Gobierno evaluó situación: hay "intranquilidad" en las Fuerzas Armadas

En las próximas horas, el Poder Ejecutivo enviará a la Justicia un recurso en el que plantea se suspendan las actuaciones del juez Alejandro Recarey en torno al caso de la maestra desaparecida durante la dictadura Elena Quinteros. Ayer al mediodía y durante dos horas, integrantes del Poder Ejecutivo y asesores, analizaron la decisión del juez Recarey de continuar investigando la desaparición de Quinteros, y de citar a militares retirados, pese a que el gobierno entiende que este caso está comprendido en la Ley de Caducidad.

En el séptimo piso del Edificio Libertad mantuvieron una reunión el vicepresidente Luis Hierro (en ejercicio de la Presidencia), el ministro de Defensa, Yamandú Fau, el asesor presidencial e integrante de la Comisión de la Paz, Carlos Ramela, y el constitucionalista y hombre cercano al ex presidente Julio María Sanguinetti, Miguel Angel Semino. Además se mantuvieron contactos telefónicos con el presidente Jorge Batlle quien regresa hoy de Colombia.

En la reunión se resolvió presentar un recurso que consta de tres etapas que apunta a suspender las actuaciones de la Justicia en este tema, y que consulte sobre la situación al Poder Ejecutivo. Ese recurso es de revocación, nulidad del acto, y por último jerárquico.

El ministro Fau explicó que con esta medida, a diferencia de lo que realizó días atrás cuando envió al Poder Judicial un «mensaje», que contenía la aspiración del gobierno a que remitiera el tema al Ejecutivo, en este caso se «recurre» a la Justicia y se le informa que «formalmente no estamos de acuerdo y que revea su posición». La medida es comunicada al juez y a la propia Suprema Corte, debido a que «en caso de que el juez tome una decisión ratificatoria, entonces la SCJ tiene que actuar».

Para el gobierno, la Justicia «está actuando profundamente equivocada» en este caso.

Fau expresó que hay «dos principios básicos a rescatar y asegurar su plena vigencia. Uno de ellos es el contenido de una ley especial y fundamental como es la Ley de Caducidad, que a diferencia de la inmensa mayoría de las leyes del país, fue la única que tuvo un respaldo popular, soberano libremente expresado, y esa ley consagró una amnistía de los delitos que pudieran haberse cometido. Las amnistías no lo hacen a personas, sino delitos. Si el delito desapareció, desaparece de suyo todo lo vinculado a ese delito, y hace irrelevante la condición que pudiera tener quien haya cometido o no el delito. Nosotros revindicamos la vigencia plena de la ley de Caducidad en el alcance inequívoco que tiene».

«En segundo lugar lo que vamos a reivindicar mediante los recursos procesales, es que el Poder Ejecutivo considera una obligación irrenunciable que la ley le da en cuanto a pronunciarse si los asuntos que son sometidos a consideración de la Justicia, deben ser elevados al Poder Ejecutivo y este es quien debe decir si la situación está o no comprendida dentro de la ley de Caducidad».

Ramela molesto

En tanto, Ramela se mostró molesto con la actitud del juez Recarey. «Es un juez que se niega a hablar con la prensa pero sin embargo hace tres o cuatro días que tenemos declaraciones de él en todos los medios. Es un juez que no le contesta al Poder Ejecutivo, tampoco pone la cara frente a ningún medio para dar sus argumentos, pero filtra sus opiniones a través de ellos o a través de su voceo, que es el doctor Chargoñia (abogado de la familia de Quinteros)». Agregó que: «Me parece bastante poco digno que un magistrado de la República que, si está dispuesto a dar a un periodista su fallo casi textual, no se anime a hacerlo públicamente». *