólo pudo interrogar a los dos reclusos que se entregaron. El juez militar Washington Bertand no obtuvo «elementos» para tipificar ningún delito y no hubo acusación del fiscal José Sambucetti (el que en 1987 elaboró los sumarios informes para cumplir el art. 4º de la Ley de Caducidad). Se trabó una contienda de competencias, que en febrero de 2000 dio jurisdicción sobre el caso a la Justicia ordinaria, pero «fuentes castrenses» hicieron saber a la prensa que no entregarían a los soldados a la Justicia penal.

Un pacto de silencio

En marzo de 2000, según reconoció el coronel (r) Manuel Cordero en una entrevista a Búsqueda, se habría realizado una reunión en la que habrían participado más de 200 efectivos de las tres armas y de la Policía, donde los militares pactaron que no brindarían ninguna información sobre hechos ocurridos durante la dictadura.

La afirmación de Cordero se produjo días después que el abogado Carlos Ramela, asesor presidencial ante la Comisión para la Paz, asegurara que ya habían recibido colaboración de militares en sus indagaciones sobre los desaparecidos. Cordero sostuvo entonces que la negativa a dar información se basaba en el concepto de que sus acciones se apoyaron «en órdenes dadas por sucesivos comandantes una vez que vino la democracia» y agregó que eran ellos lo que debían responder ante cualquier requerimiento.

El actual comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, sostuvo al asumir su mando en febrero de 2001 que sería «respetuoso» de las directivas de sus antecesores e interrogado sobre el caso de los desaparecidos agregó que el Ejército «ya había dicho su posición».

La Comisión para la Paz nunca logró contar con una versión oficial de las Fuerzas Armadas, ya que el presidente Jorge Batlle prohibió un contacto entre el teniente general Daners y el abogado Gonzalo Fernández, aduciendo que el tema le correspondía. Batlle nunca interrogó a los mandos militares. Batlle tampoco hizo lugar al pedido de extradición del juez federal argentino Rodolfo Canicoba, quien presentó un exhorto por el que pedía que tres militares y un policía fueran interrogados por delitos contra la humanidad en el marco del Plan Cóndor.

Batlle dijo que estaban amparados por la Ley de Caducidad y el ministro del Interior, Guillermo Stirling, se limitó a vigilar las fronteras para que los imputados no salieran del país, mientras el caso se resolvía. *